miércoles, 24 de octubre de 2007

64 años de asilados políticos inmigrantes en México. Revolución de Octubre 1944 - 2007




































































































































































































































































































MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:23/07/2007 Arbenzcomunismo fue la consigna que las 7 hermanas petroleras quisieron imponer al Gob. de Arbenz creador del Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos recordando la guerra del Chaco, sus 39 mil muertos por la zona petrolera de Bolivia, Paraguay disputada por las 7 hermanas. Nicaragua solidaria Chávez Bolivariano encuentran la miseria de las comunidades para romper cerco de los monopolios ligados a Bush - Rockefeller la guerra petrolera como política chantajista aliada de Carsa Slim Pemex PP · 02/10/07, 11:05

ZENAYDITA BERDEJO GERALDO México Usuario desde:27/09/2007 El pozo 23 la franja transversal hermanas petroleras el conteo de barriles dentro de una empresa gringa encargada la perforación del petróleo guatemalteco es historia escondida que nadie quiere hablar Petén su riqueza es petrolera en la Cuenca Usumacinta Sayache Altar de Sacrificios es la sonda petrolera mas rica de Centroamérica Rio Lempira se disputan pozos petroleros a través de la United Los negocios de Beryer con los capitalistas gringos en el Puebla Panamá manos manchadas sangrepetroleo · 02/10/07, 11:16

MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:23/07/2007 Pecado original segregación total a los indios de concebir porque eramos bestias pero la iglesia autorizó el derecho de pernada nacieron bastardos ellos siguieron creando ladinos la casta divina seguía dominando y maltratando Cultura xenofóbica misógena homofobica pero la ejercieron bajo el dominio de la iglesia que era todo Los militares comenzaron a ligar Trompas de Falopio para evitar la concepción de mas indios pero siguieron creando kaibiles. Guerrillero capturado, castrado ¿Y la iglesia? · 03/10/07, 13:47

ZENAYDITA BERDEJO GERALDO México Usuario desde:27/09/2007 La iglesia no va a impartir educación sexual, va a impartir la abstinencia, la homofobia, la segregación sexual y ¿el hambre va ligada?. Es necesaria una educación sexual pero científica, no clerical, de pecado original, de todo está mal. La miseria, el hambre y la marginación es un tema primordial, no feudal. Y los niños mutados por la guerra?, la iglesia no hace nada por ellos, se deslinda de la responsabilidad, pero eso sí prohibe el aborto y hasta excomulga. Pero bendice las armas químicas. · 03/10/07, 14:01

ZENAYDITA BERDEJO GERALDO México Usuario desde:27/09/2007 Diego Rivera Epopeya mural Murales portátiles encabezan homenaje al 50 aniversario de la muerte del artista. Este mural encabezó la marcha de solidaridad del pueblo mexicano y todos sus intelectuales contra la intervención del imperialismo yanki y sus aliados en que Frida encabezó la marcha en su silla de ruedas y a tras iba Diego y este Mural portátil simbolizaba la resistencia de los masacrados después de esta intervención de la ca$ta militar de los kaibile$ PP UNC mercenario$, Bu$hgringuero$. · 08/10/07, 18:43

MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:23/07/2007 Recuerdo hoy en el XL Aniversario de la muerte del CHE a Alfonso Bauer Paiz en su Testimonio en el Hotel Riviera -"¡Ay Poncho ustedes siguen con sus partidos!" "¡la Revolución! eso es lo que hay que hacer". En Gloriosa Victoria, obra que muestra el triunfo de la intervención estadounidense en Guatemala, en 1954, se distingue, entre otros personajes, a los presidentes Dwight Eisenhower (como una bomba) y Carlos Castillo Armas. El PP UNC apátridas ilusos traidores ligados a los intereses de USA · 08/10/07, 18:35

ZENAYDITA BERDEJO GERALDO México Usuario desde:27/09/2007 Los móviles negocio de Carsa-Slim el robo favorece distrae la atención de la usurpación imperial hegemónica del TLC. Terrorismo para los muertos de hambre que usan señales de humo de copal, Picanas choques eléctricos, tortura, tecnología siniestra en las cárceles se violan Derechos los presidiarios no tiene derecho a una llamada por celular Los asaltos se organizan por criminales desde las cárcel por los jefes de la mafia ligados a la policía por celular. Los cel. no tienen identidad s/delito · 09/10/07, 16:34

MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:23/07/2007 El Panamericanismo Hegemónico política económica de Bush y como esquiroles actúan las oligarquías prestanombres tradicionales que por celular Condolisa ordena da línea Crimen enfrenta a candidatos a la Presidencia Pérez Molina señala a la UNE de estar involucrada en doble asesinato Colom califica de irresponsable la acusación y pide pruebas TLC se consolida La adhesión de Costa Rica plan de la Doctrina Monroe América Latina es víctima por celular. Slim aplaude, Iturbide al poder por celular. · 09/10/07, 16:24

MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:10/10/2007 DERECHO A REPLICA PROFETICA OPINION ANALISIS DE VUESTRAS NOTOCIAS. "Carcelera tenía red de extorsión. Marido, en prisión por asesinato, es presunto cómplice de abusos". La corrupción, el gansterismo, Alcapone, y toda esa cultura de la violencia tiene el origen en los Estados Unidos y el mundo capitalista, incluso las masacres vinieron bajo la asesoría gringa desde el tiempo en que la Doctrina Monroe se estableció como solución Panamericana ha$ta carretera$ no$ trajo e$e e$ el de$tino manifie$to · 10/10/07, 14:21

ZENAYDITA BERDEJO GERALDO México Usuario desde:27/09/2007 El dinero en el colchón, el chocolate en el batidor, las checas que rico sabor Nadie tenía pisto pero se vivía mejor la ley fuga era del tirano y si robaban en las comunidades con barejon de membrillo castigaban a los ladrones, no todo tiempo pasado fue mejor pero si los pasan por las armas siguen los masacrados, los ladrones gobernantes sus cuentas están en Suiza o en el City Banc, inversione$ extranjera$ de los miserables ladrone$. Portillo, Idígora$, Arana, lo$ narcomilitare$-narcodroga$ · 15/10/07, 13:33

MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:23/07/2007 cuando el cacao era la moneda de trueque la miseria estaba ausente en el pueblo de Guatemala pero ha perdido no sólo sus tradiciones sino su cultura primigenia, para España se llevaron todo el oro posible y no había mucho, pero nuestras riquezas naturales se convirtieron en patrimonio de invasores. El Quinto del Rey diezmos primicias todo se pagaba en especie, la usurpación y el oro llegó con el moro, el moro se convirtió en danzante para recuperar el oro; moro y oro mito de fugitivos Y el Q$. · 15/10/07, 13:26

MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:10/10/2007 El dinero en el colchón, el chocolate en el batidor, las checas que rico sabor Nadie tenía pisto pero se vivía mejor la ley fuga era del tirano y si robaban en las comunidades con varejon de membrillo castigaban a los ladrones, no todo tiempo pasado fue mejor pero si los pasan por las armas siguen los masacrados, los ladrones gobernantes sus cuentas están en Suiza o en el City Banc, inversione$ extranjera$ de los miserables ladrone$. Portillo, Idígora$, Arana, lo$ narco militare$-narcodroga$ · 15/10/07, 13:46
El coche Lira, Siete Litros, la Masiste, Napoleón Barrios, Córdoba Molina “el gángster” de la mafia emulados por los nuevos tranzas una lista interminable que invierten con Carsa Slim sin derecho el pueblo extradición.
Castillos en Europa, chalet en Suiza, Bolsa de valores en paraíso fiscal Islas Caimanes y las Bermudas quetzales tropicales mesías de la tradición, mecenas de la putrefacción sin justicia Panorama del hambre de este pueblo miserable que se muere de anemia desnutrición, por los Panzones llenos de lombrices que, por su ocio capitalista les ha crecido tanto el abdomen por la pereza que se ha convertido en gula como vicio devorando las Repúblicas Bananeras, como antropófagos.

MOISÉS EVARISTO OROZCO LEAL México Usuario desde:23/07/2007 Somos un país con el mayor número de refugiados políticos en el mundo por la persecusión el desempleo Inmigrados para salvar nuestras vidas o huir de la miseria para vivir miserablemente en otros países Hasta los kaibiles criminales andan buscando donde cometer mas crímenes al servicio de mercenarios que produjo la guerra de exterminio Maras e indocumentados en todo el orbe hemos llegado hasta Japón y existimos en barcos balleneros en los 5 oceanos el saqueador en turno se embolsará toda ayuda · 23/10/07, 12:03

ZENAYDITA BERDEJO GERALDO México Usuario desde:27/09/2007 El prometer no empobrece, les falta imaginación para seguir engañando al pueblo, el infierno está lleno de masacrados el cielo lleno de mártires, siendo un país tan pequeño, tenemos una historia macabra de exterminio, indocumentados en los cinco continentes ejercemos todos los oficios y terminamos en esa cuenta infinita que sufrimos xenofobia, misoginia, homofobia porque somos parias y carecemos de patria porque nos la han robado la tienen unos cuantos bajo el dominio militar O.K. Chefe, bos. · 23/10/07, 12:22

MOISÉS CONSTANTINO OROZCO LEAL México Usuario desde:22/10/2007 Zopilotera sobre las remesas: Rey Zope Rey Buitre vuelan en espiral sobre el gran cementerio la podredumbre la Miseria Corrupción complemento Los kaibiles en misión de "paz". 2006 murieron ocho kaibiles cinco resultaron heridos, El quinto contingente militar, integrado 105 efectivos que viajará en noviembre a República Democrática del Congo Fue despedido Presidente Óscar Berger kaníbales Kaibiles al Congo Cansados de matar en Guatemala PPPérez Molina su Comandante Gral al poder 4 nov. 2007 · 23/10/07, 13:06

En la encuesta del día de hoy aporté mi opinión y no fue aceptada tal vez por algún motivo de desinformación, se lo envío a ustedes por este conducto. Porque sé que la opinión de nosotros orienta hacia el futuro de nuestra patria para que no nos siga presidiendo un miembro del ejército que es el Gral. Otto Perez Molina. Quien en 1966 llegó como voluntario a inscribirse en la Escuela Politécnica, el ejército necesitaba "voluntarios" para formar una tropa selecta que pensara como salvador del pueblo a través de la violencia como una estrategia, el Gral. Lucas García tenía un hermano Benedicto Lucas García, en que en la actualidad no se sabe qué fue del General de cinco estrellas en que se le consideraba entre los paracaidistas preparados por los USA como una estrella que brillaba por que superó a todos los boinas verdes que con él participaban, entrando a ser un selecto entrenador especializado en seguridad y en la técnica de las aldeas estratégicas conocidas como Senyaku Murá, aldeas amuralladas y atrapadas dentro de la zona donde la guerrilla tenía una base campesina y el pueblo participaba en la guerra civil y también era la carne de cañon selecta para convertirse en Kaibil, teniendo secuestrada a su familia en una aldea amurallada que trabajaba exclusivamente para el ejército y bajo la forma exclusiva del asesoramiento para producir como una autoavastecimiento para los que eran desplazados de sus tierras originales en todas las zonas de Quiche, Huehuetenango, San Marcos, y metidos bajo la vigilancia militar de un campo de concentración vigilado desde cuatro puntos como un campo bajo el dominio militar teniendo un cuartel con un bastíón cavado en subterráneo y conocido como un selter de los mismos que se usaron en Vietnam, 10 000 soldados vietnamitas llegaron a Belice, estos eran el ejército que habían preparados los Estados Unidos en Saigón, y a la salida de Vietnam tras la derrota de los USA, no sabía que hacer con estos grupos tan violentos preparada como lo mas sanguinario para exterminar al "Vietcong" pero estos que habían estado en California y se habían comido los perros de las residencias en Holliwood los mandaron a Belice, esta batallón fue infiltrandose en Guatemala hasta llegar a los pueblos indígenas y aprendieron hasta la forma de vivir de los grupos campesinos, se absorvieron y nunca se supo donde pararon, pero eso sí, existe que ellos llegaron a formar parte de los equipos de élite integrados por los Kaibiles por pelotones, batallones como instrucctores, pero de uno en uno para integrarlos a las poblaciones sin que se supiera, nunca hubo como comprobarse este mito o leyenda, pero lo cierto es que ellos formaron parte de la primera gente que comió hígado de guerrillero campurato y enseñaron a matar con sus propias manos y a sobrevivir sin tener fuentes de aprovicionamiento. La antropofagia de los Kaibiles no es un mito ni una historia, existen versiones que por un rigor académico no se atreven a darlo como testimonio, consideremolos nada mas leyenda. Pero esta leyenda sanguinaria tienen antecedentes como a continuación les damos, ahí estuvo Otto Pérez Molina como tropa especializada, como Subteniente, llegando hasta ser la gente especializada en seguridad y un general retirado que a través de su hoja de servicio llegó llegar al máximo grado y pretender que Guatemala siga siendo un país ocupado por una tropa salvaje que incluso como contraguerrillero con los mercenarios entrevistados Kaibiles, mercenarios y producto para el narco "Al menos 12 trabajan en Irak, y otros, con el trasiego de drogas "Por: Carlos Menocal
"La escuela kaibil se encuentra en Poptún, Petén, e imparte el curso para la tropa y para los oficiales de mediano rango. (Foto Prensa Libre).
Jorge* es un kaibil retirado que a sus 27 años ha cumplido tareas de mercenario en Irak, luego de haber sido reclutado por una compañía de seguridad internacional que lo envió a ese país.
La labor de este militar en Irak fue servir como “carne de cañón”, uno de tantos hombres de sacrificio que empresas privadas contratadas por Estados Unidos reclutan en todo el mundo, en busca de que haya menos bajas estadounidenses.
En Guatemala, después de terminar el curso kaibil, el soldado de tropa finaliza su tiempo de servicio y se retira sin una garantía que le permita continuar su vida de manera digna. Ante ello, busca otras ofertas, a veces no legales.
“Nosotros resguardábamos camiones, embajadas, a funcionarios de gobierno y hacíamos patrullajes nocturnos”, narra este militar, quien admite que regresó con un ahorro de una buena cantidad de dólares, lo que le permitirá montar un negocio junto a su esposa.
Jorge relata que unos 12 kaibiles formaban parte de un grupo de hombres entrenados en el arte de matar. En el país árabe existen al menos 236 empresas privadas que cumplen tareas de seguridad.
“Cuando recibimos entrenamiento en Honduras nos dijeron que en Irak nadie es amigo, y que todos –niños, mujeres y hombres– eran enemigos, así que en cualquier incidente había que matar”, recuerda.
Además, en Irak, hondureños, salvadoreños, chilenos, argentinos y guatemaltecos cumplen misiones específicas, por lo que devengan un sueldo que va de dos mil a cinco mil dólares, de acuerdo con la tarea que se les encomiende.
De todo el mundo
Los mercenarios que conforman esa industria militar privada son unos 30 mil, y su labor capta hoy la atención mundial, al extremo de que el relator del Convenio Internacional contra el Tráfico, el Reclutamiento y la Financiación de Mercenarios de Naciones Unidas ha emprendido una investigación al respecto.
Un reciente censo del Comando Central del Pentágono calcula que son 100 mil los especialistas que operan bajo los contratos del gobierno norteamericano, ya sean estadounidenses, iraquíes o de otros países. La cifra no incluye subcontratistas.
Empresas como Your Solutions, que hasta noviembre último tenía una subsidiaria en Honduras, han sido criticadas porque sus hombres armados han disparado en forma indiscriminada contra población civil.
Precisamente fue Your Solutions la que contrató a Jorge, quien asegura que tuvo que pasar un reclutamiento clandestino.
La empresa estadounidense cerró las oficinas en Honduras, porque ejecutaba ejercicios militares de manera ilegal y reclutaba a cualquier extranjero que llegaba con visa de turista, referido por otros contratistas de América Latina.
Jorge narra: “Yo conocía a otros kaibiles que querían trabajo, así que nos fuimos a Honduras a buscarlo y encontramos esta oportunidad. La mayoría de nosotros regresó con dinero”.
El trabajo contrasta con las opciones que existen en el país, en donde, por medio de anuncios clasificados se convoca a aspirantes a policías privados, “en especial kaibiles”, para que presenten su papelería si desean optar a una plaza. Sin embargo, el sueldo no pasa de mil 800 quetzales, mientras que en Irak, Jorge ganaba dos mil 500 dólares mensuales.
No existe una cifra específica de los guatemaltecos que estuvieron o se encuentran en aquel país árabe, aunque la académica Kristina Mani, de Oberlin College, investigó que actualmente se hallan al menos mil peruanos y 700 salvadoreños, además de colombianos, nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos.
Daniel Domínguez, vocero del Ejército de Guatemala, dice que los kaibiles son libres de elegir el trabajo legal que quieran desempeñar luego de haber cumplido sus años de servicio.
“El Ejército mantiene el control de esta fuerza militar cuando está activa, pero luego, cada quien es un ciudadano”, sostiene.
Pedro Trujillo, especialista en asuntos militares, afirma que en estos casos es natural que los integrantes de las fuerzas especiales estén el tiempo establecido y luego se retiren.
Otros empleadores
Pero los kaibiles no sólo son requeridos para trabajar como mercenarios internacionales o en empresas privadas de seguridad.
La corta vida militar que los kaibiles de tropa hacen en el Ejército de Guatemala –están en servicio dos años– hace que sean apetecidos por el crimen organizado, redes de narcotraficantes y de humanos y por grupos de sicarios.
Domínguez es kaibil y admite que esa fuerza especial es reconocida en todo el mundo. “El kaibil es atractivo para el crimen organizado. Es una lástima perder ese recurso humano, y creo que el Estado puede presentar mejores opciones, pero tenemos un presupuesto limitado como para continuar con ese personal”, refiere.
Si el presupuesto es limitado, el sueldo del soldado, incluso del kaibil, también lo es. Cada miembro del Ejército gana Q1 mil, y el hecho de pertenecer a esta fuerza especial no le acredita ningún bono.
Entonces, un sueldo de cinco mil dólares que ofrecen los narcotraficantes por dirigir el traslado de droga en la montaña no es nada despreciable para estos soldados, que al retirarse del Ejército se enfrentan al abandono del Estado.
Un ejemplo de ello es el ex kaibil Ángel Rivas y/o José Alfredo Romero Salazar, alias el Alacrán. Éste fue detenido en septiembre recién pasado, junto a un grupo de narcosicarios, en Chiapas, México.
La diputada Nineth Montenegro, especialista en asuntos militares, cree que el tema de los kaibiles debe de ser retomado. “El Estado ha expulsado a elementos calificados porque no se buscó una reforma digna para que este personal se retirara. El principal gasto militar lo absorben los oficiales, y dejan de lado a la tropa”, expone.
Pese a que la institución militar ha explicado en diversas ocasiones que los kaibiles vinculados al narcotráfico y al crimen organizado ya no pertenecían al Ejército, entre los investigados por la justicia mexicana está Carlos Martínez, un kaibil que estaba de alta.
Las pesquisas de la Fiscalía demostraron que era jefe de la Tercera Sección de la Primera Compañía del Batallón de las Fuerzas Especiales en Poptún.
Este militar participó en el primer contingente de la misión de paz de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, África, en 2005.
(*) Nombre ficticio.
• Escenarios actuales
Penas y glorias
La Escuela Kaibil fue creada en 1974. La Comisión del Esclarecimiento Histórico vinculó a los kaibiles con violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. En época de paz, estos soldados forman parte de misiones internacionales de Naciones Unidas.
Adiestramiento
La escuela kaibil se encuentra en Poptún, Petén, e imparte el curso para la tropa y para los oficiales de mediano rango.
Misiones
Actualmente, Guatemala colabora con el envío de kaibiles a la República del Congo y a Haití, para colaborar en el proceso de paz.
Investigados
La justicia mexicana investiga a unos 10 kabiles que están de baja, a quienes acusa de colaborar con el grupo Zeta, brazo del narcotráfico.
Mercenarios
Unos 12 kaibiles han sido contratados por empresas internacionales de seguridad, para que trabajen en distintas misiones en Irak.
Presidenciables van hoy a los mismos lugares
Huehuetenango y Quiché tendrán hoy algo en común: serán los objetivos por alcanzar de los dos presidenciables, en la recta final para la segunda vuelta.
Los candidatos visitarán Santa Cruz del Quiché. Otto Pérez, del PP, lo hará a las 12 horas, y Álvaro Colom, de la UNE, a las 15:30.
En el parque central de Huehuetenango, a las 9:30 horas, el candidato del PP hará un mitin, y la UNE lo presentará en el mismo lugar, a las 13 horas.
Estratégicos
Quiché y Huehuetenango forman parte de los seis departamentos clave, por el número de votantes que representan.
En Huehuetenango existen 401 mil empadronados; en Quiché, 306 mil.
Otto Pérez también visitará Totonicapán y Sololá. La UNE viajará a San Marcos.
Este es el penúltimo fin de semana para hacer proselitismo, por lo que los presidenciables han empezado a cerrar campaña en algunos lugares.
Votos
60 mil 651 votos obtuvo la UNE en Quiché, durante la primera vuelta electoral del pasado 9 de septiembre; el PP, 24 mil 218.
57 mil 732 sufragios recibió la UNE en Huehuetenango. El PP, 39 mil 585, en los resultados para elección presidencial. "

La memoria histórica es parte de la dialéctica del desarrollo de un país como el nuestro tan masacrado y mi hermano gemelo y yo sufrimos en carne propia esta persecución de crimnales. Mi madrina sirila al nacer yo totalmente enfermo asistió a que se me leyeran los Evangelios y por eso en todos los momentos difísiles de mi vida e encomendado que intersedan ante todo el mundo por mí. Pero además me curaron del espanto y gracias a ella existo pese a haber sufrido la cárcel, el secuestro, el intento de asesinato y las masacres. Mi hermano gemelo tuvo sus propias experiencias, pero en esta ocasión aclaro el punto, ser mellizos, gemelos géminis o cuates nos dá una aproximación de pensamiento, sin embargo nos han confundido varias veces y existen fotos de los dos que tal vez sean las que nos han salvado la vida o las que nos han aproximado mas a la muerte. Pero somos sobrevivientes y los dos tenemos 77 años,. yo soy mayor por unos minutos y mi otro hermano es mas necio que yo y tiene mas fama que yo, a Don Tino lo conocen por manso y a Don Moy por bravo y contestatario pero yo soy mas filósofo que mi hermano, soy paciente. Este comentario que envío me interesa mucho para que no solamente lo lea mi hermano y su esposa, sino para que los otros que partiipamos en la encuesta nos sirva de una orientación y dialogo entre ausentes asilados inmigrantes o parias sin patria porque nos la quitaron. Pido a ustedes una disculpa por este prólogo a mi opinión Va. Gracias por su publicación en las Cartas a la Redacción. La pueden ustedes abreviar, pero mi opinión de los 500 caracteres les ruego los respeten. Me hago responsable de ellos.

Dialéctica de la Historia Memoria sangrienta del Ejercito El partido en burbuja siniestra. Antropofagia de Otto Pérez Molina la adquirió del presupuesto para el ejercito Cúantos kaibiles lo antecedieron Benedicto Lucas García fue su instructor el Mistisismo Mágico Devorar el Hígado de los guerrilleros capturados compartirlos con su tropa lo llevó a zona It'ziill defendiendo Presupuesto Al cubrirse el rostro del fango ensangrentado Nevaj Ishcam Quickche entrerrar cuerpos Ritual Macabro.


"Guatemala: Acción Urgente
Fecha de emisión: 6 de diciembre de 2006
Temor por la seguridad / Agresión
Equipo de Estudios comunitarios y Acción Psicosocial - ECAP
Testigos en casos nacionales e internacionales por genocidio
ECAP brinda acompañamiento psicosocial a sobrevivientes de masacres y testigos en diferentes casos penales
presentados en Guatemala y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Algunas/os de ellas/os
pertenecen a la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), querellante en dos casos presentados en
Guatemala contra los altos mandos militares de los gobiernos de Efraín Ríos Montt y Romeo Lucas García
por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Desde mediados de 2006, diferentes
organizaciones, incluyendo ECAP y la AJR, han apoyado el proceso penal iniciado en España por la
Fundación Rigoberta Menchú Tum contra Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Victores, German
Chupina, Ángel Guevara, Pedro García Arredondo, Donaldo Álvarez Ruiz, Romeo Lucas García y
Benedicto Lucas García por crímenes de lesa humanidad y genocidio.
A petición de estas personas, la Coordinación del Acompañamiento Internacional en Guatemala (CAIG)
les solicita tomar acciones para garantizar su seguridad.
Los hechos:
Desde el mes de septiembre del 2006, integrantes de ECAP que trabajan en el municipio de Rabinal, Baja
Verapaz están sufriendo actos de vigilancia, intimidaciones y agresiones aparentemente vinculadas a su trabajo
con miembros de la AJR sobrevivientes de la masacre de Plan de Sánchez, del mismo municipio, y a los
avances del proceso conocido en España.
El 13 de septiembre uno de los miembros de ECAP que trabaja con los miembros de la AJR sobrevivientes de
la masacre de Plan de Sánchez – el nombre se omite a solicitud de la organización – sufrió un asalto en el que
le fueron robadas todas las memorias de trabajo relativas a este caso. El 30 de septiembre, en horas de la
mañana, la misma persona fue vigilada durante varias horas por un carro Isuzu, con vidrios polarizados y sin
matrícula. El 2 de octubre a las 3 de la mañana, aproximadamente, en la sede de ECAP en Rabinal, se
encontró una carta que decía “[…]A ustedes que trabajan en esta organización, deben tomar precaución, por
que ustedes estàn fichados para un secuestro y para algo mas, porque dentro de ustedes hay quienes que
trabajan con exhumación y mas por el muchacho que hace reuniones con la gente de plan de sanchez, este 02
de octubre no deben viajar en ninguna parte ni reuniones nada, yo solo estoy haciendo un favor, no
investiguen quien soy por que no quiero meterme en problemas, solo una idea investiguen sobre la
organización Angeles del Infierno. Por favor pasar esta información ala licenciada Española que está en
riesgo también, cuidense antes que se arrepienten […].” El 21 de noviembre, alrededor de las 9 de la mañana,
en el camino entre la comunidad de Plan de Sánchez y la comunidad de Concul, Rabinal, tres hombres
vestidos de militar, con pasamontañas, atacaron de forma consecutiva al miembro de ECAP, intentando bajarlo
de la moto en la que viajaba, detenerlo con un lazo y lanzándole un perro pastor alemán.
En otro incidente, el 23 de octubre, una psicóloga de ECAP en la región de Rabinal fue perseguida por un
vehículo pick-up color rojo, con vidrios polarizados y sin matrícula en la ciudad capital.
Todos estos hechos fueron denunciados al Ministerio Público. El 20 de octubre, el presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al estado de Guatemala dar protección a los
miembros de ECAP, investigar los ataques denunciados, identificar a los responsables y, en su caso,
imponerles las sanciones correspondientes.
Contexto:
El 7 de julio 2006, la Audiencia Nacional Española giró órdenes internacionales de arresto contra Ríos
Montt, Mejía Victores, Chupina, García Arredondo y Benedicto Lucas García. El 7 de noviembre
pasado, Guevara y Chupina fueron arrestados luego de que un tribunal guatemalteco diera trámite a una
solicitud de extradición girada por la justicia española. El 5 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de
Guatemala resolvió devolver las solicitudes de extradición contra Ríos Montt y Benedicto Lucas García por
supuestos errores de redacción. En declaraciones a la prensa, el presidente en funciones Eduardo Stein dijo:
“los guatemaltecos que han cometido delitos en el territorio nacional deben ser juzgados en Guatemala.” El
presidente decidirá, en última instancia, si los imputados serán extraditados.
Las/os sobrevivientes de la masacre de Plan de Sánchez presentaron su caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre de 1996. Coincidiendo con la condena del Estado
de Guatemala en la CIDH el 29 de abril de 2004, se produjeron varios ataques contra las/os testigos de la
masacre y contra el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, que les asesora legalmente,
incluyendo el secuestro de un miembro de esa institución. ECAP presentó un peritaje sobre el daño a la
integridad mental de las/os sobrevivientes en este caso. En su promoción del derecho a la justicia y a la verdad,
defensoras/es de derechos humanos han sufrido ataques sistemáticos, incluyendo al menos 13 asesinatos,
desde el año 2000.
Acciones sugeridas
- Solicite al Presidente de Guatemala que se brinde protección a los integrantes de ECAP, tal cómo estipulado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 20 de octubre pasado;
- Solicite al Presidente de Guatemala que se extraditen los imputados solicitados por la justicia española;
- Solicite al Fiscal General la investigación inmediata de los ataques contra ECAP;
- Solicite al Fiscal General una acción decidida del Ministerio Público en los casos penales por crímenes
cometidos por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado.
Favor de confirmar con la CAIG si toman acciones después del 16 de diciembre 2006."



Grupos ilegales armados en la Guatemala
post conflicto y las fuerzas detrás de ellos
Por Susan C. Peacock y Adriana Beltrán ��
Agradecimientos
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA) y las autoras de este informe desean manifestar su
reconocimiento a las practicantes de WOLA, Yeni Linquín,
Andrea Faso, Ana Villalobos y Lisa Reijula, quienes
proporcionaron una ayuda esencial en la investigación.
Agradecemos a la directora ejecutiva, Joy Olson, a la
directora adjunta y directora de estudios, Kimberly Stanton
y al representante de WOLA para Centroamérica, Geoff
Thale por su amplia ayuda editorial. Una consideración especial
para Armira Armenta por su inmensa asistencia en
la traducción de este informe. WOLA desea también
agradecer a The Moriah Fund, la Ford Foundation y a la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(ASDI) por su apoyo en el trabajo de WOLA sobre Guatemala.
La investigación y redacción de este informe estuvo a
cargo de Susan C. Peacock, consultora y especialista en
transformación de conflictos, y de Adriana Beltrán,
representante de WOLA para Guatemala.
Índice
Resumen Ejecutivo................................................................. 1
Prólogo................................................................................... 3
¿Qué son los poderes ocultos?................................................. 5
Ataques a actores de la sociedad civil en 2002-2004.....10
Antecedentes de los poderes ocultos....................................... 17
General (r) Manuel Antonio Callejas y Callejas............20
General (r) Luis Francisco Ortega Menaldo.................. 22
General (r) Otto Pérez Molina......................................25
Coronel (r) Juan Guillermo Oliva Carrera.....................29
General de Brigada (r) Luis Felipe Miranda Trejo.......... 33
La red de Moreno y el Grupo Salvavidas:
Un estudio de caso....................................................... 36
Los poderes ocultos consolidan poder político.......................... 41
General Efraín Ríos Montt:
El ejercicio del poder en los tribunales y en las calles...... 42
Coronel (r) Jacobo Esdras Salán Sánchez.................... 46
Coronel (r) Napoleón Rojas Méndez.............................48
La puerta giratoria:
Rotaciones durante la administración de Portillo................49
AVEMILGUA............................................................... 57
Perspectivas Guatemaltecas sobre los poderes ocultos............ 63
“¿Guatemaltecos de verdad?”...................................... 68
Preocupación internacional respecto a los poderes ocultos....... 71
Francisco Alvarado MacDonald.................................... 78
La creación de una Comisión Internacional para
Investigar a los Grupos Clandestinos......................................85
La comunidad internacional apoya la
creación de la Comisión.............................................. 88
Conclusiones y recomendaciones a los gestores de las
políticas................................................................................. 97
Abreviaturas............................................................... 127
La casa parroquial de Nebaj, Quiché fue completamente
incendiada, destruyéndose registros bautismales y
matrimoniales, documentos originales de investigaciones
del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica
(REMHI), e información acerca de las exhumaciones de
fosas comunes en el área.
(c) Jonathan Moller
Resumen ejecutivo
os grupos ilegales armados –pandillas de
hombres fuertemente armados que cometen o
amenazan con cometer actos delictivos violentos–
son un rasgo de la Guatemala post conflicto. La situación de
derechos humanos en ese país se ha deteriorado en los
últimos dos años, y muchas de las violaciones a los
derechos humanos y de los delitos motivados políticamente
se han atribuido a estos grupos. Este informe examina la
naturaleza y el impacto de los grupos ilegales armados en
Guatemala y las fuerzas detrás de ellos.
El informe describe cómo estos grupos –que se conocen
comúnmente como “grupos clandestinos”– son un legado no
resuelto de los 36 años de conflicto armado interno en
Guatemala y sostiene que estos grupos no actúan por
cuenta propia sino responden a miembros de una red
interconectada de guatemaltecos poderosos. Los individuos
y grupos que conforman esta red secreta y amorfa se
conocen como los poderes ocultos. Ellos controlan y sacan
provecho de las diversas actividades ilegales que realizan
casi sin temor alguno de ser detenidos o procesados. Estas
actividades ilegales tienen que ver a menudo con el
ejercicio impropio de influencias en el estado – por ejemplo:
omisiones en las aduanas, soborno y mordidas – e incluyen
conexiones con el narcotráfico y otras formas de crimen
organizado.
Junto con su influencia en la burocracia estatal, los poderes
ocultos tienen relaciones con la mayoría de los partidos y
actores políticos de Guatemala. Ejercieron influencia durante
el gobierno de Portillo y han continuado sus
actividades ilícitas durante el gobierno de Óscar Berger. Los
poderes ocultos se cuidan de no ser procesados valiéndose de
sus conexiones políticas, de la corrupción y, de ser
necesario, de la intimidación y la violencia. Sus actividades
socavan el sistema judicial y perpetúan un clima de
inseguridad ciudadana, generando un terreno fértil para
una mayor generalización de la corrupción, el narcotráfico y
el crimen organizado, cuya consecuencia es una ola de
violencia que pone en peligro el estado de derecho y el
L
1
funcionamiento de la democracia en Guatemala.
Numerosas organizaciones locales e internacionales de
derechos humanos han denunciado la existencia de los
grupos clandestinos y han hecho llamados al gobierno de
Guatemala pidiendo su desmantelamiento inmediato. La
sociedad civil guatemalteca y la comunidad internacional
han repetido públicamente estas denuncias y peticiones.
Este informe concluye con varias recomendaciones sobre
cómo hacer frente al problema de los grupos clandestinos y
de los poderes ocultos detrás de ellos. El acuerdo firmado en
enero de 2004 con las Naciones Unidas de establecer una
comisión internacional para examinar los grupos
clandestinos, sus vínculos con el estado y su
responsabilidad por los ataques a los defensores de los
derechos humanos representa una valiosa oportunidad en
los esfuerzos para consolidar el estado de derecho en Guatemala.
Los grupos ilegales armados y sus patrocinadores
deben ser investigados, identificados y procesados si se
quiere un avance en el proceso de paz y la consolidación de
la democracia en Guatemala. Limpiar el país de los grupos
clandestinos armados y de los poderes ocultos debe ser un
asunto prioritario para el presidente Óscar Berger, el
gobierno de Guatemala y la sociedad civil.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
2
Prólogo
os años 2002 y 2003 fueron los años más violentos
hasta la fecha en la Guatemala post conflicto y esta
tendencia se mantuvo durante el primer semestre
de 2004. Durante este período se denunciaron cientos de
casos de delitos contra las organizaciones de la sociedad
civil y sus líderes1 – desde intimidaciones hasta
asesinatos – y continuaban produciéndose las denuncias
hasta la fecha cuando WOLA mandó a publicar este informe.
El escalamiento de las amenazas y los ataques socava la
implementación de los históricos Acuerdos de Paz de 1996,
la firma de los cuales marcó la conclusión oficial de los 36
años del sangriento conflicto armado interno guatemalteco.
En momentos, en que se desarrolla el proceso de paz, el
deterioro continuo y dramático de la situación de derechos
humanos constituye una crisis que merece el escrutinio
internacional y la toma de medidas decisivas.
Los abusos están claramente dirigidos. Mientras que en
muchos casos aparentan ser actos de delito común, el
número y la modalidad de los casos revelan que se trata de
un ataque sistemático a los actores de la sociedad civil y a
otros relacionados con la lucha contra la impunidad—tanto
los que buscan justicia por abusos pasados (grupos de
derechos humanos, antropólogos forenses, jueces, abogados
y testigos) así como los que denuncian la actual corrupción
de funcionarios del estado. También son susceptibles de
ataques los que luchan por los derechos económicos,
sociales y culturales, en particular el derecho a la tierra, y
contra la discriminación de la población indígena. (Varios de
estos abusos aparecen detallados en una cronología en este
informe.)
Los responsables de estos abusos no han sido llevados a la
justicia. Los observadores locales e internacionales creen
que los autores de los abusos son miembros de grupos
armados ilegales – llamados popularmente “grupos
clandestinos” – que actúan a instancias de poderes ocultos
en el país.
L
3
Dos hermanas observan la exhumación de los restos de
su madre y hermanos, la cual tuvo lugar en el
departamento del Quiché. Sus familiares fueron
asesinados por el ejército en agosto de 1982.
(c) Jonathan Moller
5
¿Qué son los poderes ocultos?
a expresión poderes ocultos hace referencia a una
red informal y amorfa de individuos poderosos de
Guatemala que se sirven de sus posiciones y
contactos en los sectores público y privado para
enriquecerse a través de actividades ilegales y protegerse
ante la persecución de los delitos que cometen. Esto
representa una situación no ortodoxa en la que las
autoridades legales del estado tienen todavía formalmente
el poder pero, de hecho, son los miembros de la red informal
quienes controlan el poder real en el país. Aunque su poder
esté oculto, la influencia de la red es suficiente como para
maniatar a los que amenazan sus intereses, incluidos los
agentes del estado. De acuerdo a la Fundación Myrna Mack
(FMM), una prominente organización no gubernamental
guatemalteca dedicada a la reforma judicial, los poderes
ocultos son “fuerzas ilegales que han existido por décadas
enteras y siempre, a veces más a veces menos, han
ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del
poder formal del Estado”.2
Algunos de los individuos que hacen parte de los poderes
ocultos de Guatemala son ciudadanos corrientes, entre los
cuales hay militares retirados y ex funcionarios de
gobierno. Otros son funcionarios de gobierno activos (civiles
y militares) que trabajan dentro de la estructura del estado.
Estos últimos ejercen un poder formal a la vez que
participan en una estructura oculta de poder. La FMM
identifica a los miembros de los poderes ocultos como
“civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las
estructuras del Estado; hay también funcionarios de
distinto rango, empresarios y, en general, personas de
distintos sectores nacionales”.3 Los poderes ocultos no
constituyen un grupo único y monolítico, sino son redes
cuyos miembros algunas veces compiten entre sí mismos,
manifestándose rivalidades personales. De todos modos, las
relaciones entre estos hombres y sus tejidos superpuestos
de influencia en el gobierno y la sociedad hacen de ellos un
juego de estructuras ocultas y poderosas.
El autor peruano Jaime Robles Montoya argumenta que los
poderes ocultos no establecen estructuras paralelas a las del
L
estado, sino que se incrustan ellos mismos dentro de la
estructura existente operando desde las sombras. Robles
Montoya plantea que,
ciertos militares, operadores de justicia, políticos,
empresarios o criminales comunes, entre otros, actúan en
sus propios ámbitos y responden a determinados fines,
empleando sus medios de poder, en conjunto, logran
hacer ineficientes los mecanismos legales de control social.
4
Robles concluye que, actuando de manera concertada, esta
constelación relativamente pequeña de individuos ejerce
tanto poder que el sistema judicial no tiene capacidad para
controlarla efectivamente y castigar sus actividades
ilegales.
Actividades ilegales de los poderes ocultos
En Guatemala, los poderes ocultos se especializan en
conexiones que les permiten delitos que involucran los
recursos del estado – omisiones y soborno en las aduanas,
corrupción en el otorgamiento de contratos lucrativos,
cohecho y mordidas. Al mismo tiempo manipulan el
sistema judicial para protegerse a sí mismos de ser
procesados. Los poderes ocultos, a menudo, se relacionan o
se involucran con el crimen organizado y el narcotráfico,
pero se distinguen de las mafias tradicionales por el hecho
de contar en sus filas con un alto número de ex militares y
por el amplio trato que mantienen con las estructuras del
estado.
El informe de febrero de 2002 de Amnistía Internacional,
titulado “El legado mortal de Guatemala. El pasado impune y
las nuevas violaciones de derechos humanos”, considera a
Guatemala como un “estado de mafia corporativa”, es decir,
una “‘alianza nefasta’ entre los sectores tradicionales de la
oligarquía, algunos ‘nuevos empresarios’, elementos de la
policía y el ejército, y delincuentes comunes”. El informe
describe cómo los poderes ocultos actúan en connivencia
para controlar actividades ilegales lucrativas “como el
tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero, el robo de
automóviles, las redes de adopción, los secuestros a cambio
de rescate, la explotación maderera ilegal y otros usos
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
6
prohibidos de tierras protegidas por el Estado” y “conspiran
para monopolizar sectores legales como la industria del
petróleo”.5
Además de cosechar enormes beneficios, los poderes ocultos
de Guatemala usan sus conexiones con figuras políticas y
miembros del ejército y la policía para intimidar e incluso
eliminar a los que se les atraviesan en el camino, a los que
saben demasiado, los que representan una competencia o
los que intentan investigar sus actividades. Otras víctimas
son los que amenazan los intereses financieros de los
poderes ocultos y los que buscan investigar o enjuiciar a
funcionarios gubernamentales o militares en ejercicio o
retirados por abusos a los derechos humanos cometidos durante
el conflicto armado interno.
Grupos clandestinos
Los grupos ilegales armados
que operan clandestinamente
y hacen ‘el trabajo sucio’ de los
poderes ocultos se conocen
popularmente en Guatemala
como “grupos clandestinos”. Se
trata de grupos pequeños de
hombres, a menudo miembros
de las unidades militares
especializadas o de las fuerzas
policiales, que realizan actos
de violencia e intimidación.
Ellos hacen las veces de
infantería del crimen organizado.
Protegidos frecuentemente detrás del velo de la
delincuencia común, se cree que los grupos clandestinos
son responsables de los horribles ataques cometidos contra
los defensores de los derechos humanos y otros. Los grupos
clandestinos son amorfos y sus miembros pertenecen al
parecer a personal militar y policial activo y retirado,
empleados de compañías privadas de seguridad,
delincuentes comunes y miembros de maras. Los analistas
mencionan la información detallada que usan los grupos
clandestinos para perseguir a sus víctimas, el nivel de
sofisticación y coordinación de sus acciones, y la impunidad
de la que gozan como indicadores de sus vínculos con las
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
Los poderes ocultos de
Guatemala usan sus
conexiones para intimidar
e incluso eliminar a los
que se les atraviesan en el
camino, a los que saben
demasiado, los que
representan una
competencia o los que
intentan investigar sus
actividades.
7
fuerzas de seguridad pública y los servicios de inteligencia
militar.6
Se cree que los líderes de los grupos clandestinos son ex
oficiales del ejército – algunos en retiro y otros destituidos –
que ocuparon posiciones prominentes durante el conflicto
armado interno. Estos individuos usan los grupos
clandestinos para continuar ejerciendo poder e influencia
en el país y se caracterizan por su determinación en
impedir que se haga justicia por pasados abusos, así como
una reforma de los cuerpos de inteligencia, de la policía y
del ejército. Por eso no sorprende que el modelo de los
ataques, hostigamientos y amenazas de los grupos
clandestinos recuerde los esfuerzos contrainsurgentes de
las fuerzas armadas guatemaltecas durante el conflicto
armado interno.
En su décimotercer informe de derechos humanos que
cubre el período de julio de 2001 a junio de 2002, la Misión
de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA) observó que las estructuras clandestinas y los
grupos ilegales involucrados en las actividades
contrainsurgentes durante el conflicto armado interno
habían sufrido una transformación en la Guatemala post
conflicto. Según MINUGUA, los compromisos incluidos en
los Acuerdos de Paz para adoptar mecanismos de control a
tales grupos – mejora en la capacidad investigativa policial
y judicial, fortalecimiento de la inteligencia civil y de la
supervisión del Congreso - no se han cumplido. Por el
contrario, según el informe:
Amparados por la impunidad, estos aparatos se han
reagrupado y persiguen intereses comerciales e
influencias políticas ilegales. Dado que el Estado ya no
comete abusos de los Derechos Humanos siguiendo un
programa, las relaciones de esos grupos con las
instituciones del Gobierno son difusas, aunque sus
integrantes siguen ocupando algunos cargos
fundamentales y vínculos informales con la policía, los
funcionarios de justicia y los servicios de inteligencia
militar.7
En octubre de 2002, el entonces secretario adjunto de
estado para los asuntos del hemisferio occidental,
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
8
9
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
embajador Otto J. Reich, testificó ante un comité del
Congreso estadounidense sobre las amenazas a la
estabilidad democrática en Guatemala, señalando que la
situación general de derechos humanos en Guatemala se
había deteriorado y que,
había cada vez más señales de la participación de
grupos clandestinos en actividades ilegales vinculadas
con empleados del Ministerio Público, inteligencia
militar, sistema judicial, y policía. Estos grupos parecen
actuar con relativa autonomía, y aunque no había
evidencia de que hacían parte de la política
gubernamental, operan con impunidad.8
Las acusaciones serias de que algunos agentes del estado
ayudan a cubrir actividades ilegales y garantizan la
impunidad a sus autores o que de hecho son cómplices de
delitos cometidos por los poderes ocultos, justifican la sería
preocupación no sólo de los guatemaltecos sino también de
la comunidad internacional.
2002 ��
5 de febrero: Arnulfo Agustín Guzmán, director de Radio
Sonora, fue amenazado de muerte y de secuestro por un
grupo de cuatro hombres armados.
20 de febrero: Robo en la oficina de la Coordinación de
Pueblos Mayas de Guatemala (COPMAGUA).
17 de marzo: Ladrones irrumpieron en el centro
administrativo de la diócesis católica de San Marcos,
robaron aproximadamente 196 mil quetzales, y buscaron
archivos de computador en la oficina. Al día siguiente, el
obispo local Alvaro Ramazzini, quien ha expresado su
apoyo público a los derechos a la tierra y al incremento
de salario para los campesinos, recibió varias llamadas
anónimas amenazadoras.
20 de marzo: Varios hombres armados allanaron las
oficinas de la Asociación para el Avance de las Ciencias
Sociales en Guatemala (AVANCSO).
29 de abril: Guillermo Ovalle de León, contador de la
Fundación Rigoberta Menchú, fue asesinado en un
restaurante cerca a su oficina. Minutos después, la
Fundación recibió una llamada telefónica anónima con
el sonido de fondo de una marcha fúnebre.
7 de mayo: Luego de repetidas amenazas de muerte contra
la Fundación de Antropología Forense de Guatemala
(FAFG), su presidente, Freddy Peccerelli, abandonó el
país.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
10
En el período que abarca de enero de 2002 hasta julio de 2004
se produjeron cientos de informes sobre ataques contra
defensores de derechos humanos, así como contra religiosos,
sindicalistas, líderes indígenas y campesinos, periodistas, y
antropólogos forenses participantes en las investigaciones de
las masacres. La siguiente cronología ilustra la variedad y las
características de estos ataques.
ATAQUES A ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 2002-20049
31 de mayo: El Comité de Unidad Campesina (CUC)
denunció las amenazas de muerte emitidas por el
ejército guatemalteco contra un grupo de familias
campesinas que ocupaban la finca San Basilio en la
municipalidad de Río Bravo, Suchitepéquez.
20 de junio: La Oficina de Derechos Humanos de la
Arquidiócesis de Guatemala (ODHAG) denunció que seis
sacerdotes habían recibido amenazas de muerte.
22 de junio: Edgar Gustavo Casteres Guevara y Ervin
Manuel Monroy Guevara, miembros de la Asociación
Comunal de los Cerritos en Morales, Izabal, fueron
secuestrados, encontrándose sus cuerpos al día
siguiente.
7 de julio: El columnista de Siglo Veintiuno, Adrián Zapata,
recibió en su casa una llamada amenazadora de un
hombre que decía estar relacionado con el crimen
organizado, advertiendo que Zapata estaba en una lista
de personas que serían secuestradas, pero que en vez de
eso, lo matarían.
23 de agosto: Dos semanas antes de que comenzara el
juicio de tres militares acusados por el asesinato de la
renombrada antropóloga Myrna Mack y a pesar de las
medidas de protección ordenadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y de la custodia
de la Policía Nacional Civil (PNC), el abogado Roberto
Romero de la Fundación Myrna Mack (FMM) recibió en
varias ocasiones amenazas de muerte por teléfono y
unos desconocidos dispararon contra su casa.
6 de septiembre: El activista de CONAVIGUA, Manuel
García de la Cruz que había salido de su casa en la
comunidad de Chuchuca en las montañas del
noroccidente de Guatemala en dirección al pueblo de
Joyabaj para comprar maíz, nunca regresó. Su cuerpo
torturado aparecería más tarde decapitado, con las
orejas, la nariz y los ojos cortados.
27 de septiembre: Egon Hidalgo Salvador, un trabajador de
la Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis de San
Marcos, recibió una llamada anónima advirtiéndole
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
11
“dejas de hablar las burradas de la pastoral y las charadas
de las casa del migrante te vamos a desaparecer”.10
Varios días después su oficina recibió una llamada
anónima diciéndole que tenía 72 horas para dejar su
trabajo o podía perder la vida.
9 de octubre: El abogado y activista maya, Antonio Pop Caal,
fue secuestrado. Su cuerpo sería encontrado el 17 de
diciembre en una cuneta cerca del aeropuerto Cobán.
15 de octubre: Abelio Caal, líder de la Unión Verapacense
de Organizaciones Comunales (UVOC), recibió una
amenaza anónima de muerte que mencionaba
específicamente las actividades organizadas
conjuntamente entre UVOC y la Coordinadora Nacional
de Organizaciones Campesinas (CNOC).
17 de octubre: Después de haber denunciado
públicamente la corrupción y el mal manejo de los
fondos en San Marcos, Carlos Mejía, representante de la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) y líder de la Unidad de Trabajadores Estatales y
Sectores Populares (UTESP), recibió en su trabajo una
carta anónima en la que se le amenazaba “... sólo te
quedan algunos días. Estamos preparando una
emboscada contra tí y tu familia. Despídete, serás
asesinado”.
3 de noviembre: Dos hombres subieron a Erasmo Sánchez
Lapop a un carro y le dispararon en la finca Nueva
Cabrican que había sido comprada y establecida por 125
familias K’iche en Cabrican, Mazatenango. Sánchez y
otros doce miembros del Comité para el Desarrollo
Campesino (CODECA) estaban organizando una lucha por
los derechos comunales a la tierra y contra la invasión
ilegal de gente de fuera.
11 de diciembre: Seis hombres no identificados armados
con machetes y armas de alto calibre forzaron la casa de
Egidia Bámaca Velásquez, hermana del desaparecido
líder guerrillero Efraín Bámaca, en el departamento de
San Marcos. Los hombres la golpearon en presencia de
su familia y saquearon la casa.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
12
2003 ��
1 de febrero: Pedro Méndez Gutiérrez, miembro de la
Asociación de Desarrollo Integral de Montufar (ASDIM),
fue asesinado por seis hombres fuertemente armados,
frente a su esposa y cuatro de sus hijos.
2 de febrero: Iduvina Hernández, directora de la Asociación
para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en
Democracia (SEDEM), recibió una serie de llamadas
telefónicas anónimas con amenazas.
5 de marzo: El hermano de Moisés Fuentes, líder de la
Asamblea Nacional de Maestros de Guatemala, fue
asesinado en el departamento de Mazatenango y su
cuerpo encontrado en una casa abandonada con las
manos y pies atados.
20 de marzo: Daniel Pascual, líder nacional del CUC y la
CNOC, fue víctima de robo a mano armada por
desconocidos. Desde entonces ha recibido varias
llamadas telefónicas con amenazas de muerte.
3 de abril: Diego Xon Salazar, sacerdote maya y miembro
del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), fue secuestrado por
desconocidos en el departamento de Quiché. Su cuerpo
fue encontrado dos días más tarde con impactos de
bala. Había recibido amenazas de muerte de ex
miembros locales de las Patrullas de Autodefensa Civil
(PAC).
4 de abril: Daniel Chanchavac Zet, hijo de Rafael
Chanchavac Cux, fue secuestrado cerca a su casa en
San Felipe en el departamento de Retalhuleu. Cux, que
es líder de la Coordinadora Nacional Indígena, CONIC, y
de la CNOC, había estado recibiendo llamadas telefónicas
anónimas desde febrero de 2003.
7 de abril: La casa de Mario Polanco, director del GAM, y de
Nineth Montenegro, diputada en el Congreso por la
Alianza Nueva Nación (ANN) y fundadora del GAM, fue
robada.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
13
4 de mayo: Santiago Soto, miembro del CUC, fue asesinado
por desconocidos cuando viajaba de Arapao Nuevo a Cebol
en la municipalidad de Morales.
30 de mayo: Pablo Rax Cub, director del programa
informativo La Noticia, recibió una llamada telefónica de
un individuo no identificado que le dijo que suspendiera
sus investigaciones, después de haber denunciado el mal
uso de fondos municipales y el descubrimiento de diez
pistas secretas usadas probablemente para el
narcotráfico.
24 de junio: Doce hombres armados irrumpieron en la casa
de Rubén Zamora, presidente de la junta editorial de El
Periódico, atacándolo a él y a su familia.
25 de junio: Mario Fernández Juárez Avila, asesor legal de
la ODHAG de San Marcos, fue asaltado por un grupo de
hombres fuertemente armados. Después de torturarlo le
pidieron que entregara documentación importante sobre
casos pasados.
29 de junio: Carmen Judith Morán Cruz, reportera regional
del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala
(CERIGUA), recibió dos llamadas anónimas amenazando
a su familia si ella no dejaba el trabajo.
24 de julio: Juan Aquino, director de Punto Informativo
transmitido por Radio Novedad, recibió una llamada
telefónica amenazadora exigiendo que dejara de informar
sobre la movilización del Frente Republicano
Guatemalteco (FRG). La casa de la ambientalista Norma
Maldonado fue allanada por tres hombres armados.
25 de julio: Al menos cinco periodistas – Rosario Calderón,
Raúl Morales, Yuri López, Nery de la Cruz, y Amalia
Hernández – de Radio Sonora fueron atacados en la
Ciudad de Guatemala por bandas de hombres
encapuchados que pedían el registro del general Efraín
Ríos Montt como candidato presidencial.
8 de agosto: Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, fue
seguida hasta su trabajo por una camioneta que intentó
inútilmente atropellarla. Dos días después, Francisco
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
14
Menchú, guardia de seguridad de la Fundación Rigoberta
Menchú y familiar de la laureada, fue detenido, forzado a
subir a un taxi, amenazado con un arma de fuego y
golpeado repetidamente. Esa misma noche recibió dos
llamadas telefónicas anónimas.
11 de agosto: Los líderes del Frente Cívico para la
Democracia recibieron una carta enviada a varias
organizaciones de la sociedad civil, amenazando a
Rigoberta Menchú, Dionisio Gutiérrez, Nineth
Montenegro, Alvaro Colom, Conchita Mazariegos, José
Rubén Zamora, José Eduardo Zaco, Juan Luis Font,
Arnulfo Agustín Guzmán, y Roberto Castañeda.
27 de septiembre: Eusebio Macario, miembro fundador del
Consejo de Comunidades Etnicas Runujel Junam, “Todos
somos iguales” (CERJ), recibió ocho impactos de bala de
asaltantes desconocidos cerca a su casa en
Chichicastenango.
26 de octubre: Los periodistas de Prensa Libre, Fredy López,
Emerson Díaz, Mario Linares y Alberto Ramírez, fueron
tomados como rehenes por ex miembros de las PAC, en
La Libertad, Huehuetenango.
2 de noviembre: Hombres no identificados allanaron las
oficinas de CNOC en Santa Elena, Petén.
2004 ��
16 de enero: Orlando Joaquín Blanco, director del Centro
Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos
(CIIDH) recibió una llamada telefónica anónima
advirtiéndole “si sigues chingando te vas a morir...”.
Desde entonces ha recibido varias llamadas telefónicas
con amenazas de muerte.
10 de febrero: El activista medioambiental Enrique
Alcántara fue asesinado en Puerto Barrios. Ocho días
despúes, Eloída Mejía Samayoa, presidente y
representante legal de la Asociación Amigos del Lago
Izabal, fue amenazada de muerte por oponerse a la
reactivación de las actividades mineras en el
departamento de Izabal.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
15
3 de marzo: Edwin Galicia, chofer de CALDH, fue
secuestrado temporalmente en la ciudad de Guatemala.
30 de marzo: Dos miembros de la ODHAG recibieron
amenazas, las cuales se realizaron por mensajes de texto
enviados a sus respectivos teléfonos celulares. Miembros
del Componente de Exhumaciones también han sido
amenazados.
16 de abril: Líder campesino Jesús Estrada fue asesinado
por desconocidos en la finca Lanquín II en el
departamento de Izabal. Dos otros trabajadores fueron
secuestrados.
17 de mayo: Familiares de Héctor Ramírez, periodista que
murió durante los disturbios de julio de 2003, fueron
víctimas de varios actos de intimidación. A los dos días,
David Hernández Rubio, hijo de Ramírez, fue atacado por
dos hombres desconocidos.
29 de mayo: Antonio Mejía Mesías, líder espiritual maya,
fue asesinado por personas desconocidas quienes le
dispararon doce veces y quebraron la cabeza con objetos
desafilidados.
14 de julio: La casa de Edda Gaviola, directora de CALDH,
fue asaltada por desconocidos. Los asaltantes no robaron
nada, pero dejaron varios mensajes intimidatorios. Su
casa fue allanada nuevamente al siguiente día y dos días
despúes desconocidos irrumpieron en las oficinas de
CALDH.
17 de julio: El día anterior a la conmemoración de los 22
años de la masacre de Plan de Sánchez, un testigo del
caso encontró en la ventana de su casa una carta
adviertiéndole “...Prontro serás muerto por ser testigo de
la Masacre de Plan de Sánchez y por ser el responsable
del condena del Estado de Guatemala esta es tu querido
premio pronto serás asesinado feliz aniversario del 18 de
Julio”.
22 de julio: Jesús Mendoza, primo de Otoniel de la Roca
Mendoza, fue baleado a muerte. Su cadáver fue
encontrado al lado de la carretera con tres disparos en la
cabeza. Otoniel de la Roca es un testigo clave en el caso
del homicido del líder guerrillero Efraín Bámaca.
16
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
17
L
Antecedentes de los poderes ocultos
os grupos clandestinos y las estructuras del poder
oculto detrás de ellos no son un fenómeno nuevo en
Guatemala. Cuerpos ilegales armados, fuerzas
paramilitares y aparatos clandestinos de seguridad eran
parte integral de los esfuerzos contrainsurgentes en el país
y cometieron violaciones atroces a los derechos humanos
durante el conflicto armado interno. Estos son los
predecesores de los actuales grupos clandestinos.
Durante las negociaciones entre el gobierno guatemalteco y
la oposición armada, agrupada en la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG), que condujeron a la
finalización formal del conflicto, se negoció el
desmantelamiento de estos grupos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad. El cuarto “Compromiso” del
Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado entre las
partes en 1994, declara en parte:
Para mantener un irrestricto respeto a los derechos
humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos
clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República
reconoce que es su obligación combatir cualquier
manifestación de los mismos.11
En el curso de casi cuatro décadas de guerra, se desarrolló
un tejido de relaciones entre las fuerzas de seguridad, tanto
legales como ilegales, y otros sectores de la sociedad
guatemalteca. La Comisión de Esclarecimiento Histórico
(CEH), establecida bajo los términos de los Acuerdos de Paz,
estudió las violaciones a los derechos humanos que
tuvieron lugar durante este período. El informe de la CEH,
Guatemala: Memoria del Silencio, fue publicado en 1999. Sus
conclusiones destacan “la persistencia y la significación
que tuvo la participación de los partidos políticos y fuerzas
económicas en la génesis, desarrollo y perpetuación de la
violencia”.12 El informe nombra a personas económicamente
poderosas en el ámbito nacional o local, grandes
propietarios agrícolas actuando juntamente con agentes
estatales y poderosos empresarios en estrecha colaboración
con las fuerzas de seguridad como los responsables de la
mayor parte de los actos de violencia asociados con el
conflicto armado.13
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
18
El informe de la CEH examina también el rol del sistema
judicial durante el conflicto armado interno. La CEH
encontró que,
El sistema judicial del país, por su ineficacia
provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento
de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia…
La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de
la estructura misma del Estado, y se convirtió tanto
en un medio como en un fin. Como medio, cobijó y
protegió las actuaciones represivas del Estado así
como las de particulares afines a sus propósitos,
mientras que, como fin, fue consecuencia de los
métodos aplicados para reprimir y eliminar a los
adversarios políticos y sociales.14
Buena parte de la configuración de los poderes ocultos y de
sus grupos clandestinos en la Guatemala post conflicto
puede percibirse ya en las relaciones personales, modelos
de interacción y estructuras de autoridad que se
desarrollaron durante la guerra y que continúan operando.
Los poderes ocultos y los grupos clandestinos cuentan
también con la continua ineficacia del sistema de
justicia para asegurar la impunidad de los delitos
pasados y presentes. En su búsqueda implacable de
enriquecimiento personal ilícito, muchos de los
guatemaltecos poderosos que hacen parte de los poderes
ocultos están adaptando muy astutamente a las nuevas
circunstancias métodos ya probados en el pasado contra la
insurgencia. El analista militar Bernardo Arévalo de León
resumió suscintamente esta transformación anotando que,
“Todavía existen y operan actores y tendencias que
corresponden más al pasado autoritario que al futuro
democrático del país”.15
De acuerdo a fuentes fidedignas, la evolución actual
de los poderes ocultos está vinculada a cuatro grupos,
algunas veces interrelacionados, que participaron
activamente en las estrategias contrainsurgentes de
las fuerzas armadas guatemaltecas: La Cofradía, El
Sindicato, el Estado Mayor Presidencial (EMP), y las
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
19
La Cofradía
La Cofradía es una camarilla de oficiales de inteligencia
militar, tanto en ejercicio como retirados, y una especie de
fraternidad interna del ejército. Está comprendida por varios
miembros de la comunidad de inteligencia militar que
estuvieron “asociados con la delincuencia común y la
corrupción administrativa en el período de [la dictadura
militar de] Lucas García,” de julio de 1978 a marzo de
1982.16 Se dice que La Cofradía está dirigida por dos generales
retirados, Manuel Callejas y Callejas17 (Véase
recuadro en la p. 20), antiguo jefe de la agencia de Aduanas,
y Luis Francisco Ortega Menaldo (Véase recuadro en la p.
22).18
Durante la guerra, los miembros de La Cofradía formaban
parte de un grupo de militares de línea dura conocidos como
los estratégicos. Esta gente adoptó una estrategia nacional
de seguridad que “enmarcaba el conflicto dentro de una
polarización total (cien por ciento) de la población, estás con
nosotros o contra nosotros”.19 Los civiles no eran
considerados neutrales en el conflicto sino potenciales
opositores. Los oficiales que hacían parte de La Cofradía
simpatizaban con la línea de pensamiento de los militares
taiwaneses, implementando sistemas represivos de control
social y usando información de inteligencia para cometer
actos brutales de violencia.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
20
Egresado en 1970 de la Escuela de las
Américas, se dice que Manuel Callejas y
Callejas es uno de los principales creadores
de “La Cofradía”, una especie de fraternidad de
oficiales de inteligencia militar. En la década
de los setenta, Callejas trabajó como
subdirector de la Sección de Operaciones
(G-3), y como segundo comandante de la
Policía Militar Ambulante y de la Base Militar en
Cobán. Bajo la dictadura de Lucas García a
principios de la década de los ochenta,
Callejas fungió como director de la Sección de
Inteligencia (G-2). En 1986, durante el
gobierno de Vinicio Cerezo, pasó a servir como
subjefe del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, con el general Héctor Gramajo como Ministro de la Defensa.
Un año después, fue nombrado subjefe del Estado Mayor Presidencial
(EMP) y luego jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, puesto que
desempeñó hasta 1989.20 De 1990 a 1991, fue nombrado director
general de Aduanas.
Junto con el general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, se dice
que Callejas fue uno de los arquitectos de una poderosa organización
paralela al Ministerio de Finanzas Públicas. A fines de la década de los
setenta, el ejército de Guatemala estableció una oficina en ese
ministerio para detectar el tráfico de armas y municiones destinados a
los grupos de izquierda armados.21 Presuntamente, con el tiempo, esta
organización clandestina logró penetrar otras instituciones clave del
estado, que le sirvieron para llevar a cabo operaciones de contrabando,
narcotráfico y otras actividades ilícitas.22
Durante el tiempo que se desempeñó como jefe del Estado Mayor de la
Defensa, el general Callejas presuntamente nombró a miembros de
los poderes ocultos en posiciones clave dentro de las Fuerzas Armadas.
Según se afirma, para controlar el espacio áereo, Callejas nombró
como segundo comandante de la base aérea del sur al general Mario
René Siliézar Girón.23 El nombramiento de colaboradores cercanos le
permitió a la red establecer control sobre pistas de aterrizaje, lo cual le
facilitó poder realizar sus actividades ilícitas.
Al general Callejas también se le vincula con la poderosa red ilegal de
contrabando de Alfredo Moreno Molina. Posterior a su retiro del ejército,
durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, Callejas fue nombrado
como director General de Aduanas. Se dice que durante esta época,
Callejas ubicó a amigos y familiares de miembros de los poderes
General (r.) Manuel Antonio Callejas y Callejas
(c) Revista Crónica Guatemala
21
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
ocultos en diversos puestos importantes en la Dirección General de
Aduanas. Entre éstos se encontraban hermanos de los Carlos
Cárdenas Sagastume, de Jacobo Esdrás Salán Sánchez, de Edgar
Ricardo Bustamante Figueroa, de Juán de Dios Estrada Velásquez y de
Arturo Francisco Marín Golib.24 De acuerdo al testimonio dado durante
las investigaciones judiciales contra Moreno por un ex funcionario de
aduanas miembro de la red, entre los integrantes y principales cabezas
de la red de Moreno figuraba el general Callejas25
En noviembre de 2002, Estados Unidos le revocó la visa a Callejas por
sospechas de participación en narcotráfico, contrabando y violaciones a
los derechos humanos.26 Callejas es uno de los cinco oficiales
retirados del ejército que se encuentran bajo investigación del Ministerio
Público por sus conexiones con el crimen organizado. A finales del
2003, la Cámara Penal y la Corte Suprema de Justicia enviaron a cortes
de México y Centroamérica una petición para conocer los detalles de las
cuentas y transacciones bancarios de Callejas.27 Esta investigación
sigue en curso, pero ha tenido pocos progresos visibles.
Los miembros de La Cofradía están hoy unidos por lo que
hicieron durante la guerra. El informe del proyecto
Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI) de la
Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala
(ODHAG) señaló que “la complicidad generada por el
trabajo de inteligencia del Estado, pareció ser el principal
elemento que cohesionó a los miembros de la Cofradía”.28 El
informe visualiza a La Cofradía no como una organización
formal sino como una red de relaciones. Según el informe,
La Cofradía,
se trata de grupos unidos por fidelidades variables,
surgidas a lo largo de una carrera en la que la
competencia y la lealtad entre compañeros de promoción
se entremezclaban y cambiaban según las oportunidades
que les ofrecía la coyuntura.29
A los nuevos miembros de La Cofradía se les daba la
bienvenida con una ceremonia especial. Como parte de su
iniciación, los miembros reciban un medallón de oro en el
que aparece grabado su nombre, promoción, y una lámpara
mágica, el símbolo de La Cofradía. El medallón se ponía en
el fondo de un vaso de whisky. Como sucede en otras
ceremonias de promoción dentro de las fuerzas armadas
guatemaltecas, los nuevos miembros de La Cofradía tenían
que beber el vaso de whisky para sacar el medallón.30
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
22
A finales de los setenta y comienzos de los
ochenta, Luis Francisco Ortega Menaldo
trabajaba en la inteligencia militar de una
oficina del ministerio de Finanzas Públicas.
Más tarde fue subdirector, y luego director, del
servicio de inteligencia del ejército. De 1991 a
1993, fue jefe del Estado Mayor Presidencial
(EMP). Según se dijo, fue uno de los más
destacados partidarios del fracasado intento
del presidente Serrano Elías para apoderarse
inconstitucionalmente del poder en un
autogolpe, en mayo de 1993.31
Ortega Menaldo fue uno de los arquitectos de
un poderoso y sofisticado aparato clandestino
que surgió del ministerio de Finanzas Públicas. A fines de los setenta, el
ejército guatemalteco estableció una oficina en ese ministerio para
detectar el tráfico de armas destinado a los grupos de izquierda
armados.32 Ortega Menaldo fue uno de los actores clave en esa oficina
durante la administración de Lucas García.33 Según se afirma, Ortega
Menaldo y otros miembros de los poderes ocultos usaron las redes de
contacto que habían desarrollado allí para ampliar su alcance a otras
instituciones del estado y realizar sus propias operaciones de
contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas.34
Durante la permanencia de Ortega Menaldo como jefe de inteligencia
del ejército, la agencia antidrogas estadounidense DEA (Drug Enforcement
Agency) coordinó sus operativos en Guatemala con la inteligencia
militar.35 Esto le dio a Menaldo acceso a información valiosa respecto a
esfuerzos de interdicción y erradicación. Ortega Menaldo presuntamente
reclutó a algunos de sus colaboradores más cercanos – entre los
cuales, el coronel Esdras Salán Sánchez, el general Robin Macloni
Morán Muñoz,36 el coronel Napoleón Rojas Méndez, y el teniente coronel
Rolando Díaz Barrios – y se sirvió de la información en su poder para
expandir y asegurar la impunidad de las actividades de narcotráfico en
las que estaban involucrados él y sus compinches.37
En ese mismo período la DEA y la CIA financiaron nuevos equipos y
mayor capacidad tecnológica para inteligencia militar con el fin de
monitorear e interceptar comunicaciones telefónicas. Presuntamente
General (r) Luis Francisco Ortega Menaldo
(c) Prensa Libre, Guatemala
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
23
Ortega Menaldo y otros involucrados en los grupos clandestinos
seguían utilizando este equipo, que hasta finales de 2003 era operado
por el EMP, para realizar actividades ilegales de espionaje contra sus
oponentes.38
En 1996, bajo el presidente Arzú, el general Ortega Menaldo aceptó su
retiro debido a su presunta participación en una enorme red de
contrabando encabezada por Alfredo Moreno Molina.
Con la victoria electoral de Alfonso Portillo, Ortega Menaldo recuperó su
estatura como un agente de poder. Aunque no ostentaba una posición
oficial en el gobierno, se presumía que Ortega Menaldo había sido uno
de los altos consejeros del presidente Portillo.
En marzo de 2002, Estados Unidos le revocó la visa a Ortega Menaldo
bajo una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que autoriza
la acción contra gente de la que se sabe que han permitido o han
participado en el narcotráfico.39 En ese entonces el presidente Portillo
describío a Ortega Menaldo como un amigo.40 En una entrevista
publicada en El Periódico pocos días después de que su visa le fuera
revocada, Ortega Menaldo aseguró que el estaba “completamente
limpio” y citó como prueba su trabajo con la CIA para combatir el
narcotráfico. Ortega Menaldo reconoció que era uno de los asesores
más cercanos de Portillo, pero dijo que su relación con el presidente no
le permitía influenciar injustamente las decisiones del presidente. Y
juró, “Por mi honor que no hay ‘fuerzas oscuras’ detrás del
presidente”.41 Según un alto funcionario estadounidense, Estados
Unidos ha identificado a Ortega Menaldo como el líder de la mafia de
drogas más grande y poderosa de las cinco que actúan en Guatemala.
42
En octubre de 2002, el entonces fiscal general Carlos de León Argueta
anunció que Ortega Menaldo sería uno de los cinco militares retirados
de alto rango que iban a ser investigados por su participación en el
crimen organizado. Poco después de ese anuncio, Ortega Menaldo
declaró, “Me sorprende la maldad con que se actúa o la desinformación
que hay, porque no estoy vinculado a ninguna red ni a ningún tipo de
tráfico”.43
A finales de 2003, la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Penal
enviaron una petición a las cortes de México y de Centroamérica
solicitando detalles de las cuentas y transacciones bancarias de
Ortega Menaldo.44
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
24
El Sindicato
Otra red de lealtades internas surgió de la “Promoción 73”
de la Escuela Politécnica en 1969. Este grupo se conoce
como El Sindicato. La fidelidad desarrollada entre esos
condiscípulos ejemplifica el fenómeno de la tanda, que es la
alianza horizontal que se desarrolla en una clase de
graduados de una academia militar y que persiste a lo largo
de sus carreras.45
El nivel de cohesión y compañerismo que permanece aún
hoy entre los miembros del Sindicato no es lo usual en las
fuerzas armadas guatemaltecas. Un cable desclasificado de
la Agencia de Inteligencia para la Defensa de Estados
Unidos observa que, “con frecuencia la clase hace picnics
con sus familias, bailes, salidas, celebraciones de
cumpleaños, etc., en las que se reúnen todos los miembros
de la clase”.46 La persistencia de la tanda en esta promoción
en particular se atribuye en buena parte al liderazgo del
general Otto Pérez Molina (véase recuadro en la p. 25).
Considerado como un “reformista” dentro de las fuerzas armadas
guatemaltecas, durante su período como jefe de la
Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2) de 1992 a 1993,
Pérez Molina nombró sistemáticamente a sus compañeros
de promoción en cargos en la Dirección de Operaciones (D-
3). El general Roberto Letona Hora, también de la misma
promoción, es otro miembro prominente del Sindicato, que
estuvo implicado después en la red de contrabando de
Moreno.47
En contraste con La Cofradía, los militares que pertenecen
al Sindicato abogaron por una estrategia de “estabilización” y
“pacificación” durante la guerra, en vez de una victoria total
sobre la “subversión”. Estuvieron influenciados por las
teorías del conflicto de baja intensidad y desarrollo que
impulsaba el ejército estadounidense. Adhirieron a lo que
ellos percibían como su “no-participación” en los aspectos
más represivos del trabajo de inteligencia militar.
A los miembros del Sindicato y a otros “reformistas” dentro
del ejército guatemalteco se les consideró como
contrainsurgentes institucionalistas, que creían en la
estrategia de pensamiento del 30/70:
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
25
Que enfocaba el setenta por ciento de sus efectos en la
recuperación de los refugiados de guerra por medio de
proyectos de desarrollo (frijoles), y el 30 por ciento en
medidas represivas (balas) contra los que el ejército veía
como ‘perdidos’.48
El general Héctor Alejandro Gramajo,49 quien fungió como
ministro de la Defensa de enero de 1987 a mayo de 1990,
describió esta estrategia más burdamente diciendo: “No
necesitas matar a alguien para completar el trabajo...
Hemos instituido asuntos civiles que proporcionan
desarrollo al setenta por ciento de la población, mientras
matamos el treinta por ciento”.50
Graduado en 1973 en la Escuela
Politécnica, de Otto Pérez Molina se dice
que es uno de los líderes prominentes
del Sindicato. De 1992 a 1993 fue jefe
de la Dirección de Inteligencia del
Ejército (D-2). En 1993, dirigió el grupo
de oficiales que se opuso al autogolpe
del entonces presidente Elías Serrano.51
Después reemplazó a Francisco Ortega
Menaldo como jefe del Estado Mayor
Presidencial (EMP). Esta serie de
eventos desencadenó una intensa rivalidad entre los dos hombres que
aún perdura.
Pérez Molina ha jugado un rol complejo en Guatemala. Nombrado como
inspector general del ejército en 1996, Pérez Molina fue el representante
militar guatemalteco en las negociaciones de los Acuerdos de Paz entre
la URNG y el gobierno. Dos años después, Pérez Molina partió a la
ciudad de Washington para encabezar la delegación guatemalteca ante
la Junta Interamericana de Defensa. A comienzos del gobierno de
Portillo fue forzado a retirarse.
Pérez Molina ha estado implicado en varios casos de violaciones a los
derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos de
la Arquidiócesis de Guatemala (ODHAG), hay evidencias que vinculan al
EMP con el asesinato en 1994 del juez Edgar Ramiro Elías Ogalde.52
Pérez Molina era el jefe del EMP en ese momento.
General (r) Otto Pérez Molina
(c) Prensa Libre, Guatemala
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
26
Pérez Molina estuvo presuntamente implicado también en el asesinato
del líder guerrillero Efraín Bámaca. Segun informes de prensa, un
documento detallado que fue entregado a la embajada estadounidense
en 1996 reveló que la suerte de Bámaca fue sopesada por los jefes
militares. El documento declaraba que Pérez Molina, entonces jefe del
EMP, había ordenado a dos de sus oficiales “hacer desaparecer a
Bámaca”.53
El papel de Pérez Molina como líder de la red de militares retirados y en
ejercicio conocida como El Sindicato lo ha puesto al lado de figuras
como el general Roberto Letona Hora, que ha sido acusado de
corrupción.
Pérez Molina criticó fuertemente la administración de Portillo por
influencia política indebida de ex oficiales del ejército conectados con la
inteligencia militar.54 Durante cierto tiempo escribió una columna
semanal en Prensa Libre titulada Ac’txumbal.
El 24 de febrero de 2001, Pérez Molina anunció la formación de un
nuevo partido político, el Partido Patriota (PP).55 El 14 de marzo de 2002,
Pérez Molina y sus aliados políticos, incluyendo el candidato
presidencial de Unidad Nueva Esperanza (UNE) Alvaro Colom,
organizaron una marcha de unos tres mil manifestantes por la capital
para pedir la renuncia del presidente Portillo y del vicepresidente Francisco
Reyes López, acusados de haber canalizado recursos del estado
hacia cuentas bancarias en Panamá.56 Unas semanas más tarde el
presidente Portillo acusó a Pérez Molina de haber participado en por los
menos dos complots para despojarlo del poder.57
En 2003, el Partido Patriota se unió al M-17, Movimiento Reformador
(MR) y al Partido Solidaridad Nacional (PSN) para formar la coalición,
Gran Alianza Nacional (GANA). El 9 de noviembre de 2003, Pérez Molina
salió elegido como diputado al Congreso guatemalteco por GANA.58
Luego de que Óscar Berger asumiera la presidencia en enero de 2004,
Pérez Molina fue nombrado comisionado presidencial para la
Seguridad y la Defensa Nacional. No obstante, en mayo del mismo año,
Pérez Molina retiró a su partido de GANA y regresó al Congreso como
diputado del Partido Patriota. Pérez Molina declaró que su decisión se
debía a no poder “avalar ninguna relación o negociación con el FRG...
dado que los eferregistas se les acusa de diversos actos de corrupción
en los últimos cuatro años”.59
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
27
El EMP
A través de todo el conflicto armado interno el ejército
guatemalteco mantuvo dentro de la presidencia una unidad
con funciones de inteligencia tanto analíticas como
operacionales. Conocido hasta octubre de 2003 como el
Estado Mayor Presidencial o EMP, este contingente tuvo una
doble función. Se estableció para proporcionar protección,
apoyo logístico y asesoría al presidente, pero sirvió al mismo
tiempo como centro de inteligencia militar y actividades
encubiertas.
Cuando el general Efraín Ríos Montt le arrebató el poder a
Lucas García en 1982, este centro se llamaba Archivo General
y Servicios de Apoyo, o el Archivo.60 Más tarde el nombre
se cambió a Departamento de Seguridad Presidencial
(DSP).61 Estas entidades precursores realizaron el mismo
tipo de actividades hasta que la “Ley Constitutiva del
Ejército” de 1990 estableció formalmente al EMP como parte
de las fuerzas armadas guatemaltecas.
Desde 1986, cuando los civiles asumieron el gobierno del
país, el EMP les sirvió a los militares como vehículo para
mantener el acceso al presidente así como un alto nivel de
influencia sobre éste.
Algunos documentos desclasificados del gobierno
estadounidense revelan que el EMP realizó operaciones de
inteligencia y contrainsurgencia en coordinación con la
Dirección de Inteligencia Militar, D-2 y otros cuerpos de
seguridad del estado. El EMP realizó espionaje electrónico
así como de telecomunicaciones y de control de imagen,62
mantuvo una red de informantes y llevó a cabo operativos
contra “enemigos internos” y “subversivos sospechosos”.
Muchos delitos políticos cometidos como parte de estos
operativos fueron a menudo disfrazados como delitos
comunes.
Un cable de 1992 de la Agencia de Inteligencia para la
Defensa (Defense Intelligence Agency – DIA) de EEUU indica
que el Archivo estaba “compuesto solamente de personal
militar en servicio activo, la mayoría del cual con larga
experiencia en el campo de inteligencia” y explica que “la
sección de operaciones tiene capacidad de vigilancia... y a
través de su propia red de informantes, recopila datos
relacionados de inteligencia”. La “sección analítica” estaba
dividida en “células” con especialistas en “partidos políticos,
asuntos económicos, religiosos, trabajadores y estudiantes”.
Según el cable, el Archivo “mantiene una base de datos
completa sobre los guatemaltecos y sobre los extranjeros
que viven en Guatemala”.63
El EMP está implicado en numerosas violaciones a los
derechos humanos como secuestros, desapariciones
forzadas y ejecuciones extra judiciales. Un documento
interno de inteligencia, el Diario Militar, hecho público en
1999, contiene evidencia de algunos de estos abusos y de su
carácter sistemático. El documento, que tiene 54 páginas y
que fue sacado clandestinamente de los archivos de
inteligencia del ejército, contiene una lista de 183
individuos que desaparecieron en un período de 18 meses,
entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Cada entrada está
acompañada de una foto y de una referencia codificada de
su ejecución.64
La mala fama del EMP en cuanto a violaciones a los
derechos humanos era tan significante que el Acuerdo
sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército
en una Sociedad Democrática de 1996 incluye el
compromiso de abolirlo y de reemplazar separadamente sus
dos funciones. El Acuerdo declara que el presidente de Guatemala
debe organizar una entidad apropiada “para
garantizar la seguridad del Presidente, la del Vicepresidente
y sus respectivas familias, y el apoyo logístico a las
actividades que realiza la Presidencia de la República”.65
Alfonso Portillo, presidente entre 2000 y 2004, cumplió
formalmente con esta estipulación al crear la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). El Acuerdo
ordena también la creación de,
una Secretaría de Análisis Estratégico bajo la autoridad
directa de la Presidencia de la República, para informar y
asesorar al presidente guatemalteco, con la perspectiva
de anticipar, prevenir y resolver situaciones que
representen cualquier tipo de peligro o amenaza al
Estado democrático.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
28
y especifica que este organismo sea “estrictamente civil”.66
La Secretaría de Análisis Estratégico (SAE) ya existía y
había sido legalizada en el Artículo 13 de una nueva Ley del
Organismo Ejecutivo, aprobada en 1997. La SAE ha estado
funcionando desde entonces.
No obstante el funcionamiento de la SAAS y de la SAE, el
presidente Portillo pospuso el desmantelamiento del EMP.
De hecho, su presupuesto se triplicó durante su
administración, pasando de 39 millones de quetzales en
1999 a 130 millones de quetzales en 2002.67
Más preocupante aún, existen evidencias de que su personal
continuaba cometiendo abusos después de la firma de
los Acuerdos de Paz. En uno de los casos guatemaltecos de
más alto perfil, dos antiguos miembros del EMP fueron
condenados por la ejecución extra judicial del obispo Juan
José Gerardi en 1998, dos días después de que publicara el
informe REMHI. Algunos miembros del EMP estuvieron
presentes en la sangrienta escena del crimen incluso antes
de que llegara la policía y habrían alterado
presumiblemente las evidencias.68
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
29
Coronel (r) Juan Guillermo Oliva Carrera
Poco después de su graduación de la
Escuela Politécnica en 1975, Guillermo
Oliva Carrera fue designado comandante
de pelotón de la Brigada Quetzaltenango.
Dos años más tarde pasó a ser
comandante de brigada de la Zona Militar
en el Petén. Más tarde ese mismo año,
Oliva Carrera se hizo instructor en la
Escuela Kaibil, en donde se entrenaban
las fuerzas élite contrainsurgentes del
ejército. A comienzos de los ochenta se
desempeñó como oficial de inteligencia
militar en diferentes puestos. En 1986 fue
asistente del Estado Mayor de la Defensa,
y en 1987 se unió a la Dirección de
Inteligencia del Ejército (D-2). De 1988 a
1991 fue nombrado subdirector del
Archivo, la división de inteligencia del EMP.
(c) Prensa Libre, Guatemala
Al año siguiente volvió al D-2.69 En 1996 Oliva Carrera fue destituido del
ejército por su participación en las operaciones de contrabando de
Alfredo Moreno.
Oliva Carrera fue sindicado en 2002 y llevado a juicio junto con otros
dos militares de alto rango por ser los autores intelectuales del
asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack. En octubre de 2002,
fue absuelto luego de que un pánel de tres jueces encontrara
insuficientes las evidencias de su participación directa en el crimen. Su
absolución fue confirmada por una corte de apelaciones en mayo de
2003.
En abril de 2002, la hermana de la antropóloga asesinada y lidereza de
la sociedad civil, Helen Mack, obtuvo un documento proveniente de
fuentes anónimas en el que se sugieren posibles vínculos entre Oliva
Carrea y grupos clandestinos.70 En una reunión privada, Mack le
entregó al presidente Portillo el documento pidiéndole que investigara
estas acusaciones, y que se juzgara a los responsables de estos
crímenes, incluyendo posiblemente a Oliva Carrera. Inmediatamente
después el presidente Portillo, de una manera sumamente
irresponsable, se hizo pública esta información en una entrevista radial.
A base de tal entrevista, Oliva Carrera inició un proceso penal contra
Mack por difamación.71 Cuatro meses después un tribunal de
apelaciones anuló el proceso sobre la base de que no había
fundamentos para un reclamo judicial.
En diciembre de 2002, en un discurso conmemorativo del
sexto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el
presidente Portillo anunció la desmovilización de 162
miembros del EMP y se comprometió a reducir aún más el
organismo y a su eventual disolución para octubre de 2003.
A pesar de las promesas de Portillo, el gobierno continuó
aumentando el presupuesto del EMP. De hecho, al día
siguiente del anuncio se transfirieron al EMP 11 millones
de quetzales.72 Además, en julio de 2003, un día después de
haber repetido su compromiso para abolir el EMP ante el
subsecretario general de asuntos políticos de las Naciones
Unidas, Kieran Prendergast, se conoció que el mes anterior
el presidente Portillo había aprobado una transferencia tras
bambalinas de 14 millones de quetzales para el EMP de
otras dependencias del gobierno.73
En octubre de 2003, después de años de insistente presión
nacional e internacional, el gobierno guatemalteco
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
30
desmanteló oficialmente el EMP. El anuncio se produjo un
mes después de que el Congreso guatemalteco aprobara
una ley aboliendo el EMP y transfiriendo algunas de sus
funciones legítimas a la SAAS. Aunque muchos han acogido
favorablemente el desmantelamiento del EMP como un paso
importante en la implementación de los Acuerdos de Paz,
persiste no obstante la inquietud de que los militares
puedan continuar ejerciendo influencia dentro de la nueva
estructura. Muchos de los miembros desmovilizados del
EMP no quedaron por fuera de las fuerzas de seguridad sino
que en algunos casos fueron reasignados a las brigadas de
seguridad del Palacio Nacional de Cultura. Adicionalmente
la Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República les permitía a
muchos miembros del EMP ser transferidos a la SAAS, una
agencia supuestamente civil.74 En una entrevista de
prensa, el entonces director de la SAAS, Ricardo Marroquín,
anunció que un treinta por ciento aproximadamente del
personal del EMP sería reasignado a la SAAS.75 En su
informe sobre la disolución del EMP, MINUGUA expresó su
preocupación sobre la transferencia de ex miembros del
EMP a la SAAS considerando que dicha tranferencia “no
favorece el proceso de desmilitarización de las instituciones
del Estado y es contrario al espíritu de los Acuerdos de
Paz”.76 Fuera de eso, según la nueva ley, la persona a cargo
de la SAAS será designada por el presidente y puede ser
tanto civil como militar. El desmantelamiento del EMP
será una medida inútil si no se adoptan pasos concretos
para garantizar que los oficiales del EMP involucrados en
abusos a los derechos humanos sean juzgados, y que esos
individuos no sean reincorporados en las fuerzas de
seguridad ni en ninguna otra entidad gubernamental.
Es igualmente desconcertante el hecho de que se hubiera
aprobado un acuerdo gubernativo77 en 2003, antes del
desmantelamiento del EMP, que estipulaba la creación de
un Departamento de Análisis Estratégico del ministerio de
la Defensa (DAE). El DAE, creado aparentemente con la
intención de llevar a cabo algunas funciones de
inteligencia dentro del ejército, va a usurpar funciones que
le corresponden por derecho a la SAE. Además, el DAE va a
estar bajo control militar y no bajo control civil. El acuerdo
declara que el DAE proporcionará al ministerio de la
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
31
Defensa análisis en curso sobre asuntos militares y planes
estratégicos que van de corto a largo plazo, con el fin de
definir políticas nacionales e internacionales de defensa.
Patrullas de Autodefensa Civil
Durante la guerra se formaron las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) como una fuerza paramilitar para ayudar al
ejército guatemalteco en sus esfuerzos contrainsurgentes.
Las PAC quedaron establecidas legalmente el 1 de abril de
1982, bajo el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo de la
junta militar instalada por el golpe de estado del general
Efraín Ríos Montt contra Lucas García. Las patrullas
actuaban bajo órdenes militares como una fuerza adjunta
civil del ejército para “proteger” a sus comunidades de la
guerrilla del URNG.78 En cada comunidad un comisionado
militar fue asignado como el representante del ejército y
como el encargado para dirigir una PAC.79 Estos
“comisionados” respaldados por el ejército y vinculados a
éste, llegaron a ejercer un poder significativo y a menudo
con impunidad en sus comunidades.
Las patrullas se formaron aparentemente de manera
espontánea y voluntaria, pero de hecho el servicio fue
obligatorio en la mayoría de las comunidades. Los miembros
de las PAC tenían entre quince y sesenta años de edad, y en
su mayoría eran indígenas de las áreas rurales. Durante
1982 y 1983, casi un ochenta por ciento de los hombres
indígenas en áreas rurales fueron militarizados en las
PAC.80
Las estimaciones respecto al número total de
guatemaltecos que participaron en las PAC varían en cifras
tan altas hasta de un millón. Al momento de su
desmovilización en 1995, había 375 mil miembros
registrados de las PAC.81
El trabajo contrainsurgente de las PAC variaba según el
momento, y según la comunidad, pero muchas estuvieron
involucradas en represión y abusos a los derechos
humanos. Decenas de miles de guatemaltecos fueron
obligados a participar en esta fuerza paramilitar ‘voluntaria’
y a cometer abusos a los derechos humanos. Muchos de los
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
32
General de Brigada (r) Luis Felipe Miranda Trejo
Entre 1979 y 1983, Luis Felipe
Miranda Trejo fungió como oficial de
inteligencia militar en tres
posiciones diferentes y encabezó el
Centro para Entrenamiento y
Operaciones Especiales de los
Kaibiles (fuerzas élite
contrainsurgentes). Posteriormente
fue comandante de zonas militares
en Puerto Barrios, Escuintla, Playa
Grande y Huehuetenango. Durante
la administración de Serrano Elías, fue comandante de la Policía Militar
Ambulante (PMA).82
Durante su cargo como comandante de la Zona Militar No. 19 en
Huehuetenango en 1994, Miranda Trejo fue acusado de haber reclutado
por la fuerza en el ejército a jóvenes indígenas.83 Como consecuencia
de la controversia que se desencadenó y de varios cargos civiles en su
contra, fue destituido de su puesto durante el gobierno de Ramiro de
León Carpio. Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996,
Miranda Trejo se retiró del ejército.
En noviembre de 1999, Miranda Trejo salió electo en Huehuetenango
como diputado por el FRG ante el Congreso guatemalteco. En tanto que
tal, se desempeñó en la Comisión Legislativa para la Defensa Nacional
desde donde se pronunció a favor de más fondos para el ejército de
Guatemala. Miranda Trejo también promovió la integración de ex
miembros de las PAC en la militancia del FRG a nivel local, y
posteriormente estuvo en la comisión gubernamental que negoció con
los antiguos miembros de las PAC sus demandas de compensaciones
económicas.84
Miranda Trejo ha estado implicado en varias violaciones a los derechos
humanos, y habría tratado de bloquear las investigaciones del
asesinato en 1990 del ciudadano estadounidense Michael Devine.
Miranda Trejo comandaba la base militar desde la cual supuestamente
habría escapado el capitán Hugo Contreras, implicado en el asesinato
de Devine.85
En 1998, una corte en Quetzaltenango presentó demandas contra
Miranda Trejo como presunto autor intelectual del asesinato en 1993
del activista Juan Pablo Chanay durante una manifestación.86 Miranda
Trejo era comandante de la Zona Militar No. 19 cuando sucedieron los
hechos. En 1998, once antiguos miembros de las Patrullas de
Autodefensa Civil (PAC) fueron condenados por su participación en este
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
33
(c) Prensa Libre, Guatemala
crimen. Sin embargo, tres meses después serían liberados de una
estación policial por una banda de hombres armados. En ese momento
seguía abierta la investigación contra Miranda Trejo. No ha habido
todavía progresos en la investigación debido en buena parte a la
inmunidad legislativa de la que gozaba Miranda Trejo como diputado en
el Congreso.87
El 14 de marzo de 2002, el presidente Portillo designó a Miranda Trejo
como director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Poco
después los empleados del instituto se quejarían de una “militarización
de la institución”, aludiendo a la contratación hecha por Miranda Trejo
del general Jorge Perussina como uno de sus jefes asesores.88
patrulleros fueron forzados a cometer los abusos que
cometieron, bajo amenazas de muerte a ellos y a sus
familias. Los que no cumplieron con las órdenes del ejército
fueron torturados y asesinados. Según Amnistía
Internacional,
… miembros de las patrullas constituyeron en sí mismos
víctimas de abusos. No sólo era obligatorio el servicio en
las PAC, sino que sus miembros involuntarios eran blanco
de abusos cuando se negaban a prestar servicio o a
desempeñar actos específicos ordenados por el ejército.89
El proyecto REMHI de la Iglesia Católica documentó 1.731
incidentes de violaciones de derechos humanos con un total
de 3.424 víctimas durante los años de guerra en los
cuales estuvieron involucradas solamente las PAC.
Además, hubo 1.799 incidentes con un total de 10.602
víctimas en los que participaron las PAC junto con el
ejército, incluida la participación en 342 masacres.90
Las PAC tomaron parte en un 18 por ciento de las
violaciones documentadas por la Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH). De éstas, el 85 por ciento
fueron realizadas por las PAC junto con el ejército y otras
fuerzas estatales, y en el 15 por ciento de los casos las PAC
actuaron solas.91 Fuera de eso, la Comisión encontró que
los comisionados militares eran responsables del 11 por
ciento de todas las violaciones a los derechos humanos
documentadas por la CEH.92
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
34
Las PAC formaron parte de un
sistema alternativo de
autoridad sobre y de control de
la población dirigido por el
ejército. Mucho de este sistema
sigue aún intacto. Desde la
firma de los Acuerdos de Paz,
algunos comisionados militares
y ex miembros de las PAC han
asumido cargos de importancia
a nivel municipal como
alcaldes, miembros de los
consejos locales, maestros, y
policías. Aunque los Acuerdos
mandaban hacer reformas
militares, de inteligencia y
policiales en las instituciones
del estado, el “grupo con poder a
nivel local generado por la
contrainsurgencia nunca fue
desplazado”.93 Se presume que
muchos de los comisionados
militares y los ex miembros de
las PAC se han valido de sus posiciones como autoridad local
para beneficiarse de manera desproporcionada de fondos
estatales y proyectos de desarrollo.
La “impunidad lateral” es uno de los legados de las PAC en Guatemala.
La impunidad lateral hace referencia a las relaciones y
pautas de interacción que concluyen en la impunidad para los
responsables de delitos a nivel local. En agosto de 2001, en su
duodécimo informe de verificación MINUGUA observó,
… un incremento de la participación de autoridades
municipales, en especial alcaldes auxiliares, quienes tienen la
mayor responsabilidad en las violaciones comprobadas, y ex
integrantes de los comités voluntarios de defensa civil (CVDC),
mayoritariamente en linchamientos.94
Hay también acusaciones de credibilidad de que, además de los
linchamientos, los ex PAC son responsables de muchos de los
delitos motivados políticamente que ocurren a nivel local, como
amenazas, intimidaciones, homicidios y tentativas de
homicidios.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
35
(c) MIchel Huneault
Memorial a las víctimas del conflicto armado
interno en un antiguo destacamento militar y
lugar de una exhumación en San Juan de
Comalapa, Chimaltenango.
La Red Moreno y el Grupo Salvavidas: un estudio de caso95
El caso de la red de Moreno ilustra
claramente el alcance de los poderes
ocultos en Guatemala, sus actividades
ilícitas, sus vínculos nocivos y su
estructura. Un vasto despliegue de
oficiales militares y funcionarios de
gobierno – unos retirados y otros en
servicio – estuvieron involucrados en
la red de Moreno. Muchos de los
cuales habían sido parte de La
Cofradía o El Sindicato, o habían
estado vinculados al EMP, o trabajado
en las PAC. Durante varias décadas,
esta gente tuvo la posibilidad de operar con relativa impunidad y de
ejercer maniobras legales para obstruir la justicia.
Década de los 70: Alfredo Moreno Molina, salvadoreño de nacimiento,
conformó, como parte de las fuerzas castrenses, una estructura de
espionaje dentro de Aduanas, con fines contrainsurgentes. Con el
tiempo, construyó y supervisó una red ilegal de personal en todos los
puestos fronterizos del país. Moreno y su red eran capaces de controlar
eventualmente el movimiento de contenedores, el tipo de mercancía
que se transportaba, la frecuencia de los cargamentos y el valor de los
productos que se importaban.96 Se “secuestraban” los contenedores y
se los devolvían a sus propietarios sólo después del pago de un
porcentaje de su valor. Los funcionarios de Aduanas le daban a Moreno
un porcentaje de lo obtenido, a cambio de no ser trasladados de sus
puestos.97 Esta poderosa operación de contrabando involucraba a
funcionarios de juzgados, la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda,
el Ministerio Público, el ejército, y el ministerio de Finanzas Públicas.98
1989: Al interior de la red de Moreno se formó un grupo más pequeño y
exclusivo que se autodenominó, el Grupo Salvavidas. El Grupo
Salvavidas fue un esfuerzo intencionado de conformar una red
poderosa de hombres con influencia y conexiones en todas las esferas
de la vida pública y política del país. Sus miembros se valieron de sus
posiciones dentro del gobierno para actuar con impunidad y denegar a
otros la justicia.
De acuerdo a documentos judiciales, el Grupo Salvavidas tenía una
estructura claramente definida. Mientras que este grado de organización
es poco corriente entre organizaciones delictivas, es un indicativo del
grado de confianza que tenían los miembros del Grupo Salvavidas para
llevar a cabo sus actividades sin temor a la ley. Moreno era el presidente
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
36
(c) Prensa Libre, Guatemala
de la “junta directiva” del Grupo Salvavidas. Otros de los miembros imporantes
eran, el juez de paz Osmundo Waldimir Villatoro Escobar, el juez Rolando
Sagastume, y el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez.99
14 de septiembre de 1996: Una investigación realizada por el ministro de la
Defensa Julio Balconi Turcios concluyó que Moreno había cometido delitos de
evasión fiscal, falsedad material, documentos de dudoso procedimiento, y
enriquecimiento ilícito.
Las acusaciones contra Moreno quedaron corroboradas luego de doce
cateos, los cuales permitieron recabar evidencias.100 Se encontraron más de
cincuenta carnés de diferentes instituciones estatales, todas con la fotografía
de Moreno. Se confiscaron archivos que llevaban registros detallados de las
operaciones delictivas de la red de Moreno y documentos de docenas de
vehículos. La evidencia, según recortes de prensa, implicó a numerosos
militares de alto rango y a civiles de alto perfil, entre los cuales, el general Luis
Francisco Ortega Menaldo, el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, el general
Roberto Eduardo Letona Hora, el mayor Fernández Ligorría, el coronel Salán
Sánchez, Alfonso Portillo, el general Efraín Ríos Montt, el coronel Napoleón
Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos101 , y Mario Guillermo Ruiz Wong.102
Durante la requisa en la casa de Moreno, se presentó el juez de paz de turno
de la zona 3 Villatoro Escobar, a pesar de que ésta estaba localizada fuera de
su jurisdicción, e intentó que se le otorgara una medida sustitutiva a Moreno.
Moreno fue encarcelado con base en las evidencias.
16 de septiembre de 1996: El entonces candidato presidencial por el FRG,
Alfonso Portillo, admitió haber recibido de Moreno 70.000 quetzales como
contribución para la campaña, pero manifestó que no tenía conocimiento de la
participación de dicha persona en actividades ilegales.
17 de septiembre de 1996: Los ministros de Gobernación, Defensa y
Finanzas sostuvieron una conferencia de prensa para anunciar la destitución
de 27 oficiales del ejército y de la policía, entre ellos el general Ortega Menaldo
y los coroneles Salán Sánchez, Oliva Carrera y Napoleón Rojas Méndez.103
Se ordenó el arraigo de Moreno y el congelamiento de sus cuentas bancarias
así como el embargo de 24 cuentas bancarias de militares y funcionarios
públicos involucrados en el caso.
18 de septiembre de 1996: El portavoz presidencial Ricardo de la Torre
declaró que todavía se estaban haciendo los cálculos, pero que Moreno no
había pagado impuestos sobre unos 80 millones de quetzales al mes por un
período no menor de diez años.104
27 de septiembre de 1996: Los fiscales a cargo de la investigación contra
Moreno denunciaron que recibían constantes amenazas para que no
siguieran con la investigación o llevaran el caso a los tribunales.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
37
Noviembre de 1996: El Ministerio Público informó a los medios de
comunicación que Portillo recibió grandes cantidades de dinero de
Moreno durante su fracasado intento de llegar a la presidencia, siendo
elegido el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), Alvaro Arzú.
Un portavoz del FRG respondió que el gobierno del PAN estaba
manejando el caso de Moreno de una forma que buscaba desprestigiar
a Portillo y al FRG.
Diciembre de 1998: El Tribunal Quinto de Sentencia de Mixco absolvió a
Moreno por el delito de defraudación tributaria. La Sala Décima de
Apelaciones, presidido por el juez Ruiz Wong, implicado él mismo en el
caso de Moreno, confirmó la absolución que el tribunal de primera
instancia había emitido. La Corte Suprema de Justicia anuló la
resolución y ordenó que se repitiera el debate de segunda instancia.
24 de mayo de 1999: Cuatro testigos vincularon a Moreno con
militares y políticos, indicando que el producto del contrabando era
entregado semanalmente a jueces, abogados, familiares de Moreno y
militares entre los que se encontraban el coronel Salán Sánchez y el
general Letona Hora, quienes recibían cada uno 5.000 quetzales a la
semana.105
Enero de 2000: Luego de la victoria del FRG y de Portillo en la
presidencia, el nuevo fiscal general, Rodolfo González Rodas, decidió
suprimir la unidad de casos especiales que se había estado
encargando del caso de Moreno y que había investigado las conexiones
de Moreno con Portillo y Ríos Montt.106 El caso fue reasignado a la
Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
21 de enero de 2000: La Sala de Apelación, presidida por la jueza
Yolanda Pérez, reiteró por cuarta vez la absolución de Moreno debido a
que los recursos de apelación no estaban planteados de la forma que
la ley lo exige. En declaraciones de prensa, Moreno declaró triunfante
que el caso en su contra “es político… no me ha podido probar
nada”.107 Indicó también que, puesto que el PAN había perdido las
elecciones, no se realizarían ‘shows judiciales’ para desacreditar a
Portillo y a Ríos Montt.
La Sala Décima de Apelaciones, presidida por el juez Ruiz Wong, anuló
la sentencia de cuatro años de prisión que el Tribunal Quinto de
Sentencia había emitido en contra de la esposa de Moreno, Manuela
Lucinda González, por su participación en las operaciones de
contrabando. Este fallo quedó anulado por las instancias superiores. Al
final, se le ordenó pagar una multa de 1,2 millones de quetzales por
perjurio y fraude fiscal. González fue sentenciada a un año y cuatro
meses de prisión conmutables por 5 quetzales por día y el pago de una
multa de 400 quetzales.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
38
21 de enero de 2001: A Elio Sánchez, al general Ortega Menaldo y a
otros individuos vinculados dentro del proceso se les otorgó una
medida sustitutiva.
13 de febrero de 2001: El Tribunal de Sentencia de Mixco, presidido por
la juez Sandra Ciudad Real, autorizó revocar el auto de prisión
preventiva y ordenó libertad provisional a Moreno quien debía pagar una
caución económica de tres millones de quetzales como fianza. Se le
ordenó comparecer todos los lunes y se le prohibió abandonar el
país.108 El abogado defensor adujo que Moreno no contaba con fondos
suficientes para pagar la fianza y solicitó el descongelamiento de sus
propiedades para poder disponer de la cantidad requerida.
22 de mayo de 2001: El Tribunal de Sentencia Penal de Mixco ordenó
levantar la congelación de los bienes materiales de Moreno para
permitirle reunir el dinero de la fianza.109
27 de julio de 2001: El Tribunal de Sentencia Penal de Mixco redujo la
fianza de Moreno a un millón de quetzales a pesar de que según
cálculos del Ministerio Público Moreno defraudó al fisco en
aproximadamente 157,6 millones de quetzales.
11 de diciembre de 2001: Moreno pagó un millón de quetzales como
fianza y fue dejado en libertad.
29 de marzo de 2002: El Tribunal Cuarto de Apelaciones suspendió la
orden de detención emitida trece días antes por el Tribunal de
Sentencia contra Manuela Lucinda González, por no haber pagado la
multa ordenada en 2000.
Casi ocho años después de que Moreno y miembros clave de su red
fueron acusados de contrabando, defraudación aduanal, falsedad material
y soborno, el caso sigue todavía pendiente. Se está a la espera
del juicio contra Moreno por contrabando en el Juzgado Undécimo de
Sentencia, caso al cual también ha sido vinculado Hipólito Santos.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
39
Tres mujeres, sobrevivientes de la violencia,
observan la exhumación de los restos de sus
familiares y conocidos quienes fueron asesinados
a principios de la década de los ochenta,
departamento del Quiché.
(c) Jonathan Moller
S
41
Los poderes ocultos consolidan
poder político
i los poderes ocultos y los grupos clandestinos han
existido durante décadas en Guatemala, y si su
presencia y lazos con la inteligencia militar, el
narcotráfico y el crimen organizado no son un fenómeno
nuevo, entonces, ¿cuál es la diferencia con la situación actual?
La consolidación cada vez más exitosa del poder
político por parte de los poderes ocultos, representa un factor
característico nuevo de particular peligro.
Los poderes ocultos tienen relaciones con la mayoría de los
partidos y actores políticos en Guatemala, a través de
contribuciones a las campañas y por medio de conexiones
personales y relaciones. Aunque la relación más visible ha
sido con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), casi
todos los analistas políticos coinciden en que los poderes
ocultos tienen contactos e influencias en todos los partidos
políticos importantes, y gracias a ello con las ramas
legislativa y ejecutiva del gobierno, independientemente del
partido que esté en el poder.
El FRG
En años recientes el FRG ha sido un vehículo importante de
consolidación de la autoridad política de los poderes ocultos.
El FRG tiene lazos estrechos con figuras que participaron en
los esfuerzos contrainsurgentes durante el conflicto armado
interno. El ejemplo más notorio es el general retirado Efraín
Ríos Montt, ex dictador militar durante “la violencia” a
comienzos de los ochenta, ex jefe de bancada del partido en
el Congreso, y candidato presidencial del FRG en las
elecciones de 2003.
De 2000 a 2004, el FRG controló dos ramas del gobierno:
tuvo la mayoría de las curules en el Congreso y ocupó la
presidencia. Estos nexos les permitieron a los poderes
ocultos ejercer una enorme influencia y obtener más control
dentro de las instituciones del estado, debilitando aún
más la capacidad del gobierno para luchar contra la
corrupción y la impunidad.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
42
General Ríos Montt
El ejercicio del poder en los tribunales y en las calles
El 24 de mayo de 2003, el FRG seleccionó al general retirado Efraín
Ríos Montt como su candidato presidencial, a pesar de la existencia de
una cláusula en la Constitución guatemalteca que excluye a cualquiera
que haya participado en un golpe de presentarse para un cargo
obtenido en elecciones. Ríos Montt condujo un golpe de estado en 1982
que lo convirtió en dictador militar y presidente. La Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH) patrocinada por las Naciones Unidas y
creada por los Acuerdos de Paz de 1996, concluyó que se habían
cometido “actos de genocidio” durante las operaciones
contrainsurgentes en el período en que Ríos Montt era presidente.
El 6 de junio de 2003, el Tribunal Supremo Electoral, en coherencia con
sus resoluciones previas de 1990 y 1995, consideró a Ríos Montt como
un ex gobernante de facto, proscribiendo su presentación a las
elecciones presidenciales. El FRG apeló a la Corte de Constitucionalidad
(CC), cuyo presidente en ese entonces es un amigo de la
infancia de Ríos Montt, el magistrado Mario Guillermo Ruiz Wong.110
El 30 de julio de 2003, la CC emitió una resolución que le permitía a
Ríos Montt inscribirse legalmente como candidato presidencial. Una
semana antes del anuncio de la decisión de la Corte, los partidarios de
Ríos Montt se reunieron frente a la CC realizando una amplia protesta y
actos intimidatorios. El 24 de julio, turbas de individuos lanzando
piedras, quemando llantas y bloqueando las calles paralizaron la
Ciudad de Guatemala. El periodista Héctor Ramirez falleció de un
ataque cardíaco al ser perseguido por una de las turbas.111 La gente se
refiere ahora a ese día como el ‘Jueves Negro’.
El embajador estadounidense, John Hamilton, dijo respecto a la
violencia:
Las manifestaciones violentas de hoy en la Ciudad de Guatemala
constituyen una afrenta a la democracia y una burla peligrosa del
derecho a la protesta y a la libertad de asociación. Es difícil creer
que estas protestas no fueron planeadas y organizadas. Los
líderes del FRG tienen la responsabilidad ineludible de poner fin
inmediatamente a estos trastornos del orden público, antes de
que haya más muertes, daños y perjuicios a las perspectivas de
unas elecciones libres y justas.112
El 9 de octubre de 2003, los partidarios de Ríos Montt hostigaron a la
premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, después de un proceso
judicial en la CC contra la candidatura de Ríos Montt. Poco después de
que el fiscal público Carlos Gabriel Pineda Hernández declarara que el
43
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
Ministerio Público estaba a favor de la candidatura de Montt, los
partidarios del FRG lo ovacionaron y procedieron a escupir a Menchú y
gritarle, “Andá a vender tomates a La Terminal”.113 Los partidarios del
FRG bloquearon la salida de la CC por más de una hora, gritando que
querían linchar a cualquiera que se les presentara. En vez de pedir
orden, Ruiz Wong prefirió abandonar el recinto. Lo mismo hicieron
Pineda y los agentes de la policía sin emprender ninguna acción.
Al siguente día, Rigoberta Menchú puso una demanda contra Ruiz
Wong y los otros miembros del FRG que participaron en el incidente,
solicitando que se destituya a Carlos Gabriel Pineda de su cargo. En
marzo de 2004, la Fiscalía de Delitos Contra Activistas de Derechos
Humanos solicitó la captura de Juan Pablo Ríos Ramírez, nieto de Ríos
Montt, por su presunta participación en las agresiones contra Rigoberta
Menchú. A Ríos Ramírez se le acusa de detención ilegal agravada,
desorden público, discriminación, agresión, coacción y amenazas.114
Ramírez quedó en libertad tras pagar una fianza de 30 mil quetzales.
Emma Concepción Samayoa Robles y Ana Cristina López Kestler de
Rosales también sindicadas en la agresión, quedaron en libertad al
pagar igual cantidad de dinero.115
Un informe de Hemisphere Initiatives (HI) de enero de 2002
describe una tendencia de las sociedades post conflicto que
está teniendo lugar muy pronunciadamente en Guatemala.
(c) Prensa Libre, Guatemala
Turba durante Jueves Negro en la Ciudad de Guatemala
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
44
“La fusión de estructuras clandestinas contrainsurgentes
que se desarrollaron durante el conflicto interno con
pandillas organizadas de delincuentes” condujo a un incremento
de la criminalidad.116 Al mismo tiempo, “había
evidencia de que algunos de los responsables de los delitos
habían sido parte de estructuras paramilitares clandestinas
durante el conflicto interno”.117 Esta dinámica alimentó
“una especie de círculo vicioso en el cual la debilidad de las
instituciones facilitan la extensión de las redes de
corrupción, las que a su vez tratan de debilitar aún más la
capacidad institucional para combatir la corrupción”.118
Los niveles de corrupción aumentaron ostensiblemente en
Guatemala en los últimos años. En un estudio de 2003 de
Transparencia Internacional en el cual se les pidió a
empresarios y analistas de políticas evaluar los niveles de
corrupción en varios países, Guatemala salió entre los 34
países más corruptos.119 Muchos de los que ocuparon cargos
ministeriales durante la administración de Portillo
enfrentan ahora cargos de corrupción.120 Pese a que
siempre aseguró no temer a los tribunales, el ex president
Portillo huyó del país hacia México a principios de febrero de
2004 y permanece fuera de Guatemala.
HI anota que, en comparación con su vecino El Salvador, los
grupos clandestinos de Guatemala “han penetrado [las
instituciones] mucho más profundamente y a niveles más
altos”. Esto se atribuye al hecho de que “la relativa debilidad
de los partidos políticos en Guatemala y el no haberse
logrado una purga de los viejos aparatos de seguridad” les ha
hecho “más fácil a los grupos organizados de delincuentes
arraigados en las estructuras clandestinas contra-contra
insurgentes mantenerse y extender su influencia política
en el período post conflicto”.121 El resultado ha sido
desastroso en términos de un mayor debilitamiento de las
ya afectadas instituciones estatales y del estado de derecho
en el país.
Asesores presidenciales
El ascenso de Alfonso Portillo a la presidencia en enero de
2000 representó la rehabilitación pública de figuras
nefastas que habían sido recriminadas en el pasado por su
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
45
participación en actividades ilegales. Lo más notorio fue
que tres prominentes participantes de la red de
contrabando de Moreno – el general Francisco Ortega
Menaldo, el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, y el
coronel Napoleón Rojas Méndez – llegaron a ser asesores
directos del presidente. Algunos analistas de asuntos
militares apodaron a estos tres hombres como los
montesinos de Guatemala.122 En esta misma línea, el
periodista José Rubén Zamora, de El Periódico especuló que
estos tres individuos eran “el poder real en Guatemala”.123
Este triunvirato y otros miembros de La Cofradía ejercieron
una enorme influencia en la administración de Portillo, en
nombramientos y cambios relacionados con el ejército.124 El
general Otto Pérez Molina criticó el hecho de que las
decisiones presidenciales sobre las fuerzas armadas
tomaron en cuenta no solamente la opinión del ministro de
la Defensa sino también la de “ex militares muy cercanos
que influyen directamente en nombramientos, cambios y
todo lo relacionado con el tema militar”.125 Mario Polanco,
del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de familiares de los
desaparecidos y detenidos, fue un poco más lejos al opinar
que las fuerzas armadas “deben estar supeditadas al
presidente y al ministro, no a grupos paralelos que influyen
en todas las decisiones”.126
Aunque Portillo aseguró que Ortega Menaldo no tenía nada
que ver con su gobierno, algunos oficiales en servicio activo
pidiendo permanecer en el anonimato, comentaron,
que la opinión de este ex jefe militar es determinante en
la toma de decisiones. Ortega Menaldo, de quien fuera
cercano colaborador el coronel Jacobo Salán Sánchez, ex
jefe de hecho del Estado Mayor Presidencial, mantiene a
sus allegados en puestos clave dentro del Ejército.127
Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, coincide
con este análisis, diciendo que “uno de los grupos
fuera del Ejército que tiene vínculos muy cercanos con el
presidente [Alfonso Portillo] son los militares de la línea de
Ortega Menaldo, quienes a su vez tienen colaboradores
dentro de la institución castrense”.128
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
46
Coronel (r) Jacobo Esdras Salán Sánchez
Egresado en 1974 de la Escuela de las
Américas y en 1979 de la Escuela Politécnica,
se dice que Jacobo Esdras Salán Sánchez es
miembro de La Cofradía. Trabajó en la
Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2) a
finales de los ochenta y en los noventa. En
1996 fue destituido del ejército por su
participación en la red de contrabando de
Alfredo Moreno.
Salán ha sido acusado por numerosas
organizaciones de derechos humanos de
participación en el secuestro y asesinato en 1989 de varios estudiantes
de la universidad de San Carlos, y del asesinato en 1990 del ciudadano
estadounidense Michael Devine.129
Salán encabezó la cuadrilla de seguridad de Alfonso Portillo durante la
campaña electoral. Cuando Portillo llegó a la presidencia, Salán pasó a
ser el jefe de facto del Estado Mayor Presidencial (EMP), aprovechando
la proximidad con el presidente para acumular un inmenso poder. Un
comentario de prensa anotaba que,
Con la ubicación de sus más leales en puestos estratégicos de la
Inteligencia Militar, Salán logró construir un poder paralelo tanto o
más importante que el del propio ministro de Defensa... Si el
ministro ha debido esperar horas para gozar de una audiencia
con el mandatario y Salán Sánchez, en cambio, le tiene a la
vuelta de la esquina.130
La cercanía de Portillo con Salán suscitó críticas de parte de la
embajada estadounidense y de organizaciones de derechos humanos.
De acuerdo a algunas fuentes confiables, Salán habría perdido la
complacencia de EEUU por haber robado bienes que habían sido
confiscados a narcotraficantes cuando estuvo envuelto en las
operaciones antinarcóticos.131 En 2000, la embajada estadounidense
pidió “extraoficialmente” su retiro debido a sus conexiones con el
narcotráfico.132
El 11 de mayo de 2000, un grupo hasta el momento desconocido, la
Asociación de Militares contra la Impunidad (AMCI) acusó a Salán de su
participación en numerosos casos de violaciones a los derechos
humanos, enriquecimiento ilícito, y participación en redes de
(c) Prensa Libre, Guatemala
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
47
delincuentes. Según el grupo, Salán y su red delincuencial realizaban
en esos momentos persecuciones e intercepciones de teléfonos
celulares.133
Unos días después se dijo que Salán encabezaba una red ilegal de
espionaje orquestada por Ortega Menaldo, para suministrarle
información al presidente. De acuerdo a un artículo de investigación
publicado en El Periódico,
por lo menos quince oficiales militares y algunos políticos eran
miembros de la red. Los individuos que integran la red de Salán
fueron sus subalternos y miembros de la inteligencia militar durante
el conflicto armado.134
Un día antes de que apareciera el artículo, El Periódico anunció que un
vehículo con placas sin identificar había seguido a un periodista hasta
su casa. Y al menos otras cinco personas relacionadas con la
investigación habían recibido también amenazas antes de este
incidente.135
Después de esta serie de acusaciones, a mediados de 2000, Salán
renunció y Portillo trató de distanciarse de Salán. En una entrevista con
Prensa Libre, Salán explicó que dejaba el cargo “por amistad, porque
creo que las críticas hacia mí persona le afectan al presidente”.136 A
pesar de la presión de Estados Unidos, la toma de distancia fue sólo
retórica porque Salán continuó actuando como asesor de Portillo. Una
orden presidencial lo hizo responsable de la logística del Plan Puebla
Panamá, un plan de desarrollo de infraestructura de nivel regional.137
El 23 de octubre de 2002, el entonces fiscal general Carlos de León
Argueta anunció que Salán era uno de los cinco oficiales retirados del
ejército que el Ministerio Público investigaría por su presunto
involucramiento en el crimen organizado. A finales del 2003, la Cámara
Penal y la Corte Suprema de Justicia solicitaron formalmente a las
cortes de México y demás países centroamericanos liberar información
sobre los detalles bancarios de Salán.
A Salán también se le investiga por presuntas anomalías en la
ejecución de obras, entre las cuales la construcción de carreteras en el
departamento de San Marcos, las cuales nunca se realizaron.138
También se le ha vinculado en la estafa millonaria al Crédito
Hipotecario Nacional.139
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
48
En 1989, Napoleón Rojas Méndez trabajaba en la
Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2), desde
donde, según informes, participó en la tentativa de
golpe contra el presidente Vinicio Cerezo. En
1996, fue destituido del ejército debido a su
implicación en las operaciones de contrabando de
Alfredo Moreno.140 Rojas fue asesor de seguridad
del presidente Portillo.
En noviembre de 2002, Estados Unidos le revocó
la visa a Rojas por sospechas de participación en
crimen organizado, narcotráfico, contrabando y
violaciones a los derechos humanos.141 Rojas es uno de los cinco
oficiales de alto rango retirados del ejército que se encuentra bajo
investigaciones del Ministerio Público por sus conexiones con el crimen
organizado. En marzo de 2003, en respuesta a una indagación del fiscal
especial que investigaba el caso, el presidente Portillo sometió al
Ministerio Público un informe relativo a sus relaciones con Rojas. En el
informe, Portillo confirmó que Rojas había sido su asesor de seguridad
e incluso lo había acompañado en varios viajes oficiales.142 Ocho
meses después, la Corte de Constitucionalidad presentó una moción a
favor de Rojas, dándole al Ministerio Público treinta días para presentar
el caso en su contra. En diciembre de 2003, el fiscal Mynor Melgar
solicitó a los tribunales de justicia abrir un proceso penal contra Rojas
por su presunta vinculación con el crimen organizado. El Juzgado
Noveno de Instancia Penal respondió ordenando al Ministerio Público
iniciar las debidas pesquisas.143
En mayo de 2004, Rojas fue llamado a declarar ante la Fiscalía Contra
la Corrupción sobre su presunta vinculación en el caso del desfalco
millonario al Crédito Hipotecario Nacional (CHN).144
Coronel (r) Napoleón Rojas Méndez
(c) Prensa Libre, Guatemala
Durante su cargo como ministro de la Defensa, Juan de
Dios Estrada le restó importancia a las imputaciones de
indebida influencia de los asesores de Portillo, resaltando
que como ex militares, los asesores de Portillo eran
profesionales consumados, explicando que,
Los miembros del Ejército conocen los principios del honor
y la lealtad y respetan la línea jerárquica. Desde el
ministro hasta el subteniente, son profesionales... Estos
mismos principios no permiten ingerencia de personas
ajenas a la institución; esto incluye a los miembros que
ya no están de alta o ex militares, como los llaman
ustedes.145
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
49
La administración de Portillo conoció una rotación inusual
y notable en los cargos clave de la administración. Los
analistas atribuyeron esta rotación a una continua lucha
de poder entre el bando de Portillo y el de Ríos Montt, y a la
influencia de estos asesores sobre nombramientos
presidenciales de alto nivel, especialmente en el ejército.
Prensa Libre reportó que había en promedio un cambio o
reemplazo de alguien por semana. La tasa de remociones
fue particularmente alta en cargos ministeriales clave. En
tres años hubo cinco ministros de economía, cuatro
ministros de defensa, gobernación, agricultura y tres
ministros de comunicaciones.146
Ministros de Defensa:
Juan de Dios Estrada (enero 2000 – noviembre 2000)
Gen. Eduardo Arévalo Lacs (noviembre 2000 – noviembre 2001)
Alvaro Leonel Méndez Estrada (noviembre 2001 – agosto 2002)
Gen. Robin Macloni Morán Muñoz (agosto 2002 – enero 2004)
Ministros de Gobernación:
Mario Guillermo Ruiz Wong (enero 2000 – julio 2000)
Byron Barrientos (agosto 2000 – noviembre 2001)
Gen (r) Eduardo Arévalo Lacs (noviembre 2001 – julio 2002)
Adolfo Reyes Calderón (julio 2002 – enero 2004)
Directores de la Policía Nacional Civil:
Angel Conte Cajulún (julio 1997 – enero 2000)
Baudilio Portillo Merlos (enero 2000 – mayo 2000)
Mario René Cifuentes Echeverría (junio 2000 – julio 2000)
Rudio Lecsán Mérida (agosto 2000 – marzo 2001)
Enio Rivera Cardona (marzo 2001 – enero 2002)
Luis Arturo Paniagua Galicia (enero 2002 – octubre 2002)
Raúl Artímides Manchamé Ceiba (noviembre 2002 – julio 2003)
Oscar Raúl Segura Sánchez (julio 2003 – enero 2004)
LA PUERTA GIRATORIA:
Rotaciones durante la administración de Portillo
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
50
Los asesores presidenciales ayudaron también en la
administración del presupuesto nacional, encontrando las vías
para aumentar los dineros asignados al ejército, y en particular
al EMP (que por ley no está sujeto a inspección). Se transfirieron
al ejército fondos pertenecientes a otras asignaciones para
realizar patrullas conjuntas con la policía y para distribuir
fertilizantes y galletas escolares. En mayo de 2002, el entonces
ministro de Finanzas, Eduardo Weymann les dijo a los miembros
de la oposición en el Congreso que durante el gobierno de
Portillo se habían transferido 201,7 millones de quetzales al EMP
para el programa de la Biblioteca Presidencial para la Paz, la
visita de Juan Pablo II, y una amplia variedad de “gestión
presidencial”.147
El 23 de octubre de 2002, el entonces fiscal general Carlos de
León Argueta148 anunció que su oficina investigaría al general
Ortega Menaldo, al coronel Salán Sánchez, al coronel Rojas
Méndez, y a otros dos oficiales retirados del ejército – el general
Manuel Antonio Callejas y Callejas, y el general Mario Roberto
García Catalán – por sus presuntas conexiones con el crimen
organizado.149 El 5 de diciembre de ese mismo año, fueron
nombrados los fiscales del Ministerio Público que se encargarían
de la investigación. Esa misma noche, varios hombres armados
sin identificar le dispararon seis veces a de León cuando volvía a
su casa en la Ciudad de Guatemala. De León, quien escapó ileso
del incidente, expresó su convicción de que el ataque en su contra
estaba relacionado con las investigaciones.150
Estas investigaciones casi no han progresado. La fiscal especial
para corrupción, Karen Fischer, una de las fiscales asignada a la
investigación, renunció a su cargo el 13 de marzo de 2003. Cerca
de cuatro meses más tarde, la fiscal especial para amenazas contra
activistas humanitarios, Tatiana Morales, quien había
reemplazado a Fischer como fiscal especial para corrupción y
estaba asignada también en la investigación, renunció
igualmente.151 Al momento de publicar este libro, no habían
avances significativos en estas investigaciones.
El secuestro del poder judicial
En su discurso de posesión el 14 de enero de 2000, el presidente
Portillo declaró que,
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
51
La aplicación de la justicia… tiene una íntima relación
con los procesos de transformación del Estado. La
organización criminal, sea política o común, encarna un
poder paralelo al del Estado y constituye la principal
amenaza para consolidar el Estado Democrático de
Derecho. Se ejercen presiones de todo tipo para frenar los
procesos de reforma judicial. Además la cultura de
violencia nos impide resolver pacífica y legalmente
nuestros conflictos sociales. Vencer la tentación
autoritaria es una tarea ardua.152
De igual forma, en su discurso de posesión el 14 de enero
de 2004, el presidente Berger declaró que bajo su
administración “las mafías organizadas no serán
impunes”.153 Dicho compromiso lo ha reiterado en varias
ocasiones. Durante la reunión de abril del 2004 del Consejo
Permanente de la Organización de Estados Americanos, el
Presidente Berger reiteró,
Estamos comprometidos en asegurar que el sistema de
administración de justicia garantice un efectivo acceso a
la justicia y en impedir que los cuerpos ilegales actúen
(c) Moisés Castillo/ArchivoLatino.com
El ex vicepresidente Francisco Reyes López, el ex presidente Alfonso Portillo y el general
Efraín Ríos Montt durante la toma de posesión del Gobierno en enero de 2000.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
52
impunemente al margen de la ley. Nuestro mayor
desafío es en enfrentar el crimen organizado vinculado
al narcotráfico y desmantelar sus redes de influencia
en el aparato del Estado. Lo que hemos encontrado al
asumir el gobierno es muy grave y estamos conscientes
y actuando con la debida participación de todos los
sectores involucrados para combatir y detener de
inmediato este flagelo que puede socavar la
independencia, la capacidad y la integridad de las
instituciones públicas.154
Lamentablemente, durante ambas administraciones esta
situación ha permanecido incólume. Existen numerosas
acusaciones de credibilidad sobre intimidación, corrupción
y manipulación en el sector judicial.
En Guatemala, las intimidaciones y amenazas de muerte a
miembros de la rama judicial, a jueces y a fiscales, son
extremadamente comunes en casos relacionados con
violaciones a los derechos humanos y delitos políticamente
motivados, en los que los acusados eran antiguos o actuales
miembros del ejército, de las patrullas civiles, o
comisionados militares. En algunos casos las amenazas se
dirigen a influenciar decisiones del momento. En otros son
represalias por decisiones tomadas anteriormente. Un
informe de enero de 2000 de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas anotó que a muchos
jueces y fiscales se les niega un seguro de salud a causa de
que sus trabajos son considerados demasiado peligrosos.155
En su informe sobre derechos humanos en Guatemala de
febrero de 2004, el Departamento de Estado de EEUU
concluyó que,
amenazas e intimidaciones de operadores de justicia
fueron comunes en casos de violaciones a los derechos
humanos, particularmente cuando los demandados
eran miembros activos o retirados del ejército,
comisionados militares o ex miembros de las PAC ... los
demandantes, testigos, fiscales y juristas relacionados
en casos de alto perfil contra miembros del ejército
denunciaron amenazas, intimidación y vigilancia.156
Con frecuencia los testigos están demasiado asustados para
testificar.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
53
Lo normal es que haya interferencia política en los casos
legales, particularmente los que tienen que ver con cargos
de derechos humanos o corrupción en los que estén
involucrados altos oficiales. Los casos clave se asignan
habitualmente a jueces que parezcan parciales a favor del
acusado, porque han sido supuestamente sobornados, o por
temor a represalias por sus decisiones. Las evidencias
desaparecen a menudo de manera inexplicable. Incluso en
los casos en que se han hecho detenciones, los sospechosos
frecuentemente salen libres. Muy pocos casos son llevados
a juicio.
Un diplomático visiblemente molesto observó que, “Prácticamente
todos los sectores relacionados con la aplicación
de la ley, el poder judicial, el Ministerio Público y la policía
han sido comprados, o infiltrados o intimidados”.157
Después de su visita a Guatemala en 1999, Param
Cumaraswamy, relator especial sobre la independencia de
magistrados y abogados de la ONU, concluyó que la
corrupción, el tráfico de influencias y todos los males
asociados a éste siguen imperando, alimentado por los
factores políticos que continúan influenciando el ejercicio,
nombramiento y destitución de los jueces.158 Vale la pena
anotar que el Congreso y el presidente juegan un rol
importante en los nombramientos tanto para la Corte de
Constitucionalidad como para la Corte Suprema de Justicia.
Cumaraswamy señaló sus preocupaciones sobre el continuo
clima de impunidad y amenazas contra operadores de
justicia durante su segunda visita a Guatemala en el 2001.
En marzo de 2003, después de una visita oficial a Guatemala,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos señaló que,
En Guatemala, los ataques y amenazas a los operadores
de justicia, la existencia de presiones e influencias
indebidas sobre los jueces, la insuficiencia de recursos,
la falta de investigaciones serias y oportunas por parte
del Ministerio Público, en particular en casos de especial
trascendencia... son factores que contribuyen, entre otros,
a la impunidad generalizada que afecta seriamente el
Estado de Derecho.159
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
54
A finales de enero de 2004, el New York Times expresó su
preocupación por las amenazas e impunidad en el sistema
judicial comentando que,
Los 36 años de conflicto interno en Guatemala finalizaron
en 1996, sin embargo ex militares y paramilitares se han
dedicado al narcotráfico, contrabando de inmigrantes,
secuestro y robo. También han perpetrado ataques contra
defensores de derechos humanos, periodistas y jueces
quienes buscan someterlos a la justicia. El mundo a
penas comienza a reconocer los vínculos entre conflictos
armados y el crimen organizado... En Guatemala, la
influencia, los recursos y las armas en manos de ex
combatientes los hacen más poderosos que el sistema de
justicia del Estado.160
Los casos de derechos humanos y de corrupción de alto
perfil permanecen archivados en los tribunales. Los
abogados defensores abusan del sistema valiéndose de
numerosos acciones judiciales, por las cuales casi nunca
son sancionados. Los jueces rara vez rechazan apelaciones
superfluas o mociones claramente inválidas. En
consecuencia, estas medidas se usan como tácticas para
retardar, a menudo aplazándose un juicio durante meses e
(c) Fo. Prensa Libre, Guatemala
De izquierda a derecha, Gen. Edgar Augusto Godoy Gaitán, Col. Juan Valencia Osorio, Col.
Juan Guillermo Oliva Carrera y la justicia en el caso Mack.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
55
incluso años. Los interesados en condenar a los
responsables de abusos pasados o presentes tienen que
volver una y otra vez al tribunal cuando la defensa ocupa
todos los recursos y amparos posibles hasta llegar a la Corte
de Constitucionalidad.
El caso de alto perfil contra tres oficiales de inteligencia de
alto rango del ejército, el general Edgar Augusto Godoy
Gaitán, el coronel Juan Valencia Osorio (jefe del Archivo) y
el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera (segundo en
comando en el Archivo), como presuntos autores
intelectuales del asesinato en 1990 de la conocida
antropóloga Myrna Mack Chang ilustra claramente las
serias deficiencias del sistema judicial guatemalteco.
Después de repetidos retrasos, y a pesar de las contundentes
evidencias, solamente uno de los tres resultó
condenado, y esa condena fue posteriormente invalidada por
la corte de apelación sobre bases técnicas.161 Por fin, en
enero de 2004, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala
confirmó la sentencia de 30 años de prisión contra Valencia
Osorio; sentencia que se logró finalmente después de más
de una década.162 No obstante, Valencia logró fugarse poco
despúes de que la Cámara Penal emitiera la orden de su
captura. MINUGUA calificó la fuga como resultado de “la
negligencia y a la ineficacia de las instituciones
encargadas de aplicar justicia”.163 La Fiscalía General está
investigando la presunta participación de miembros de las
fuerzas armadas en la fuga de Valencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó acabo
una audiencia sobre el caso Mack en noviembre de 2002.
En diciembre de 2003, la Corte Interamericana estableció
la responsabilidad del Estado de Guatemala por la muerte y
la denegación de justicia en el caso de Myrna Mack. La
indemnización por daños y perjuicios morales y materiales
ordenada por la Corte al Estado ha sido la más alta en la
historia de la jurisprudencia de la Corte.164
La continuación de la impunidad
El resultado de un sistema judicial ineficaz y corrupto es la
continuación de la impunidad para los poderes ocultos y sus
colaboradores. El Instituto de Estudios Políticos, Económicos
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
56
y Sociales (IPES) en Guatemala lo sintetiza de la siguiente
manera:
En nuestra sociedad, agentes o ex agentes del Estado
han tejido una red secreta, detrás del telón, dedicada a
obstruir la justicia. Han creado prácticamente un gobierno
alternativo que funciona clandestinamente y que tiene su
propio modus operandi y su propia coherencia. En
semejante contexto, ni se esclarecen los delitos ni se
identifica a los responsables… las presiones, las
amenazas, los ataques y la corrupción forman parte de
los esfuerzos para minar y desmoralizar al poder judicial,
quien, sabiendo que no puede contar con unas fuerzas de
seguridad que garanticen el cumplimiento de la ley, se ve
obligado a ceder ante este poder paralelo.165
El relator especial de la ONU, Cumaraswamy, caracterizó la
impunidad como el “cáncer de Guatemala” que si no se
detiene y extirpa va a desestabilizar lenta pero
efectivamente la sociedad. El funcionario previno sobre la
presión militar sobre el sector judicial para proteger a su
propia gente de ser juzgados por pasados abusos, y lamentó
la falta de voluntad política para hacer frente a la impunidad
y a otros asuntos judiciales serios. Dijo también que la
consecuencia de esto es que el ciudadano medio tiene poca
confianza en el sistema judicial, citando una encuesta de
opinión de 1997 en la que resultó que al 88 por ciento de los
guatemaltecos entrevistados el sistema judicial les parecía
inadecuado.166
Reorganización de los ex PAC para
reconstruir una base electoral
Después de que el FRG asumiera el poder, se hicieron
esfuerzos concertados para reorganizar a los antiguos
miembros de las PAC. La Asociación de Veteranos Militares
de Guatemala (AVEMILGUA) impulsó esta iniciativa,
concentrándose en las áreas del país en donde el ejército
movilizó de manera más agresiva a las PAC para apoyar sus
campañas contrainsurgentes de “tierra arrasgada”.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
57
Fundada a mediados de los
noventa, la Asociación de
Veteranos Militares de Guatemala
(AVEMILGUA) comprende
más de 1.200 antiguos
miembros de las fuerzas armadas
guatemaltecas.167 La misión
de AVEMILGUA es ayudar a
incrementar el “honor, prestigio y
dignidad” del ejército, para
analizar la estrategia nacional y
para aumentar la conciencia de
los valores y funciones del ejército en un estado democrático.168 Tiene
oficinas en la Ciudad de Guatemala y en varios departamentos.
Hasta hace poco, el presidente de AVEMILGUA fue el general retirado
Víctor Manuel Argueta Villalta, quien fue jefe del EMP (abril 1982 - agosto
1983) durante la presidencia de Ríos Montt y tiene relaciones familiares
con la esposa de Ríos Montt. Argueta Villalta fue asesor del presidente y
vicepresidente del Congreso de Guatemala en el período 2002-2003,
cargos que en ese entonces detentaban Ríos Montt y su hija Zury
respectivamente.
El general Edgar Augusto Godoy Gaitán, ex director de inteligencia del
ejército (1986-1987) y jefe del EMP (1988-1991), era el secretario de
AVEMILGUA169 al comienzo de su fundación.
AVEMILGUA
En 2002, AVEMILGUA ayudó a organizar protestas masivas
de los ex PAC para exigir el pago de 20 mil quetzales a cada
ex patrullero, por los “servicios rendidos al Estado durante el
conflicto armado interno”.170 En junio de 2002, miles de ex
patrulleros se tomaron buena parte del departamento
norteño de Petén, cerraron el aeropuerto petenero y las
operaciones de petróleo crudo, y bloquearon el acceso al
famoso sitio arqueológico maya en Tikal, reteniendo a 62
turistas como rehenes. La organización de las protestas
estuvo a cargo de Rosenda Pérez Valles, presidenta de la
Asociación de Antiguos Miembros de las Patrullas de
Autodefensa Civil en el Petén. Su apoyo a las iniciativas del
FRG para reorganizar a los ex PAC no pasó desapercibido. El
2 de noviembre de 2003, Pérez Valles resultó electa como
diputada al Congreso de Guatemala por el FRG.
(c) Prensa Libre, Guatemala
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
58
El 10 de julio de 2002, el presidente Portillo declaró
públicamente que los antiguos miembros de las PAC “fueron
héroes que defendieron el país” cuyas demandas merecían
atención.171 Dos meses más tarde Portillo prometió pagar
los 20 mil quetzales a cada uno de los ex patrulleros.172
Aproximadamente 612 mil ex patrulleros se registraron
formalmente con la Secretaría para la Paz del gobierno para
recibir la compensación.
Los ex patrulleros han realizado numerosas manifestaciones
en todo el país debido a los retardos en la entrega
de los pagos prometidos. En mayo de 2003, algunos
miembros de los ex PAC incendiaron un edificio municipal
y un mercado en el departamento de Suchitepéquez y, a
fines de octubre de 2003, los ex patrulleros bloquearon las
vías y tomaron como rehenes a cuatro periodistas de Prensa
Libre en el departamento de Huehuetenango. El 1 de mayo
de 2004, alrededor de dos mil 500 miembros de las ex PAC
manifestaron en Nuevo Progreso, San Marcos para exigir el
pago completo que les había prometido el gobierno
eferregista.173 Cinco días después, miles de ex patrulleros
llegaron a manifestar a la capital demandando que si no se
les pagaba “retomarían las medidas de hecho”.174 Para
julio, miembros de las ex PAC se concentraron en las
principales rutas nacionales de San Marcos, Retalhuleu,
Sololá y Huehuetenango como medida para presionar al
gobierno.175
La reorganización de los ex PAC y la decisión de Portillo de
compensarlos causó alarma en la comunidad internacional.
MINUGUA hizo una declaración expresando su preocupación
de que el gobierno hubiera escogido compensar a “un grupo
asociado con graves violaciones a los derechos humanos”
en un momento en que el programa nacional de
resarcimiento no avanzaba para nada.176 La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos expresó,
su profunda preocupación por la reorganización de
grupos de ex miembros de las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) y la existencia de estructuras clandestinas
vinculadas con el Estado o vinculadas a intereses
económicos o de otro orden, que actúan con la
participación o tolerancia de agentes estatales.177
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
59
Las elecciones
presidenciales y
legislativas el 9 de
noviembre de 2003 fueron
cruciales para calibrar la
habilidad del FRG para
mantener o consolidar
aún más su poder político.
Muchos guatemaltecos
percibieron la
compensación a los ex
PAC como una
escandalosa tentativa de comprar votos para el FRG con el
fin de consolidar la base electoral del partido y garantizar la
elección del general Ríos Montt como presidente. Un editorial
calificó la compensación a los ex PAC como “un mero
proyecto electoral del FRG”, amonestando al gobierno de
Portillo por haber asumido una deuda pública de 700
millones de dólares con el fin de “obtener un bolsón de
fondos a utilizar previo a las elecciones”.178
Si el pago a los ex PAC era en efecto una estrategia electoral
del FRG, ésta fracasó miserablemente. Hubo una alta
participación en las elecciones y el FRG quedó excluido del
ejecutivo. Ríos Montt quedó de tercero con cerca del 20 por
ciento de los votos. Cuando dejó su cargo como presidente
del Congreso de Guatemala en enero de 2004, Ríos Montt
perdió su inmunidad legislativa. Ahora los casos judiciales
pendientes en su contra por su papel en el genocidio de
comienzos de los ochenta podrán proceder.179
El FRG no es el único partido político que ha sido receptivo a
las demandas de los ex PAC. A pesar de las diversas
críticas sobre la compensación a los ex PAC, el Presidente
Óscar Berger ha reiterado en múltiples ocasiones su
compromiso por cumplir con la entrega de los pagos
prometidos. En un mitín con miembros de las ex PAC durante
su campaña electoral, Berger manifestó, ‘’No soy
populista. No vengo a comprar sus votos. Vamos a pagarles,
no sólo porque es un compromiso que firmó Portillo, sino
porque tenemos conciencia y somos justos con los más
pobres y los que más han sufrido”.180
(c) Prensa Libre, Guatemala
Ex miembros de las Patrullas de Autodefensa
Civil (PACs) demandan compensación por los
“servidos rendidos” al Estado durante el
conflicto armado interno.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
60
No obstante, en diciembre de 2003, la Corte de
Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional el
pago a los ex PAC argumentando que el Presidente no puede
disponer de los fondos del presupuesto de la nación por
medio de un acuerdo gubernativo debido a que dicha
función le corresponde a la rama legislativa.181 Seís meses
después, la CC confirmó su dictamen al declarar
inconstitucional la compensación a los ex PAC. El
Presidente Berger respondió indicando que buscaría otro
mecanismo para cumplir con su promesa de campaña.182
Por su parte, el líder del Partido Patriota Otto Pérez Molina
se ha convertido en un enlace principal con los ex
miembros de las PAC, quienes considera “sirvieron al
Estado y es justo que se les reconozcan sus servicios con
dinero”.183 Luego de la resolución de la CC, el Partido
Patriota presentó una iniciativa de ley ante el Congreso
encaminada a legalizar la compensación a los ex PAC. El 19
de agosto de 2004, el Congreso aprobó la ley de urgencia
nacional. Según la ley, cada miembro de las ex PAC deberá
recibir tres pagos por un total de 5.241 quetzales en lo que
resta del 2004 y los próximos dos años.184 Para cumplir con
lo establecido por la ley, el gobierno deberá proveer al menos
2,4 millones de quetzales, por ello, el presidente actualmente
está analizando vetar la ley.185
Aliados/incursiones dentro de otros
partidos políticos
Aunque la derrota del FRG en las elecciones de noviembre
de 2003 es un golpe incuestionable para los poderes ocultos,
hay indicaciones de que estos han seguido una estrategia
calculada que les ha permitido hacer incursiones en otros
partidos políticos y en el actual gobierno. Las organizaciones
de la sociedad civil guatemalteca han advertido sobre el
hecho de que los poderes ocultos han desarrollado relaciones
con la mayoría – y quizás todos - de los partidos políticos, con
el fin de proteger, fortalecer y consolidar su poder. Previo a
las elecciones la defensora de los derechos humanos, Helen
Mack, observó que:
[...] no se trata de que el FRG y Ríos Montt encarnen los
intereses de los poderes ocultos y emergentes. Plantear
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
61
este tipo de “monopolios” sería plantear un análisis
pobre, reducido y sesgado... En especial, los poderes
ocultos han logrado colocar gente de su confianza en
algunas candidaturas, o como dirigentes partidarios,
asesores de campaña... 186
La posibilidad de que los poderes ocultos hayan efectuado
contribuciones financieras a varias campañas políticas ha
suscitado igualmente inquietud. Bajo la ley guatemalteca
este tipo de contribuciones no necesita ser divulgado,
pudiendo incluso permanecer anónimo. Lo que hace muy
difícil una investigación al respecto. A principios del 2004,
la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido de
Avanzada Nacional (PAN) se vieron implicados en la
triangulación de 3,6 millones de quetzales de la Contraloría
General de Cuentas de la Nación a través de la
organización no gubernamental Asociación Amigos en
Acción presuntamente para el financiamiento de sus
respectivas campañas electorales.187 Según informes, la
UNE también recibió 1,5 millones de quetzales del ex jefe de
la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
Marco Tulio Abadío, para financiar la campaña.188
(c) Michel Huneault
Guatemaltecos esperando a votar en las elecciones generales el 9 de noviembre de 2003,
Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
Muchos perciben la amplia participación en los partidos
políticos de militares retirados que han estado
presuntamente involucrados en el pasado en violaciones a
los derechos humanos, como una tentativa de asegurar una
parte del poder en cualquier gobierno con el fin de
garantizar el mantenimiento de la impunidad para los
poderes ocultos y sus redes clandestinas. Entre los militares
retirados con participación partidaria y recientemente
elegidos están, el general Otto Pérez Molina, implicado en
varias violaciones a los derechos humanos, ex Comisionado
Presidencial para la Seguridad y la Defensa Nacional, y
diputado en el Congreso guatemalteco por el Partido
Patriota; el general Sergio Camargo Muralles, egresado de
la Escuela de las Américas, segundo jefe del Estado Mayor
Presidencial de 1989 a 1991, testigo para la defensa en el
caso de Myrna Mack y actualmente diputado para el partido
Movimiento de Solidaridad Nacional, y el diputado para el
partido Movimiento Reformador, Hugo Haroldo Hun Ponce,
egresado de la Escuela de las Américas y oficial de la
Dirección de Inteligencia (D-2) a principios de los 90.189
Los poderes ocultos se las han ingeniado para incrustarse a
sí mismos dentro de las estructuras estatales existentes y
operar en las sombras para proteger sus intereses. El muro
de impunidad que estos grupos han construido les ha
servido para garantizar la continuación de sus actividades
ilegales. El presidente Berger y el gobierno de Guatemala
deben plantearse como un asunto de alta prioridad la
investigación y condena de estos grupos.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
62
E
63
n los últimos cuatro años el problema de los poderes
ocultos y de sus grupos clandestinos ha saltado a
primera plana en la sociedad guatemalteca. A través
de su presidencia Alfonso Portillo hizo referencia al
fenómeno de los poderes ocultos y de los grupos clandestinos
en Guatemala. El 1 de marzo de 2000, solamente un mes y
medio después de haberse posesionado, el presidente
participó en un seminario regional sobre “La formulación de
las políticas de defensa en sociedades democráticas”. En
compañía de su ministro de la Defensa y de la embajadora
estadounidense, Prudence Bushnell, Portillo se dirigió a
una audiencia mixta de civiles y militares diciendo que durante
su corta estadía en la presidencia se había dado
cuenta de que el poder del estado no descansaba en la
presidencia sino que lo sostenían poderes ocultos por fuera
de la ley.190
En noviembre de 2001, casi al final del segundo año de su
período, Portillo declaró que los grupos clandestinos estaban
“incrustados en las instituciones del Estado”.191
A pesar de esta retórica, la administración de Portillo fue
negligente en investigar o en tomar medidas para frenar
las actividades ilegales de los poderes ocultos y de sus
grupos clandestinos, a pesar de que la situación de
derechos humanos del país se deterioraba notoriamente.
Los principales grupos de la sociedad civil guatemalteca
hicieron sonar la alarma y criticaron de manera
consistente la falta de acción del gobierno. En agosto de
2000, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) de la
Iglesia Católica emitió una declaración pública
argumentando que el país enfrentaba una realidad muy
grave en términos de la deficiente aplicación de la justicia.
La CEG citaba la falta de voluntad política y la ineficacia del
actual sistema judicial como las causas, y anotaba que,
“poderes paralelos, por otra parte, tratan de obstruir las
investigaciones, causando angustia y miedo entre la gente
y manteniendo el clima de impunidad”.192
Perspectivas guatemaltecas sobre los
poderes ocultos
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
64
En marzo de 2001, la
Fundación Rigoberta Menchú
establecida por la premio
Nobel de la Paz guatemalteca,
publicó un comunicado de
prensa pidiendo que:
[...] el Estado se tomen las
medidas pertinentes para
revertir el deterioro al que nos
enfrentamos en materia de
derechos humanos
emprendiendo un ataque claro y
frontal contra grupos clandestinos que operan con total
impunidad bajo la sombra protectora de instituciones y
funcionarios del Estado; que se inicien las
investigaciones pertinentes y se llegue hasta las
últimas consecuencias, se procese y condene a los
responsables.193
Los niveles de temor y exasperación aumentaron al año
siguiente debido al empeoramiento de la situación de
derechos humanos y a que muchos de sus colegas fueron
amenazados y víctimas de ataques. De ahí que los líderes
de derechos humanos decidieran que era necesario
organizarse y tomar medidas drásticas para sacar el tema
a la luz pública.
La seguridad no se negocia
El 22 de marzo de 2002, dieciocho organizaciones
guatemaltecas de derechos humanos redactaron, firmaron
y presentaron conjuntamente un documento titulado, “La
seguridad no se negocia” ante el entonces vicepresidente
Juan Francisco Reyes López (quien estaba reemplazando al
presidente Portillo que estaba fuera del país). En el
documento las organizaciones denunciaban una variedad
de violaciones graves “desde llamadas telefónicas,
seguimientos, vigilancia e intercepciones telefónicas,
comunicaciones por fax y por email, hasta casas y oficinas
requisadas, secuestros, asaltos y homicidios”.194 El
documento declara textualmente que, (
c) Prensa Libre, Guatemala
Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la
Paz 1992.
65
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
Los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos
clandestinos no pueden funcionar sin la aquiescencia
del estado por lo que no podemos aceptar como
respuesta del estado el argumento de ignorar su
existencia o de reconocer que están fuera de su
control.195
Las organizaciones pidieron que el Gabinete de Seguridad,
compuesto en ese entonces por los ministros clave del
gobierno,196 les informará sobre los siguientes asuntos para
mediados de abril de 2002:
�� los resultados de la investigación que se realiza,
tendiente a la identificación y procesamiento de los
miembros de los cuerpos de seguridad ilegales y los
aparatos de seguridad del Estado que están actuando
fuera de la ley;
�� los resultados de las investigaciones realizadas en torno
a los diversos hechos de violencia denunciados, tendiente
a la identificación de los autores intelectuales y
materiales; y
�� los mecanismos de seguridad e investigación que se
implementen para la seguridad de los defensores y
organizaciones de derechos humanos y sociales.197
Por invitación de Reyes López, el 16 de abril se reunieron
los representantes de las organizaciones con el gabinete de
seguridad. Como no hubo respuesta efectiva a sus demandas,
éstos reiteraron las inquietudes presentadas en el
documento “La seguridad no se negocia”. La fecha límite
para obtener una respuesta se extendió al 15 de mayo, y se
pospuso una vez más hasta el 27 de mayo por solicitud del
Gabinete de Seguridad.
En un segundo encuentro, el 28 de mayo de 2002, el
gabinete de seguridad les presentó dos informes a los líderes
de derechos humanos. En el primero, el ministro de
Gobernación y el fiscal general detallaron los progresos
hechos en la investigación de nueve casos, ninguno de los
cuales había reportado resultados positivos. La mayoría de
los casos fueron atribuidos a la delincuencia común.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
66
El segundo informe, preparado
por la Secretaría de Análisis
Estratégico del presidente
(SAE), confirma la existencia
de grupos clandestinos en el
país, pero no proporciona
ninguna información nueva
ni identifica a los poderes
ocultos tras ellos. Y concluye
que, “es preciso una acción
decidida del sistema de
seguridad y justicia para
identificar, desmantelar y
sancionar a los responsables de las acciones ilegales
denunciadas”.198 En un memorándum confidencial urgente
que acompañaba el informe se concluía que informes de
MINUGUA demuestran que el fenómeno ha estado presente
durante la transición política y en el período de posguerra,
manteniendo ciertos rasgos, los cuales se acentuaron, en el
caso en que las víctimas son miembros de organizaciones
sociales, en el último período.199
Aparentemente no hubo consenso entre los altos oficiales
de la administración de Portillo acerca de las conclusiones
del informe. En una entrevista de prensa, el director de la
SAE Edgar Gutiérrez admitió que algunas entidades
estatales se habían negado a cooperar en la preparación del
informe, y confesó que la investigación se fundamentó
básicamente en información de MINUGUA. Poco después, el
ex ministro de la Defensa y entonces ministro de
Gobernación, Eduardo Arévalo Lacs, comentó que, “Los
informes de MINUGUA no prueban nada. Es solamente una
opinión. De otro modo servirían como evidencia en un
juicio. No se pueden descartar pero tampoco se pueden
verificar”.200
A finales de mayo de 2002, el entonces fiscal general,
Carlos de León Argueta, el principal responsable del
gobierno para investigar y procesar las amenazas y ataques
contra los defensores de derechos humanos, adoptó otra
medida. El fiscal nombró a la abogada penalista, Tatiana
Morales, como “fiscal especial para las amenazas contra los
activistas humanitarios” para encargarse de estos casos.
Los defensores de derechos humanos guatemaltecos vieron
(c) Prensa Libre, Guatemala
Helen Mack, defensora de los derechos
humanos
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
67
esto como un gesto simbólico, y expresaron la opinión de
que sin un mayor presupuesto, más personal investigador y
la cooperación de otras instituciones gubernamentales, Morales
sola no podría hacer mucho. Los defensores
continuaron expresando su escepticismo acerca de la
voluntad del gobierno para investigar exhaustivamente los
casos.
Una comisión presidencial
Mientras tanto, el 24 de mayo de 2002, el ejecutivo emitió
el Acuerdo Gubernativo Número 1170-2002, que creaba la
Comisión Presidencial para la Investigación de las
Amenazas e Intimidaciones denunciadas por Miembros de
Organismos y Organizaciones de Derechos Humanos.
Según el Acuerdo, la Comisión buscaba “promover las
acciones legales que correspondan para frenar el proceder
de quienes, aparándose en el anonimato pretenden
sembrar pánico entre la sociedad civil organizada”.201 La
Comisión, coordinada por Reyes López, la conformaban
Arévalo Lacs, Gutiérrez y de León Argueta.
A pesar de su nombramiento en la comisión presidencial,
dos días más tarde Reyes López trató de restar importancia
a la gravedad de la situación de derechos humanos en el
país, explicando que,
Guatemala, al igual que cualquier país del mundo,
tiene detalles que hay que mejorar, aunque el gabinete
de seguridad se activa cada día más, no porque exista
intensificación de problemas, sino porque todos los
problemas que existan hay que verlos... no hay crisis
en el respeto a los derechos humanos en Guatemala.202
Una vez más los funcionarios del gobierno transmitían un
mensaje confuso. La posición de Reyes López fue
agudamente refutada por el recién electo procurador de
derechos humanos, Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado,
quien dijo que, “existen pruebas de que no es una
invención sino una realidad y así lo ha reconocido, incluso,
el Ejecutivo en sus declaraciones recientes. Se debe ir
mas allá, reconocer el problema pero buscar cómo
combatirlo”.203
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
68
Trentiuno organizaciones de la sociedad civil criticaron la
comisión de Portillo, expresando su convencimiento de que
son las instituciones existentes del estado las que deben
hacer frente a la crisis de derechos humanos y no
mecanismos ad-hoc como la comisión. Las organizaciones
explicaron además, que no se cerraban al diálogo con el
gobierno, pero que simplemente sentían que cualquier
diálogo tenía que estar condicionado a la identificación,
captura y procesamiento de los miembros de los grupos
clandestinos que se presume son los responsables de la
represión.205 Portillo respondió diciendo que, “Vamos a ver
caso por caso, pero si no nos ayudan y no nos dan
información, va a ser muy difícil”.206
El 7 de junio de 2002, poco después de la visita de Hina Jilani,
representante especial del secretario general de las Naciones Unidas
para los defensores de los derechos humanos, salió publicado un
comunicado de un grupo autodenominado “Guatemaltecos de Verdad”,
que fue enviado por fax a once periodistas y defensores de derechos
humanos, amenazándolos de muerte por “enemigos de la patria”.
El comunicado proclamaba que las “seudoorganizaciones de derechos
humanos y sus simpatizantes se han dedicado a desprestigiar la
imagen de la patria y el triunfo de la democracia sobre el comunismo
ganado con sangre por nuestros heroicos soldados”. La carta
denunciaba a los receptores de la misma por haberse reunido con Hina
Jilani “a quien le besaron los pies y se pusieron de alfombra”.
Y continuaba diciendo que, “estos malditos personajes son una lacra
para la sociedad. Son parásitos de los derechos humanos, que deben
ser exterminados, como se erradica un cáncer”, concluyendo
amenazante que:
Los pájaros deberán pagarlo con su sangre. Los primeros en
sentir el sabor del acero de nuestras balas serán: Clara Arenas,
Miguel Angel Albizurez, Miguel Angel Sandoval, Nery Rodenas,
Frank LaRue, Mario Polanco, Abner Guoz, Marielos Monzón,
Ronaldo Robles, Rosa María Bolaños, la china maldita, Helen
Mack... La lista sigue. Las advertencias están de más, ahora
actuaremos de verdad para que estos traidores a la patria
chillen por algo haber si es cierto que tanto pedo para cagar
aguado... Activista visto... Activista muerto!!!204
“¿GUATEMALTECOS DE VERDAD?”
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
69
La diputada de la oposición en el Congreso, Nineth
Montenegro, de la Alianza Nueva Nación (ANN) señaló que
Portillo a menudo convoca comisiones ad-hoc para dar la
apariencia de que está preocupado por asuntos sociales
urgentes, pero que finalmente no se toma ninguna medida.
Helen Mack estuvo de acuerdo al decir que, “una comisión
es una manera para que digan que están haciendo algo,
cuando en la realidad se sabe que nada se va a lograr”.207
Corto tiempo después, el 7 de junio de 2002, luego de que
once prominentes líderes de derechos humanos y
periodistas recibieran por fax una carta con amenazas de
muerte el portavoz del gobierno, Byron Barrera volvió a
quitarle importancia a la gravedad de la situación, diciendo
que,
Por supuesto que estamos preocupados, pero se han
exagerado las amenazas... Nosotros tenemos muchos
problemas, como pobreza y desempleo que son más
graves. Pero que alguien pueda pensar que hay
grupos clandestinos armados en Guatemala, eso es
absurdo.208
La comunidad de derechos humanos reaccionó indignada y
aterrorizada. “Creemos que el gobierno sabe perfectamente
bien quiénes son esos grupos clandestinos” dijo Frank
LaRue, el entonces director del Centro para la Acción Legal
en Derechos Humanos (CALDH). “Pero el gobierno no tiene
interés en tomar medidas para detenerlos”.209
Rechazando lo que ellos consideran como aperturas huecas
del gobierno y el presidente, los grupos de derechos
humanos solicitaron medidas cautelares de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) en
reconocimiento a su vulnerabilidad.210 El 13 de junio de
2002, la CIDH expresó su preocupación por las amenazas a
los defensores guatemaltecos de los derechos humanos,
haciendo hincapié en la obligación del estado de “proteger la
vida e integridad física de los defensores de derechos
humanos y garantizarles el completo ejercicio de sus
actividades en favor de los derechos humanos”.211
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
70
A comienzos de diciembre de 2002, se reunió en Guatemala
el primer Congreso Nacional de Derechos Humanos. Los
165 delegados que participaron en el congreso señalaron
con preocupación que habían ocurrido numerosos ataques
contra organizaciones y defensores de derechos humanos, y
lamentaron que hasta la fecha los miembros de los grupos
clandestinos no habían “sido investigados exhaustivamente,
procesados y encarcelados”. El Congreso resolvió
“hacer un llamado a las Naciones Unidas y a la
Organización de Estados Americanos (OEA) para establecer,
junto con el gobierno guatemalteco, una comisión para
investigar a los grupos clandestinos armados y darle
seguimiento al proceso de paz”.212
Como se mencionó antes, las amenazas y ataques contra
los defensores de los derechos humanos continuaron durante
2003 y en el primer trimestre de 2004.
Las creciente preocupación por la existencia de grupos
clandestinos y los continuos ataques contra líderes de la
sociedad civil conllevaron a la solicitud por parte del
Procurador de Derechos Humanos y organizaciones de
derechos humanos para la creación de una comisión
internacional en Guatemala para investigar a estos grupos
(Véase página 85 para mayor información). Tanto la
administración de Portillo como la actual administración de
Óscar Berger han reconocido la existencia de los grupos
clandestinos y a las estructuras detrás de ellos. No obstante,
hasta la fecha, los esfuerzos por investigar y eliminar
a los cuerpos clandestinos han sido insuficientes. A menos
que el gobierno de Guatemala y el presidente Berger
demuestren una clara voluntad política, la situación de los
derechos humanos seguirá deteriorando y la fe de los
ciudadanos guatemaltecos en su gobierno y en el estado de
derecho va a continuar degrandándose.
71
a comunidad internacional se ha unido al coro de
desaprobaciones por los insistentes ataques contra
los defensores de los derechos humanos y otros
líderes de la sociedad civil, y por la impunidad con la que los
responsables operan en Guatemala. Los donantes
internacionales no se fían de la corrupción endémica y de
la incapacidad del gobierno para cumplir con sus
obligaciones dentro del proceso de paz. Los proponentes del
mercado libre en la región están preocupados por la alta
tasa de criminalidad, el lavado de dinero y las actividades
del crimen organizado. Existe un consenso rotundo y en
aumento de que hay que investigar y desmantelar a los
grupos clandestinos y a las estructuras detrás de estos en
Guatemala. Esta sección del informe ofrece una estimación
de las acciones emprendidas por varios actores clave de la
comunidad internacional.
Naciones Unidas (ONU)
En 1994 las Naciones Unidas establecieron la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA) para verificar los esfuerzos tendientes a poner
fin a la discriminación, combatir la impunidad, fortalecer
las instituciones responsables de la seguridad (el ejército,
la Policía Nacional Civil, y la Procuradoría de Derechos
Humanos), desmantelar los grupos irregulares o
clandestinos, y proteger a los defensores de los derechos
humanos. MINUGUA presenta un informe anual indicando
los progresos en cada una de estas áreas. El informe ha
documentado de manera consistente la continuación de los
grupos ilegales armados y de los aparatos clandestinos de
seguridad en Guatemala.
Luego de un notorio incremento en el número de ataques a
comienzos de 2002, las Naciones Unidas enviaron en visita
oficial a Guatemala a la Representante Especial del
Secretario General para los defensores de los derechos
humanos, Hina Jilani, quien viajó por invitación del
Preocupación internacional respecto
a los poderes ocultos
L
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
72
gobierno guatemalteco. La
visita duró seis días y tenía el
propósito de evaluar la situación
de los defensores de
derechos humanos, y examinar
específicamente el
marco legal así como supuestos
incidentes relacionados
con la defensa de
los derechos humanos en el
país.
En una declaración del 1 de
junio de 2002, al final de la
visita, Jilani,
instó al gobierno a poner fin a la impunidad por
violaciones pasadas y presentes y a realizar una
investigación exhaustiva e independiente de las
acusaciones de violaciones contra los defensores de los
derechos humanos y de la presunta existencia de grupos
clandestinos.213
En una entrevista de prensa declaró que, “Aunque no tengo
evidencia directa de sus vínculos con el ejército o la policía,
he escuchado testimonios confiables y creíbles de que
existen”.214 Y subrayó también la necesidad de desarrollar
estrategias para identificar a los grupos clandestinos.
El presidente Portillo cuestionó públicamente las
afirmaciones de Jilani sobre la existencia de grupos
paramilitares con vínculos con el ejército y con la Policía
Nacional Civil (PNC), diciendo que en Guatemala nadie era
capaz de saber la “absoluta verdad” y que cualquiera que
dijera lo contrario era un “mentiroso”. Portillo caracterizó la
interpretación de Jilani como “muy subjetiva” y sugirió que
ella necesitaba escuchar “todas las versiones” de la
historia.215
Unos seis meses más tarde, cuando la situación de
derechos humanos en el país se había deteriorado aún
más, Jilani hizo otra declaración pública en la que se
lee:
(c) Prensa Libre, Guatemala
Hina Jilani, Representante Especial del
Secretario General para los defensores de
los derechos humanos.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
73
La participación de grupos y estructuras clandestinas en
ataques contra los defensores y las acusaciones de sus
vínculos a las fuerzas de seguridad del estado es un
asunto de gran preocupación al que el gobierno debe
hacer frente con urgencia.216
Jilani dijo que había tomado nota de propuestas recientes
para establecer una comisión investigadora internacional
en Guatemala para investigar esas acusaciones.
Durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas celebrada en agosto de 2003, el Secretario General
Kofi Annan, informó a la Asamblea que en Guatemala, “la
seguridad pública deterioró, la impunidad persiste, y el
clima de intimidaciones contra defensores de derechos
humanos, activistas sociales y periodistas ... continúa.”
Según el Secretario General, los casos de intimidaciones,
amenazas y violencia contra defensores de derechos
humanos “resaltaron el problema de los grupos
clandestinos, presuntamente responsables de un gran
número de los ataques”.217
La Organización de Estados Americanos
(OEA)
Del 23 al 26 de julio de 2002, una delegación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo también
una visita oficial a Guatemala para evaluar la situación de
los defensores de derechos humanos. La CIDH expresó,
su profunda preocupación por la reorganización de
grupos de ex miembros de las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) y la existencia de estructuras
clandestinas vinculadas con el Estado o vinculadas a
intereses económicos o de otro orden, que actúan con
la participación o tolerancia de agentes estatales.
Y añadió después que,
Es indispensable que el monopolio de la fuerza sea
mantenido exclusivamente por quienes tienen
mandato constitucional, y que las autoridades
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
74
responsables apliquen la debida diligencia para
investigar, enjuiciar y sancionar a los integrantes de
los llamados ‘grupos clandestinos’.218
Otra delegación de la CIDH visitó Guatemala en marzo de
2003, para examinar la situación de los defensores de
derechos humanos y de los y las trabajadores del sector judicial,
la “limpieza social” y las ejecuciones extrajudiciales
de adolescentes quienes pertenecen a maras, y el asunto
de la compensación de los antiguos miembros de las
Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Al concluir su visita, los integrantes de la delegación
señalaron que, “La CIDH no puede ocultar su seria
preocupación sobre la falta de avances en asuntos cruciales
para la preservación y el fortalecimiento del Estado de
Derecho”.219 En comparación con la delegación anterior en
julio de 2002, esta vez la CIDH encontró un incremento
importante de los ataques y amenazas que revelaba un
modelo de intimidación sistemática contra los defensores
de los derechos humanos.
En un informe preliminar sobre la delegación, la CIDH
concluye que,
la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y la
exclusión social de diversos sectores, representan un
serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del
Estado de Derecho y restringen el pleno goce de los
derechos humanos que la Convención Americana reconoce
a toda persona.220
La CIDH declaró que había recibido información confiable,
de manera continua, sobre la existencia de grupos
clandestinos y de aparatos ilegales de seguridad. En su
informe la CIDH anota que,
Estos grupos [clandestinos] han sido asociados con
narcotráfico, secuestros, contrabando, robos en gran
escala y en particular con ataques y amenazas a los
defensores de derechos humanos, operadores de justicia,
testigos, periodistas, sindicalistas y otros sectores
sociales.221
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
75
En su informe final, “Justicia e inclusión social: los desafíos
de la democracia en Guatemala”, presentado en marzo de
2004, la CIDH declara que,
El Estado de Derecho y la democracia en Guatemala no
podrán consolidarse mientras continúe existiendo un
Poder Judicial ineficiente que no investiga debidamente
las gravísimas violaciones a los derechos humanos del
pasado, así como las violaciones del presente, y permita
que la impunidad siga imperando. El sistema de
administración de justicia guatemalteco debe ... impedir
que los cuerpos ilegales actúen impunemente al margen
de la ley, e impedir que los defensores de derechos
humanos, operadores de justicia, periodistas,
sindicalistas y otros líderes sociales sean objeto de
asesinatos, amenazas e intimidaciones.222
La CIDH ha expresado su completo apoyo a la propuesta de
establecer una comisión internacional para investigar a los
grupos clandestinos.
La Unión Europea (UE)
El 11 de abril de 2002, por voto unánime el Parlamento
Europeo aprobó una resolución relacionada con la situación
de derechos humanos en Guatemala. Por medio de esta
resolución el Parlamento manifestó su preocupación
por la escalada de intimidación contra todos los
implicados en los esfuerzos para hacer frente a la
impunidad, los supervivientes, los testigos, las ONG, los
periodistas, los políticos, los religiosos, los líderes de
trabajadores rurales y, en particular, las repetidas
amenazas contra los médicos forenses implicados en
esfuerzos por exhumar fosas comunes, con el fin de
recoger pruebas para posibles enjuiciamientos.
La resolución solicita
al Gobierno de Guatemala que asuma su
responsabilidad en el control y la sanción de los grupos
clandestinos, la seguridad de sus ciudadanos y la
investigación de los múltiples casos de violaciones de
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
76
derechos humanos, en parte pendientes desde hace diez
años y que dé cumplimiento al desmantelamiento de
aquellos órganos de acuerdo con lo previsto en los
Acuerdos de Paz.223
El 10 de diciembre de 2002, el Consejo para América Latina
(COLAT) y sus delegados de quince estados miembros de la
UE aprobó una resolución que le daba al gobierno
guatemalteco sesenta días para tomar medidas concretas
para implementar los compromisos pendientes de los
Acuerdos de Paz, y para combatir a los “grupos paralelos”, el
narcotráfico, contrabando y corrupción. Philippe Combescot,
el entonces jefe de la misión de la UE en Guatemala, dijo
que se estaba discutiendo la suspensión de la ayuda bilateral
al ejecutivo.224
En abril de 2003, el Parlamento Europeo aprobó otra
resolución respecto a la situación de Guatemala. Por medio
de esta resolución, el Parlamento reconoció que con base
en información suministrada por las organizaciones de
derechos humanos
se ha producido un incremento de las violaciones de
los derechos humanos y que el sistema de administración
de justicia afronta un creciente deterioro, ya que el
actual Gobierno no le ha proporcionado los recursos
necesarios.
El Parlamento expresó su preocupación por las víctimas de
la creciente violencia e hizo un llamado al gobierno
guatemalteco “que elimine la impunidad, mejore la
seguridad civil y garantice los derechos humanos”.225
El gobierno estadounidense
Altos funcionarios del gobierno estadounidense declararon
repetidamente que existían sospechas de que el gobierno de
Alfonso Portillo tenía vínculos con el narcotráfico, así como
sospechas de corrupción y de abusos a los derechos
humanos. El gobierno estadounidense ha comenzado a
tomar medidas para enfrentar el ambiente de impunidad
que prevalece en Guatemala.
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
77
En mayo de 2002, el Departamento de Estado comenzó a
revocarles las visas a varios guatemaltecos influyentes por
su participación en el crimen organizado, lavado de dinero y
corrupción. Entre las personas a las que se les negó la
entrada en EEUU está el general Francisco Ortega Menaldo;
el banquero Alvarado MacDonald y sus hijos; César Medina
Farfán quien presuntamente estuvo implicado en
malversaciones en el ministerio de Gobernación y tomó
prestado el avión presidencial para realizar negocios turbios
en Panamá; José Armando Llort, por su administración
corrupta del Crédito Hipotecario Nacional (CHN)226 ; el ex
ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Pública (MICIVI) Luis Armando Rabbé, por su presunta
implicación en un escándalo de corrupción relacionado con
20 millones de dólares; el ex ministro de Finanzas Manuel
Maza Castellanos, por la contratación anómala que realizó
al MICIVI; y Adolfo Lacs Palomo, por su apropiación ilegal de
acciones en el Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Varios
meses después fueron añadidos en la lista, el general
Manuel Antonio Callejas y Callejas y el coronel Napoléon
Rojas Méndez por sus implicaciones en narcotráfico y en el
crimen organizado. A mediados del 2003, el gobierno de
Estados Unidos revocó las visas a seis personas sindicadas
en la estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS) incluyendo al ex presidente del
Seguro Social Carlos Wohlers y Jorge Mario Nufio, ex asesor
del FRG y del general Ríos Montt. Para marzo de 2004, la
lista había crecido aún más. Entre los nuevos ingresados a
ésta se encuentran, el ex recaudador de impuestos Marco
Tulio Abadío, ex contralor general de cuentas Óscar Dubón
Palma, el ex secretario privado de la Presidencia Julio
Girón, el ex vicepresidente Francisco Reyes López y su hijo
Juan Francisco Reyes Wild, y el ex mandatario Alfonso
Portillo.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
78
En marzo de 2001, el gobierno guatemalteco
depositó un total de 1,5 millones de quetzales
en dos bancos, el Banco Promotor y el
Banco Metropolitano, de los que se sabía
que tenían serios problemas financieros. A
pesar de la inyección de dinero, ambos
bancos se fueron en bancarrota, y la hacienda
pública nacional, así como muchos de
los que tenían allí sus cuentas, perdieron
enormes cantidades de dinero. Francisco
Alvarado MacDonald, un amigo personal del
presidente Portillo, era proprietario de estos
‘bancos gemelos’ como pasaron a ser
conocidos. Alvarado MacDonald era principal financista de la campaña
electoral de Portillo, fiador de su lujosa residencia y le había dado
“prestado” un Mercedes Benz blindado. Siglo Veintiuno descubrió que
diez camionetas Grand Cherokee Laredo 2000 fueron compradas por el
Estado Mayor Presidencial (EMP), sin licitación, a la Importadora
Comercial Industrial, S.A. (INCISA) cuyo vicepresidente es Alvarado
MacDonald.
En julio de 2001, el juez Marco Antonio Posadas Pichillá confirmó un
amparo provisional que bloqueaba la adquisición de los bancos por las
autoridades gubernamentales. De acuerdo a artículos de prensa, la
decisión de Posadas Pichillá sobrepasó los límites de su autoridad
judicial con el fin de proteger los intereses de Alvarado MacDonald. Se
entabló entonces una demanda contra el juez por cargos de
corrupción.227
Además, Alvarado MacDonald entabló una demanda civil contra los
miembros de la Junta Monetaria, entidad gubernamental responsable
de autorizar las intervenciones del estado en los bancos. La demanda
buscaba compensaciones de los miembros de la Junta Monetaria por
las pérdidas sufridas por Alvarado MacDonald como resultado de la
intervención de la Junta en los dos bancos. Los jueces civiles
permitieron que se procediera con la demanda.
En 2001, el Supervisor General de Tribunales (SGT) revisó la quejas
contra Posadas Pichillá como parte de su investigación de los fraudes
que llevaron a la bancarrota a los ‘bancos gemelos’. El juez Posadas
Pichillá fue excluido de la judicatura como resultado de las
conclusiones del SGT. El Departamento de Estado de EEUU indicó que,
“había acusaciones factibles de que Alvarado MacDonald usó su poder
financiero y político para influenciar el manejo del caso”.228
Francisco Alvarado MacDonald
(c) Prensa Libre, Guatemala
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
79
Lizardo Sosa, presidente del Banco Central de Guatemala y miembro
de la Junta Monetaria, quien apoyó firmemente la intervención en los
‘bancos gemelos’, fue secuestrado en las primeras horas del 25 de
febrero de 2002 mientras trotaba cerca de su casa. El secuestro fue
considerado como político. Sosa sería liberado 72 horas más tarde
luego del pago de rescate.
Pocos días después, hubo un tiroteo en la Ciudad de Guatemala en el
que murieron dos oficiales del ejército y resultaron heridos tres
miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). A uno de los oficiales
muertos, que según se dijo estaba vestido de civil, se le disparó
supuestamente después de haber dicho, “¡No disparen, somos de los
mismos!”. De acuerdo a funcionarios gubernamentales el incidente fue
el resultado de la mala comunicación durante operaciones conjuntas.
Sin embargo, algunos testigos le dijeron a la prensa que creían que los
oficiales del ejército estaban allí para transportar el dinero del rescate
de Sosa.229
Cuando El Periódico informó sobre irregularidades en los negocio de
finanzas y de importación de carros de lujo pertenecientes a Alvarado
MacDonald, la periodista Silvia Gereda, una de las principales
responsables del informe investigativo del diario en estos asuntos,
sería secuestrada.230
A comienzos de 2002, Estados Unidos les revocó las visas a Alvarado
MacDonald y a sus dos hijos, Carlos y Francisco, ambos de apellido
Alvarado Rosales, bajo una sección de la Ley de Inmigración y
Nacionalidad pertinente a individuos que se encuentran en el momento
bajo investigación penal.
El 9 de mayo de 2002, el juez Undécimo de Instancia Penal Luis Alfredo
Morales López emitió una orden de captura contra Alvarado McDonald
por el delito de falsificación de documentos privados. Alvarado logró
evitar ir a prisión tras cancelar una fianza de 40 mil quetzales, la cual fue
incrementada meses despúes a 1 millón de quetzales.
Para finales de 2003, se habían presentado 43 cargos contra Alvarado
MacDonald acusándolo de contrabando, entrega ilícita de préstamos y
retenciones impropias, entre otros. A pesar de los múltiples procesos
abiertos en su contra, Alvarado McDonald ha logrado evitar ser
procesado por medio del uso de numerosas acciones judiciales.
La suerte de McDonald parecía haber llegado a su fín el 8 de junio de
2004, cuando fue detenido por los delitos de falsificación de
documentos privados y usurpación de funciones luego de que el Juez
Segundo de Primera Instancia Penal Roberto Peñate dictara una orden
de prisión preventiva en su contra por considerar que existía un posible
peligro de fuga. La captura se ejecutó por un proceso en donde se le
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
80
acusa de haber autorizado préstamos por 9 millones de quetzales
cuando ya no fungía como Presidente del Banco Metropolitano.231 No
obstante, trece días después de su captura, McDonald logró recuperar
su libertad luego de pagar una fianza de 3 millones de quetzales
impuesta por el Juzgado Segundo de Primera Instancia.232 Dos días
despúes, una Sala de Apelaciones revocó la libertad bajo fianza y
ordenó a McDonald regresar a prisión. Ese fallo fue contravenido el 7 de
agosto cuando el juez Roberto Peñate dispuso conceder nuevamente
libertad a Alvarado McDonald, aunque en esta ocasión fijó la fianza en 7
millones de quetzales.233
Algunos altos funcionarios estadounidenses han condenado
públicamente la actual situación en Guatemala. En octubre
de 2002, en testimonio ante un comité del Congreso de
EEUU sobre las amenazas a la estabilidad democrática de
Guatemala, el entonces secretario de estado adjunto para
asuntos del hemisferio occidental, embajador Otto J. Reich,
criticó fuertemente a la administración de Portillo por
mantener vínculos estrechos con los grupos clandestinos.
Reich describió los esfuerzos del gobierno guatemalteco
para combatir la corrupción como “un poco más que de los
dientes para afuera”.234 Y Paul Simons, secretario adjunto
en funciones para asuntos internacionales de narcóticos y
aplicación de la ley, declaró que,
el narcotráfico... lavado de dinero y crimen organizado
están aumentando en Guatemala. Algunos de los jefes de
estas actividades tienen vínculos muy estrechos con el
presidente e influyen regularmente en sus decisiones,
especialmente con respecto al nombramiento de personal
en el ejército y ministerio de gobierno.235
Los funcionarios estadounidenses que hicieron testimonios
en la audiencia presentaron también serias inquietudes
respecto al notable incremento en los ataques e intimidaciones
contra los defensores de derechos humanos. En su
testimonio, Monica Vegas Kladakis, coordinadora para la
promoción de la democracia y los derechos humanos de la
oficina de democracia, derechos humanos y trabajo del
Departamento de Estado de EEUU, señaló que,
Los grupos clandestinos que cometieron abusos a los
derechos humanos con impunidad están aumentando, y
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
81
los que trabajan para proteger los derechos humanos y la
democracia están cada vez más en riesgo y bajo
amenazas... los grupos clandestinos responsables de la
reciente ola de amenazas y violencia contra los activistas
de derechos humanos y antropólogos forenses podrían
estar operando con al menos la complicidad tácita de
elementos dentro del gobierno guatemalteco.236
Las críticas de Estados Unidos generaron un debate
importante en Guatemala que condujo a que el gobierno
guatemalteco llamara temporalmente a su entonces
embajador en Estados Unidos, Ariel Rivera. El entonces
ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Orellana, calificó
la declaración de Reich de “información retorcida y no
verdadera”.237
Durante una visita a Guatemala en noviembre de 2002, el
subsecretario adjunto para asuntos del hemisferio
occidental del Departamento de Estado, Dan Fisk, dijo,
“Deseo reiterar la preocupación de mi gobierno respecto al
grado de corrupción, narcoactividad y delincuencia de las
mafias en este país.”238 Los funcionarios estadounidenses
machacaron este mensaje durante varios meses. En marzo
de 2003, en una declaración preparada, el embajador de
Estados Unidos en Guatemala, John Hamilton hizo hincapié
en que el creciente número de ataques a los defensores de
los derechos humanos fue de gran preocupación para
Estados Unidos, indicando que “también hubo indicios de
obstrucción de la justicia,
amenazas e intimidaciones de
‘fuerzas paralelas’ o ‘grupos
clandestinos’ relacionados con el
gobierno”.239
A finales de 2002, los funcionarios
del gobierno estadounidense
señalaron que Estados Unidos
estaba considerando seriamente
declarar a Guatemala como un
socio indigno en los esfuerzos
antidrogas. A comienzos de enero
de 2003, el The Washington Post
comentó que, “Funcionarios de la
(c) Prensa Libre, Guatemala
Embajador de los EEUU a Guatemala,
John R. Hamilton.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
82
administración de Bush e importantes miembros del
Congreso han dejado claro que creen que el país más
grande de Centroamérica no tiene la voluntad política de
dar la cara a los problemas”.240
El 31 de enero de 2003, en su informe anual con la lista de
los principales países productores y de tránsito de droga, el
presidente George W. Bush declaró que Guatemala había
“fracasado de manera evidente en hacer esfuerzos
sustanciales” para combatir el narcotráfico.241 Aunque se
exoneraron las sanciones que habrían puesto fin a toda la
ayuda estadounidense diferente a la que se otorga en el
marco de operaciones antidrogas o humanitarias por
razones de seguridad nacional, era la primera vez que se
aplicaba la descertificación a un país centroamericano.
Ocho meses después, Estados Unidos, a pesar de haber
señalado los penosos niveles de corrupción, recertificó a
Guatemala como un aliado en sus esfuerzos antinarcóticos.
Los y las activistas guatemaltecos y analistas políticos
calificaron la decisión de recertificación como sin sentido,
“ya que las estructuras del narcotráfico permanecen
intactas”.242
No obstante, los Estados Unidos continúa reiterando la
importancia de enfrentar la deteriorada situación de los
derechos humanos y de desarrollar estrategias efectivas
para investigar y desmantelar a los grupos clandestinos y a
quienes los sostienen.
Previo al primer viaje oficial del Presidente Berger a los
Estados Unidos a finales de abril de 2004, varios miembros
del Congreso estadounidense manifestaron al Secretario de
Estado Colin Powell la necesidad de que el gobierno de Guatemala
enfrentara los intereses arraigados dentro del país
que buscan obstaculizar cualquier avance hacia el pleno
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Según los
congresistas,
uno de los mayores obstáculos para el progreso en Guatemala
es la existencia de redes obscuras de grupos
armados ilegales y privados que presuntamente son
responsables de la ola de ataques y amenazas contra
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
83
operadores de justicia, periodistas y defensores a los
derechos humanos en los últimos años.243
En respuesta, el Departamento de Estado indicó que “los
derechos humanos son una las principales preocupaciones
de la política exterior de los Estados Unidos, y promover el
respeto a los derechos humanos es un tema clave en
nuestra relación bilateral con Guatemala”.244
Los Grupos Consultivos
Desde la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en
1996, ha habido cinco Grupos Consultivos. Cada Grupo
Consultivo, organizado generalmente por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), funciona como un foro
importante para el diálogo entre Guatemala, los donantes
internacionales y las agencias multilaterales, y para la
coordinación de las contribuciones de los donantes para la
implementación de los Acuerdos de Paz.
Durante el Grupo Consultivo sostenido en la ciudad de
Washington en febrero de 2002, los donantes
internacionales expresaron un mensaje de insatisfacción
ante el deprimente estado de los asuntos en el país,
vinculando así la ayuda internacional a la buena
gobernabilidad, derechos humanos y avances en los
Acuerdos de Paz. En ese momento el gobierno guatemalteco
se comprometió a acelerar la implementación de los
Acuerdos de Paz, combatir la impunidad, mejorar la
situación de derechos humanos y la seguridad ciudadana,
incrementar la recaudación de impuestos y destinar
cantidades suficientes en el presupuesto nacional para el
cumplimiento de estipulaciones clave de los Acuerdos y
promover el diálogo y la unidad nacional.
Quince meses después, en mayo de 2003, los donantes
internacionales se reunieron una vez más en la Ciudad de
Guatemala para revisar los progresos del gobierno
guatemalteco en la implementación de los Acuerdos de Paz.
Entre los donantes internacionales hubo consenso en que
el proceso de implementación se había quedado corto
respecto a las promesas del gobierno guatemalteco.
MINUGUA resumió el sentimiento general de los donantes
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
84
en su informe del Grupo Consultivo cuando caracterizó la
implementación de los Acuerdos de Paz de febrero de 2002 a
mayo de 2003 como “decepcionante”.245
En su informe, MINUGUA expresó serias inquietudes
relacionadas con los actuales actos de intimidación y
amenazas contra los defensores de derechos humanos y
otros actores de la sociedad civil. El informe declara
también que “el riesgo que representan los grupos armados
ilegales y aparatos clandestinos de seguridad continúa
siendo un asunto de gran inquietud, en cuyo combate y
desarticulación las autoridades no han registrado logros”.246
Rolf O. Berg, el embajador noruego y presidente del Grupo de
Diálogo, observó en el Grupo Consultivo que la “impunidad
continúa siendo la norma en vez de la excepción,”247 y
criticó el impacto limitado de las tentativas del gobierno
para combatir la corrupción.
Al cierre del Grupo Consultivo de dos días, los donantes
internacionales instaron enérgicamente al gobierno
guatemalteco a mejorar la situación de derechos humanos
y la seguridad ciudadana; combatir la impunidad y la
corrupción; hacer progresos definitivos en la creación de
una comisión internacional para investigar a los grupos
clandestinos y establecer un programa nacional de
resarcimiento; incrementar la recaudación de impuestos al
doce por ciento y asignar fondos en el presupuesto federal
para el cumplimiento de las estipulaciones clave de los
Acuerdos; y cumplir con las reformas del ejército y la
inteligencia incluidas en los Acuerdos de Paz.
E
85
l 16 de enero de 2003, en un valeroso esfuerzo para
enfrentar la deteriorada situación de los derechos
humanos en Guatemala, y con el apoyo de diversas
organizaciones de derechos humanos, el Procurador de los
Derechos Humanos, Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado,
emitió una resolución haciendo un llamado al gobierno para
establecer una comisión internacional para investigar a los
grupos clandestinos y a los aparatos ilegales de seguridad
en el país, y sus posibles vínculos con el estado.248 La
resolución del procurador establece que,
... las investigaciones realizadas ponen en evidencia
que en Guatemala se continúa violando los derechos a
la vida, integridad, seguridad y dignidad de las personas;
y que una de las fuentes generadoras de ese
problema radica en la ausencia de mecanismos
específicos que permitan restaurar el imperio de la ley -
gravemente dañado por el conflicto armado interno.249
En la resolución el procurador pide la participación de las
Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en la comisión como mecanismo para
realzar su credibilidad internacional y doméstica.
Poco después del anuncio del procurador, el Congreso
guatemalteco adoptó unánimemente una resolución
expresando su apoyo a la propuesta e instando al gobierno a
establecer prontamente la comisión.250 De acuerdo a
algunos analistas, el gobierno y los partidos políticos vieron
que era de su interés electoral expresarse públicamente en
apoyo a la comisión. Mientras que algunos funcionarios del
gobierno y algunos dirigentes de partidos políticos apoyaron
verdaderamente la creación de la comisión, muchos otros
estuvieron motivados más por las consideraciones
electorales de corto término que por cualquier compromiso
con los derechos humanos. Dado que la propuesta de la
La creación de una comisión
internacional para investigar a los
grupos clandestinos
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
86
comisión había surgido por la frustración ante la
incapacidad del gobierno para pasar a investigar los abusos
a los derechos humanos, muchos en la comunidad de
derechos humanos dudaban de la sinceridad de algunos de
los políticos que ahora apoyaban la propuesta. De todos
modos, los activistas pensaron que era importante
sacar provecho del momento político y hacer avanzar la
propuesta.
El mismo día, el entonces canciller de Guatemala Edgar
Gutiérrez emitió un comunicado de prensa informando que
le había pedido a José Miguel Vivanco, director de la
división para las Américas de Human Rights Watch, servir de
facilitador entre el gobierno, el Procurador de los Derechos
Humanos y las organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos en las discusiones que se realizarían
para definir el mandato, estructura y duración de la
comisión.
A mediados de marzo, después de semanas de negociaciones,
el gobierno guatemalteco representado por el
canciller Edgar Gutiérrez, el Procurador y representantes de
la comunidad de derechos humanos firmaron un acuerdo
para la formación de una comisión internacional. El
acuerdo fue firmado en presencia de los embajadores de
Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, España, Canadá y
México, entre otros, demostrando el alto nivel de apoyo
internacional a la propuesta. Según el mandato redactado
en el acuerdo, la Comisión para la Investigación de Cuerpos
Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS)
investigaría a los grupos ilegales armados que operan en el
país y sus posibles conexiones con actores estatales y con el
crimen organizado, con el fin de desmantelar a los grupos
ilegales armados y procesar a los responsables.251
En una carta de marzo de 2003 al secretario general de la
ONU, el canciller pidió formalmente la participación de las
Naciones Unidas en la creación de la comisión. Las
Naciones Unidas respondieron favorablemente y aceptaron
enviar un equipo técnico de la ONU a Guatemala para
evaluar la viabilidad de la propuesta. Cuatro meses
después, el equipo de expertos de la ONU visitó el país para
reunirse con funcionarios gubernamentales guatemaltecos,
el Procurador de los Derechos Humanos, organizaciones de
87
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
derechos humanos, personalidades nacionales y la
comunidad internacional.
En octubre de 2003, las Naciones Unidas sometieron sus
recomendaciones sobre cómo fortalecer la propuesta inicial
al gobierno guatemalteco. En su análisis la ONU anotaba
que,
El problema del sistema de administración de justicia de
Guatemala para enfrentar con eficacia a estas
estructuras ilegales no reside solamente en la fase
procesal de la investigación, sino que se extiende a todo
el proceso penal, incluyendo, por tanto, a la acusación; el
enjuiciamiento; el sistema de recursos... llegando hasta la
instancia de amparo constitucional.252
Sobre la base del modelo propuesto originalmente, el equipo
técnico de la ONU concluyó que para que la CICIACS tenga
éxito debe constituirse en una herramienta “con facultades
suficientes como para superar las carencias estructurales
del actual sistema de justicia penal guatemalteco”. De ahí
que la ONU recomienda establecer la CICIACS como,
un organismo de defensa y protección de los derechos
humanos, de carácter internacional, con facultades
expresas para realizar investigaciones, y en su caso,
presentar acusaciones ante los Tribunales Penales
El 13 de marzo de 2003, el ministro de Relaciones Exteriores, el Procurador de Derechos
Humanos y líderes de derechos humanos firmaron un acuerdo para el establecimiento de la
CICIACS.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
88
nacionales y dar seguimiento a las actuaciones
correspondientes. La CICIACS ejercerá sus funciones de
manera independiente, con estricto sometimiento al
Derecho Internacional y a la Constitución de la
República de Guatemala.253
Las Naciones Unidas recomendaron que en el mandato de
la CICIACS esté la investigación de la existencia de grupos
clandestinos en el país, su asociación con el estado, y su
responsabilidad por los ataques a los defensores de derechos
humanos. Además, la comisión tendría el poder de
investigar a los grupos relacionados con el delito
transnacional, el crimen organizado y el narcotráfico.
Muchos en la comunidad internacional han acogido favorablemente
desde el comienzo del proceso la propuesta de crear esta comisión.
En el Grupo Consultivo que se desarrolló en la Ciudad de Guatemala
en mayo de 2003, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Holanda y otros
donantes internacionales expresaron su apoyo total a la comisión como
un paso positivo para combatir la impunidad e hicieron un llamado al
gobierno guatemalteco para que adopte medidas concretas tendientes
a asegurar el pronto establecimiento de la CICIACS.
En su octavo informe de verificación de los Acuerdos de Paz que cubre
el período de mayo de 2002 a julio de 2003, la Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) hace referencia a la
comisión observando que, “investigaciones de este tipo, junto con
mayores esfuerzos para fortalecer las instituciones permanentes de la
justicia penal, podrían contribuir de manera considerable a identificar
estos cuerpos [clandestinos] y luchar contra ellos.”254
WOLA y otras organizaciones internacionales no gubernamentales ven
la CICIACS como un instrumento valioso en la lucha contra la
impunidad. En una carta al presidente Portillo fechada el 6 de febrero de
2003, diferentes organizaciones de derechos humanos, desarrollo y
religiosas con sede en Estados Unidos instaron al gobierno
guatemalteco a comprometerse claramente en el establecimiento de la
comisión y a agilizar decididamente los pasos necesarios para ponerla
en marcha. La carta declara literalmente que,
Guatemala tiene dos opciones: continuar siendo caracterizada
por la impunidad, corrupción e injusticia; o cumplir con las
La comunidad internacional apoya la creación de la comisión
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
89
promesas de los Acuerdos de Paz de 1996 y realizar las
reformas necesarias para una sociedad basada en el respeto a
los derechos humanos.255
Dos semanas después, cuarenta organizaciones no gubernamentales
de Europa, Canadá y Estados Unidos reiteraron este mensaje en un
campo pagado en Prensa Libre, que decía en parte:
En nuestra calidad de Organizaciones No Gubernamentales...
expresamos nuestro firme apoyo a la propuesta en virtud de la
cual se establecerá la Comisión para la Investigación de
Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad
(CICIACS), como un mecanismo claro para dar fin a la oleada
de violencia, amenazas y hostigamientos de los que han sido
objeto defensores de derechos humanos, operadores de
justicia, periodistas, sacerdotes, líderes indígenas, hombres y
mujeres, y otros representantes de la sociedad civil en ese
país... consideramos imperioso que el Gobierno de Guatemala
adopte pasos decisivos en contra de quienes buscan anular el
proceso de consolidación del Estado de Derecho y el
establecimiento de una paz firme y duradera en Guatemala.256
El 7 de enero de 2004, tras semanas de negociaciones, las
Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco, con el
respaldo de la Procuraduría de Derechos Humanos y de las
organizaciones de derechos humanos, firmaron el acuerdo
para el establecimiento de la CICIACS. El acuerdo
contempla que:
El establecimiento de las CICIACS reforzará la
capacidad del Estado de Guatemala para cumplir
eficazmente sus obligaciones dimanantes de las
convenciones de derechos humanos de que es parte y
sus compromisos contraidos con arreglo al Acuerdo global
sobre derechos humanos.257
Sobre la base de los criterios recomendados por la misión
técnica de la ONU, el acuerdo define el mandato de la
CICIACS como un equipo nacional e internacional que
tendría la facultad de investigar las actividades,
estructuras y fuentes de financiación de los grupos
clandestinos, tratando en particular de identificar a los
responsables de los ataques perpetrados contra defensores
de derechos humanos, profesionales del sector de la
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
90
justicia y otros activistas del sector social y los nexos que
puedan existir entre estas estructuras ilícitas y agentes del
Estado y el crimen organizado. Asimismo, la CICIACS
tendría la facultad de provocar procedimientos penales o de
asociarse a procedimientos ya iniciados por el Ministerio
Público en calidad de querellante adhesivo. La CICIACS
también tendría la capacidad de iniciar y promover
procedimientos administrativos en contra de los
funcionarios públicos que sean responsables de crear
obstáculos para la realización de las investigaciones.258
Tanto organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos como muchos en la comunidad
internacional celebraron la firma del acuerdo, considerando
la CICIACS como un instrumento novedoso y sin
precedentes para el fortalecimiento del sistema de justicia
y del estado de derecho en Guatemala y para lograr responder
a la problemática de inseguridad e impunidad que
enfrenta el país. El vocero del Departamento de Estado de los
Estados Unidos Richard Boucher describió la firma del
acuerdo como “un esfuerzo valeroso de parte de Guatemala
para enfrentar efectivamente los abusos a los derechos
humanos y a organizaciones del crimen organizado que han
violado los derechos del pueblo de Guatemala de vivir en
una sociedad libre y democrática”.259
No obstante, el establecimiento formal de la comisión resta
en la aprobación del acuerdo por parte del Congreso de Guatemala
y en su posterior ratificación por el Ejecutivo. Si
bien existe un reconocimiento del peligro que representa la
existencia de los grupos clandestinos y de la necesidad de
combatirlos, la firma del acuerdo generó una fuerte
corriente de opinión desfavorable que cuestionaba públicamente
la constitucionalidad de la comisión. Algunos
vieron a la comisión como una intervención extranjera que
amenazaba la soberanía del país.
El embajador de Cánada para Guatemala James M. Lambert
respondío a las múltiples críticas señalando que la comisión
había sido propuesta debido a que,
los instrumentos del Estado (sistema judicial y el
Ministerio Público) enfrentan severas dificultades en la
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
91
investigación de los poderosos intereses de las fuerzas
clandestinas de Guatemala... la corrupción es un
flagelo que colectivamente podemos, y debemos,
derrotar... la comunidad internacional coloca una lupa
que puede colaborar a reducir el espacio de aquellos
que buscan manipular al gobierno y a la economía de
Guatemala.260
El 3 de mayo de 2004, cuatro meses despúes de que el
acuerdo fue remitido al Congreso para su ratificación, las
Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos,
quienes fueron las encargadas de estudiarlo, emitieron
conjuntamente un dictamen desfavorable a la iniciativa.
Las comisiones argumentaron que,
La iniciativa de crear una CICIACS, lejos de armonizar y
consensuar el interés de los diversos sectores de la
sociedad porque se erradique la existencia de cuerpos
ilegales y aparatos clandestinos y porque se fortalezcan
las instituciones del Estado que tienen la obligación de
combatir tales agrupaciones criminales, ha fomentado
un profundo debate público sobre la viabilidad jurídica
y política del instrumento internacional ... el sentir de
los legisladores es que el Estado de Guatemala
transforme, modernice y fortalezca su instituticionalidad
y la active con eficacia y eficiencia en función de
garantizar el bien común, la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona...el acuerdo...como resultante de varios
sustentos jurídicos evidencia la existencia de inconstitucionalidades
y colisiones con el orden interno.261
El dictamen desfavorable de las comisiones, entre las
cuales miembros de los principales partidos políticos y en
ese entonces de la propia coalición gubernamental, fue
considerada por muchos sectores nacionales e internacionales
como un serio tropiezo a los esfuerzos por
consolidar el estado de derecho en Guatemala.
En un editorial, el New York Times comentó que,
la implementación del acuerdo está siendo bloqueada
por la oposición de ex militares y miembros de los
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
92
servicios de inteligencia que siguen teniendo gran
influencia e intimidan a quienes pretenden hacerlos
responsables... El Presidente Berger ha respaldado
públicamente la iniciativa, pero en lugar de luchar por
ella, sus funcionarios levantan engañosas objeciones.
El gobierno parece no estar dispuesto a confrontar a los
poderosos oponentes de la iniciativa. Debe hacerlo,
para cultivar el Estado de Derecho en su país.262
A su vez, en un comunicado, las principales organizaciones
guatemaltecas de derechos humanos cuestionaron el dictamen
declarando que,
Todos los ciudadanos vivimos la impunidad
generalizada creada por estos grupos para esconder las
graves violaciones de derechos humanos del pasado,
así como para favorecer sus intereses corruptos y
criminales... La decisión desfavorable lo que rechaza es
una posibilidad de combate a los aparatos
clandestinos; sin ofrecer una alternativa frente al
deterioro de las instituciones democráticas y a la
inseguridad ciudadana.263
Los esfuerzos de las organizaciones guatemaltecas fueron
fuertemente respaldadas por más de treinta organizaciones
no gubernamentales de los Estados Unidos, Canadá y
Europa las cuales dirigieron una carta al Presidente Berger
que decía en parte:
El hecho de que el Congreso de Guatemala todavía no
haya aprobado la creación de la CICIACS – y que
miembros de la propia coalición del gobierno hayan
expresado su oposición a esta iniciativa – demuestra
que el futuro de la CICIACS, dependerá en gran medida,
de la capacidad de su gobierno de ejercer un liderazgo
firme...
Instaron al Presidente a,
liderar acciones concretas para reiterar su compromiso,
la necesidad de tan importante iniciativa y para lograr
el respaldo necesario. Es imperativo que el Gobierno de
Guatemala actúe decisivamente contra quienes
93
pretenden obstaculizar la construcción de un país
democrático, justo y respetuoso de los derechos
humanos.264
El 11 de mayo, en respuesta a las fuertes solicitudes por
confrontar la violencia e inseguridad perpetrada por los
grupos clandestinos, el Presidente Óscar Berger, en un
esfuerzo por rescatar la iniciativa que le daría vida a la
comisión, solicitó al Congreso la devolución de la misma al
Ejecutivo. Casi veinte días despúes, el Presidente creó una
comisión que se encargaría de revisar la iniciativa y de
solicitar una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC)
sobre la viabilidad jurídica del acuerdo. La comisión estuvo
encabezada por Mario Fuentes Destarac, comisionado
presidencial para la Reforma Política, y el Procurador de los
Derechos Humanos, e integrada por varios miembros de la
sociedad civil.
El 8 de junio, el Ejecutivo remitió el acuerdo a la Corte de
Constitucionalidad. Dos meses despúes, la CC dictaminó
que la mayoría de los principales artículos, particularmente
los concernientes a la naturaleza del mismo como
instrumento internacional en materia de derechos
humanos, las facultades de investigación y persecución penal,
el acceso a información, y las inmunidades de los
integrantes de la comisión, no eran compatibles con la
constitución. Según la CC, la iniciativa,
[...] no tiene el carácter de una regulación sobre
derechos humanos ya que su contenido se refiere a
mecanismos de investigación, procesamiento,
investigación de cuerpos y aparatos ilegales y
clandestinos... Las funciones de investigación y
persecución penal le corresponden con exclusividad al
Ministerio Público y ningún otro órgano puede arrogarse
dicha competencia, ni siquiera por delegación del
mismo... no es concebible otorgarle [al personal
guatemalteco] inmunidades respecto a sus opiniones
orales o escritas o a cualquier acto realizado y mucho
menos reconocerle inmunidad alguna durante o
despúes de haber dejado de prestar sus servicios a la
CICIACS.265
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
94
A pesar de la necesidad de combatir el flagelo que
constituyen los grupos clandestinos, dos días antes de que
venciera el plazo que le concedía la ley, el magistrado de la
Corte encargado de realizar el análisis preliminar de la
iniciativa, Nery Saúl Dighero, informó no estar preparado
para emitir opinión. Según informes de la prensa, los otros
magistrados tuvieron que convocar a una sesión
extraordinaria el día antes de emitir el dictamen.266
Desde la toma de posesión, la administración de Berger ha
declarado públicamente su compromiso por establecer la
comisión. En marzo de 2004 en su discurso durante la
conmemoración del Día de Dignificación de las Víctimas de
la Violencia, el Presidente Berger reiteró su “decidido apoyo
a la iniciativa de creación de la CICIACS como instrumento
indispensable en el combate de las fuerzas paralelas que
han operado dentro de las instituciones del Estado”.267
Dicho compromiso fue reiterado por el comisionado para la
Modernización del Estado y la Transparencia Mario Fuentes
Destarac tras el fallo de la Corte de Constitucionalidad.
Fuentes señaló que,
La impunidad que vive el ciudadano se debe a la
presencia de estructuras paralelas y del crimen
organizado. Se deben atacar estas mafias para reducir
los niveles de violencia. La CICIACS está plasmada en
los acuerdos de paz, donde se reconoce la injerencia
que tiene el crimen organizado como poder paralelo en
la sociedad.268
No obstante, con la resolución de la CC, el futuro de la
comisión queda ahora en manos del Ejecutivo, quien debe
ejercer un liderazgo firme y demostrar voluntad política
para hallar un mecanismo viable para desmantelar
exitosamente a los grupos clandestinos y a los poderes
ocultos detrás de ellos, procesar a los implicados y prevenir
el resurgimiento de tales grupos. Aunque la iniciativa de la
CICIACS actualmente enfrenta serios obstáculos, el
gobierno de Guatemala deberá hallar un mecanismo que
goce de la independencia, capacidad de investigación y de
persecución penal, y apoyo internacional esenciales para
combatir a estos grupos y prevenir un ciclo infinito de
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
95
impunidad, violencia y crimen organizado. La consolidación
del estado de derecho en Guatemala está en juego. Sujetos
de su propia historia, al gobierno de Guatemala no le queda
mas opción que asumir su responsabilidad para con la
población y adoptar acciones claras para combatir la
violencia política, la corrupción y el crimen organizado.
Generaciones futuras e historiadores juzgarán el grado
hasta el cual el actual gobierno fue exitoso.
(c) Jonathan Moller
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
97
Conclusiones y recomendaciones
a los gestores de las políticas
os poderes ocultos y sus brutales agentes, los grupos
clandestinos, están profundamente arraigados en
Guatemala. No va a ser fácil extirpar sus tentáculos
del estado y de la sociedad, pero es mucho lo que está en
juego. Si el proceso de paz va a avanzar de modo
significativo y se va a consolidar la democracia en Guatemala,
estos grupos deberán ser controlados y eliminados. Su
implicación en ataques a los defensores de los derechos
humanos, en esquemas de corrupción, crimen organizado y
narcotráfico, socava el funcionamiento de las instituciones
legítimas del estado. La gobernabilidad y el estado de
derecho sólo serán posibles en Guatemala cuando se
desmantele a los grupos clandestinos y se responsabilice a
quienes los sostienen.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, algunos de los que
participaron en las fuerzas contrainsurgentes que operaron
durante los 36 años del conflicto armado interno de Guatemala
se han unido a los grupos clandestinos. A través de los
grupos clandestinos, los responsables de los abusos contra
los derechos humanos durante los años de genocidio y
violencia continúan comprometidos impunemente en
actividades ilegales, sembrando el terror entre los ciudadanos
de la Guatemala post conflicto. Los grupos clandestinos
y otros grupos armados ilegales deben ser
investigados y desmantelados, como lo estipulan los
Acuerdos de Paz de 1996. Los miembros de estos grupos que
hayan cometido delitos y los poderes ocultos que los hayan
ordenado deben ser llevados a la justicia.
El desarrollo de estrategias efectivas para asegurar la
desaparición de los poderes ocultos y de los grupos
clandestinos en el actual contexto en Guatemala – de
instituciones públicas debilitadas, partidos políticos
fragmentados e infiltrados, y actores cívicos débiles – no es
una tarea fácil, independientemente de quién este en el
poder en el país. Se va a necesitar una enorme voluntad
política, valentía y tenacidad de parte de las autoridades del
L
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
98
gobierno, reforzada con el apoyo de la sociedad civil
guatemalteca y de la comunidad internacional. La voluntad
política, algo de lo que ahora se carece, es clave para el
desmantelamiento exitoso de los grupos clandestinos y de
quienes los respaldan.
Aunque el gobierno guatemalteco ha reconocido
públicamente la existencia de los grupos clandestinos, sus
esfuerzos para investigarlos y eliminarlos han sido
insuficientes y delatan una falta de voluntad política. El
muro de impunidad que estos grupos y sus patrocinadores
han construido para garantizar la continuidad de sus
actividades ilícitas ha frustrado y obstaculizado los pocos
esfuerzos realizados hasta el momento. A menos que se
demuestre una clara voluntad política de parte del
presidente Berger y del Congreso, la fe del pueblo
guatemalteco en su gobierno y en el estado de derecho va a
continuar degradándose.
Los gestores de las políticas, en Guatemala e internacionalmente,
deben adoptar las siguientes medidas para hacer
frente al problema de los grupos clandestinos y de los
poderes ocultos en Guatemala:
Garantizar la creación de una comisión internacional
para investigar la existencia de los grupos clandestinos
en Guatemala, su involucramiento en ataques a actores
de la sociedad civil y en delitos contra los que buscan la
justicia, y cualquier nexo que estos grupos puedan tener
con agentes estatales activos o en retiro, y hacer
recomendaciones para su procesamiento penal u otras
medidas apropiadas.
La capacidad para investigar y desmantelar exitosamente a
los grupos clandestinos es un asunto de voluntad política
pero también de pericia técnica. La presencia penetrante
de los poderes ocultos, su enorme influencia entre agentes
del estado y su tendencia a tomar represalia violenta afecta
la capacidad del gobierno guatemalteco para investigar
eficazmente a los grupos clandestinos. Estas circunstancias
obligan a que el gobierno se asocie con la comunidad
internacional con el fin de emprender una investigación
seria sobre los grupos clandestinos. Una comisión
��
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
99
internacional facultada con personal técnico
experimentado, acceso irrestricto a información pertinente,
independencia, capacidad de investigación y persecución
penal, y fondos suficientes debería llevar a cabo una
investigación rápida y eficaz de los grupos clandestinos.
A comienzos de 2002, WOLA junto con varias
organizaciones importantes de derechos humanos en Guatemala
se pusieron a buscar mecanismos que pudieran
servir como modelo para tal esfuerzo. En 1993, en El Salvador
se estableció una comisión similar llamada “Grupo
Conjunto para la investigación de los grupos armados
ilegales con motivación política en El Salvador”.269
Casi al año de haber sido firmados los Acuerdos de Paz en El
Salvador en 1992, cuando se desarrollaba la primera
campaña electoral de la posguerra, hubo un agudo incremento
de la violencia política por grupos clandestinos. Los
gobiernos que hacían de garantes del proceso de paz se
preocuparon y respondieron a esta situación. Luego de
deliberaciones, el presidente de El Salvador pidió a las
Naciones Unidas que estableciera un Grupo Conjunto. La
comisión internacional contaba con cuatro miembros – el
jefe de la misión de observación de la Oficina de Derechos
Humanos de la ONU (ONUSAL), el procurador de derechos
humanos del gobierno salvadoreño, y dos notables
designados por el presidente. El Grupo Conjunto, que
contaba con la ayuda de un equipo técnico, trabajó
intensamente durante seis meses investigando la
implicación de los grupos armados en el resurgimiento de la
violencia política en el país. En julio de 1994, publicó un
informe con recomendaciones, y para el gobierno
salvadoreño preparó un informe confidencial con una lista
de nombres de individuos específicos para los que se
indicaba que debía seguírseles procedimientos penales.
Aunque se consideró que los resultados del Grupo Conjunto
eran ambivalentes, éste centró la atención nacional e
internacional en el problema de los grupos clandestinos, y
los ataques políticos disminuyeron notoriamente. La
formación del Grupo Conjunto en El Salvador fue posible
solamente debido al intenso interés y apoyo internacional.
Como se mencionó anteriormente en este informe, el 7 de
enero de 2004, las Naciones Unidas y el gobierno de GuatePoderes
ocultos en Guatemala post conflicto
100
mala, con respaldo de la Procuraduría de los Derechos
Humanos y organizaciones guatemaltecas de derechos
humanos, firmaron un acuerdo para el establecimiento de
la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala
(CICIACS). La comisión, conducida por la ONU, tendría la
facultad de investigar la estructura y actividades de los
grupos clandestinos; sus vínculos con el estado y con el crimen
organizado; y su responsabilidad por los ataques a los
defensores de derechos humanos. Bajo la propuesta de la
ONU, la comisión tendría también la autoridad de provocar
procedimientos penales o asociarse a procedimientos ya
iniciados por el Ministerio Público y la capacidad de
promover procedimientos administrativos en contra de los
funcionarios públicos que obstaculizan las investigaciones.
No obstante, previo el establecimiento formal de la
comisión, el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso de
Guatemala y posteriormente ratificado por el Presidente.
La comisión ofrece un instrumento novedoso y sin
precedentes para combatir el flagelo ocasionado por los
grupos clandestinos y los poderes ocultos detrás de ellos.
Representa, a su vez, un mecanismo valioso para el
fortalecimiento del estado de derecho en Guatemala en materia
de justicia, seguridad y derechos humanos, y un
modelo para otros países de la región que están luchando
por combatir la violencia política, la corrupción y el crimen
organizado.
Al momento de la publicación de este informe, la Corte de
Constitucionalidad acababa de dictaminar que la mayoría
de los principales artículos del acuerdo no eran compatibles
con la constitución. El futuro de la comisión queda ahora en
manos del gobierno de Guatemala quien debe demostrar
tenacidad y una verdadera voluntad política para hallar un
mecanismo viable para investigar y desmantelar a los
grupos clandestinos, procesar a los implicados y prevenir el
resurgimiento de estos grupos. El gobierno de Guatemala
debe buscar un mecanismo que pueda actuar
independientemente en materia de investigación, y la
comunidad internacional debería presionar para que lo
haga. Asimismo, el gobierno debería tomar acciones
concretas y claras encaminadas a la desarticulación de los
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
101
poderes ocultos que puedan realizarse en lo que se aprueba
en acuerdo para el establecimiento de la comisión.
Incrementar la capacidad gubernamental y no
gubernamental para continuar el monitoreo de los
derechos humanos después de que concluya la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA).
MINUGUA está programada para terminar en Guatemala a
finales de 2004. Es necesario concentrar esfuerzos para
asegurar una transición suave y la continuación de un
monitoreo efectivo de los derechos humanos. La comunidad
internacional debe continuar suministrando fondos con
fines específicos, y entrenando a entidades
gubernamentales y no gubernamentales para ayudar a
incrementar su capacidad y pericia técnica para realizar el
monitoreo de los derechos humanos después de la partida
de MINUGUA, fuera de desempeñar una función apropiada
en el desmantelamiento de los poderes ocultos. Debería
también disponerse que algunos aspectos programáticos del
trabajo de MINUGUA sean transferidos a otras agencias de
la ONU, como a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos
Humanos (OACDH) de las Naciones Unidas, al Fondo de las
Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF), y al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para ello, es
importante que el Congreso de Guatemala confirme antes
de septiembre de 2004 el convenio firmado entre las
Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para el
establecimiento de la OACDH, para que la oficina pueda
iniciar sus labores a partir del 1 de enero del próximo año
tras la salida de MINUGUA del país.270
Aumentar la capacidad de la Procuraduríaa de los
Derechos Humanos de Guatemala para que pueda
realizar efectivamente su mandato de investigar las
acusaciones de abusos cometidas por los militares, la
policía o cualquier otra agencia o autoridad pública.
Con el fin de asegurar la continuidad cuando MINUGUA se
vaya, es particularmente urgente que el Procurador de los
Derechos Humanos y su equipo sean capaces de monitorear
adecuadamente la situación de derechos humanos en el
��
��
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
102
país. El Procurador es el funcionario gubernamental en
Guatemala en quien recae primero la responsabilidad de
garantizar la protección y defensa de los derechos humanos.
Por ley, la Procuraduría tiene que tener autonomía
funcional, administrativa y técnica de las ramas ejecutiva,
legislativa y judicial del gobierno. Sin embargo, en la
práctica, a pesar del considerable apoyo financiero y técnico
de la comunidad internacional, la procuraduría no cuenta
todavía con una autonomía eficaz, ni ha demostrado todavía
la capacidad de ejercer los amplios poderes que le otorga la
ley.
Para implementar su mandato, la Procuraduría de los
Derechos Humanos debería tener un equipo de
profesionales entrenados y presupuesto suficiente para
recibir e investigar las quejas de ciudadanos relacionadas
con actos administrativos arbitrarios, violaciones a los
derechos humanos u otro comportamiento indebido de las
autoridades guatemaltecas, tanto civiles como militares,
así como de entidades privadas que proporcionen servicios
públicos. El Procurador debe tener el poder efectivo de
proteger a su equipo, y a todos los que contribuyan con sus
investigaciones, de ataques físicos y de acciones penales o
legales por asuntos triviales.
Si se trata de condenar los vínculos entre los grupos
clandestinos y las fuerzas de seguridad, la Procuraduría
debe tener la capacidad práctica de investigar activamente
la conducta del ejército y de la policía, particularmente en
casos relacionados con violaciones del derecho a la vida y a
la integridad física y mental. Para esto se requiere, como lo
dicta la ley, que el procurador y su equipo sean capaces de
llevar a cabo inspecciones de instalaciones estatales,
realizar entrevistas con empleados gubernamentales, y
tener acceso irrestricto a la información del gobierno.
Cuando se haya violado la ley guatemalteca o internacional
de derechos humanos, el Procurador debe poder ejercer su
poder para hacer recomendaciones al gobierno sobre cómo
remediar la situación, incluyendo el transpaso de casos
penales al Fiscal General de la República. Cuando se
emiten recomendaciones, se deben establecer mecanismos
dentro de la Procuraduría para asegurar el seguimiento
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
103
adecuado, y de ser necesario, más incidencia y presión para
asegurar su implementación. La sociedad civil
guatemalteca y la comunidad internacional deberían
monitorear también los progresos del gobierno
guatemalteco en el cumplimiento de las recomendaciones,
y apoyar los esfuerzos del procurador como es debido.
Vincular la ayuda internacional con el buen gobierno, el
respeto efectivo por los derechos humanos, y la
implementación de los Acuerdos de Paz y las
recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento
Histórico (CEH).
Avances en materia de buen gobierno, derechos humanos e
implementación de los Acuerdos de Paz y de las
recomendaciones de la CEH contribuirán a diluir la
influencia de los poderes ocultos. Los donantes deben
mantener e incrementar la presión sobre el gobierno
guatemalteco para que cumpla con las importantes
reformas sociales, judiciales, y militares, incluidas en los
Acuerdos de Paz, y con las recomendaciones de la CEH. Esto
es particularmente cierto para los donantes multilaterales
– el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial – que se
han mostrado renuentes a ejercer alguna influencia sobre
el gobierno guatemalteco. Los donantes, tanto bilaterales
como multilateriales, deben trabajar juntos para garantizar
la coherencia del mensaje que se le envíe al gobierno.
En el Grupo Consultivo sostenido con donantes internacionales
en febrero de 2002, el gobierno guatemalteco se
comprometió a combatir la impunidad; mejorar la situación
de derechos humanos y seguridad ciudadana; acelerar la
implementación de los Acuerdos de Paz; incrementar la
recaudación de impuestos y asignar cantidades suficientes
en el presupuesto federal para el cumplimento de
disposiciones clave de los Acuerdos; y promover el diálogo y
la unidad nacional. En la siguiente reunión del Grupo
Consultivo en mayo de 2003, el gobierno guatemalteco
reiteró estos compromisos y prometió combatir la
corrupción, y hacer progresos definitivos en el
establecimiento de una comisión internacional para
investigar a los grupos clandestinos.
��
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
104
La comunidad internacional debe insistir para que el
gobierno demuestre un progreso tangible en cada uno de
estos compromisos. Los donantes internacionales deben
pedir que se establezcan criterios claros y medibles para
juzgar los progresos en el cumplimiento de los compromisos
específicos hechos por el gobierno guatemalteco. Los
donantes deben monitorear cuidadosamente este proceso y
exigir que se cumpla con lo prometido. Los donantes
específicamente deben mantener una consulta regular con
las organizaciones populares y con representantes de la
sociedad civil – incluyendo a los líderes de derechos
humanos – y tener en cuenta sus inquietudes en los
esfuerzos para evaluar los progresos del gobierno en el
cumplimiento de sus compromisos. Parte integral del
proceso del Grupo Consultivo debe ser la evaluación de los
logros obtenidos o no, de acuerdo a los criterios establecidos,
y la formulación y adopción de nuevos criterios con base en
esa evaluación. Las decisiones sobre futuros
financiamientos y ayudas al gobierno guatemalteco deben
basarse en la actuación del gobierno en el cumplimiento de
los compromisos hechos a la comunidad internacional.
Suspender los entrenamientos militares regulares tanto
para las fuerzas armadas guatemaltecas como para la
policía hechos por gobiernos extranjeros y cuerpos
internacionales hasta que el gobierno guatemalteco
cumpla con las disposiciones de los Acuerdos de Paz
relacionadas con el ejército, la inteligencia y la reforma
policial.
Los vínculos de los poderes ocultos con las fuerzas de
seguridad guatemaltecas existen desde hace tiempo y
tienen que ser socavados. El completo cumplimiento con
las disposiciones militares previstas en los Acuerdos de
Paz debilitaría considerablemente a los poderes ocultos al
limitarles su esfera de influencia. No obstante, han
pasado siete años y los sucesivos gobiernos se han
negado obstinadamente a implementarlos en letra o en
espíritu.
En junio de 2004, el Presidente Óscar Berger tomó la
iniciativa y redujo el tamaño de las fuerzas armadas por la
mitad. El gobierno de Guatemala debe ser aplaudido por este
��
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
105
importante paso en cumplimiento con lo estipulado en los
Acuerdos de Paz. No obstante, el gobierno debe cumplir
también con las otras disposiciones de los Acuerdos de Paz y
de las recomendaciones del CEH para asegurar una
verdadera y exitosa reconversión del ejército. Los gobiernos
extranjeros y las entidades internacionales deberían
prohibir el entrenamiento militar a las fuerzas armadas
guatemaltecas hasta que no se cumplan estas
disposiciones.
Con respecto a Estados Unidos, en 1990 el Congreso
proscribió el Entrenamiento y Capacitación Militar
Internacional (IMET, por sus siglas en inglés) y el
Financiamiento Militar Extranjero en Guatemala. Aunque
esta proscripción ha sido modificada para permitir el
entrenamiento no relacionado con el combate a través del
IMET ampliado (E-IMET) para cursos como los de relaciones
civiles-militares, justicia militar, y administración de
recursos de defensa, el Congreso estadounidense ha
mantenido consistentemente la proscripción y ha expresado
claramente las razones para esto. El reciente informe del
Comité de Asignaciones de la Cámara para el proyecto de
ley de asignaciones a Operaciones Extranjeras para el año
federal 2005, declara que, “el Comité retiene el lenguaje de
proyectos de ley de años anteriores, el cual limita a Guatemala
a IMET ampliado”.271
El texto de los años anteriores lee en parte:
El Comité retiene la proscripción existente del
Financiamiento Militar Extranjero y Entrenamiento y
Capacitación Militar Internacional (IMET), con excepción
del E-IMET, hasta que se lleven a cabo las reformas
adecuadas de las fuerzas armadas guatemaltecas como
lo establecen los acuerdos de paz.272
La actual proscripción debe ser mantenida. Además, debería
ampliarse y prohibir el entrenamiento antinarcótico del
ejército guatemalteco.273
Estados Unidos debería también suspender ejercicios
militares conjuntos hasta que Guatemala cumpla
completamente con la reforma militar de los Acuerdos.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
106
Garantizar que cualquier entidad gubernamental (nueva o
existente) que reemplace funciones legítimas del ahora
desmantelado Estado Mayor Presidencial (EMP) esté
sujeta a supervisión civil.
Los poderes ocultos en Guatemala han contado tradicionalmente
con la participación de algunos miembros en
servicio y retirados del EMP para obtener información y
apoyo operacional. El EMP, que ha estado implicado en
numerosos casos de violaciones graves a los derechos
humanos, desempeñó una función doble durante décadas. A
la vez que se encargó de la seguridad del presidente,
vicepresidente y de sus familias, también fue centro de
inteligencia militar y de acciones encubiertas realizadas
desde la Presidencia.
Los Acuerdos de Paz de 1996 dispusieron el desmantelamiento
inmediato del EMP. A pesar de este compromiso,
sucesivos gobiernos guatemaltecos pospusieron el
cumplimiento de esta medida hasta el 30 de octubre de
2003.274 No obstante el reciente desmantelamiento, a
menos que se adopten medidas concretas para asegurar
que los oficiales del EMP involucrados en abusos a los
derechos humanos sean juzgados y que no se les
reincorpore en las fuerzas de seguridad o en cualquier otra
entidad estatal (nueva o existente), se habrá cumplido con
la letra pero no con las intenciones de los Acuerdos.
Además, han surgido algunas inquietudes con respecto a
un acuerdo del gobierno ordenando la transferencia de los
archivos del EMP al ministerio de Defensa. Sería más
apropiado que estos archivos, que pueden contener
información importante en materia de derechos humanos
que podría servir para aclarar y documentar abusos
cometidos por miembros del EMP, se pusieran bajo custodia
de autoridades civiles. Tal arreglo podría ayudar a prevenir
que los militares manipulen o destruyan información
valiosa para procesos judiciales y penales.
Fuera de eso, la Guardia Presidencial – otra unidad militar
que proporciona seguridad al presidente – también debe ser
desmantelada y tomarse las disposiciones para que sus
funciones sean asumidas por otra entidad del gobierno. Este
��
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
107
sería un paso necesario para poner más freno a la
posibilidad de los militares de ejercer influencia en el
ejecutivo. Hasta que esto no suceda, el gobierno
guatemalteco y el Congreso deberían abstenerse
inmediatamente de hacer cualquier transferencia de
fondos del presupuesto nacional a la Guardia Presidencial.
Demostrar un apoyo visible e inequívoco a todos los que
trabajan en la protección a los derechos humanos y en
iniciativas contra la impunidad.
El gobierno guatemalteco tiene la obligación de garantizar
la seguridad física de los defensores de los derechos
humanos, de otros líderes de la sociedad civil y de todos los
que trabajan en el sistema de justicia penal, incluyendo
jueces, fiscales y testigos. El gobierno guatemalteco y la
sociedad civil, los representantes de otros gobiernos y de la
comunidad internacional deben apoyar públicamente a los
que trabajan en la protección de los derechos humanos y en
iniciativas contra la impunidad. Las denuncias sobre el
deterioro de los derechos humanos en Guatemala deben ser
inequívocas y deben exigir la investigación y procesamiento
de los responsables de los ataques.
Apoyar los esfuerzos para fortalecer el sistema judicial en
Guatemala.
La investigación y procesamiento de los responsables de
ataques hechos por grupos clandestinos y de otras actividades
criminales depende del funcionamiento efectivo del
sistema judicial guatemalteco. El Ministerio Público y la
Policía Nacional Civil deben tener un presupuesto y equipo
adecuados para emprender investigaciones criminales
profesionales, ágiles y exhaustivas. Las oficinas de asuntos
internos deben ser reforzadas para que los funcionarios del
Ministerio Público, policías o personal de los tribunales que
acepten sobornos, manipulen o destruyan evidencia o
cometan otros abusos a instancias de los poderes ocultos,
sean investigados y castigados con severidad
Revocar o denegar visas, y proceder a juzgar, a los
guatemaltecos implicados en el narcotráfico, el crimen
organizado y el lavado de dinero.
Estados Unidos y otros gobiernos deben continuar revocando o
denegando visas a los guatemaltecos, incluyendo funcionarios de
gobierno y ciudadanos prominentes, cuando haya evidencia de
comportamiento delictivo. Además, los gobiernos extranjeros
deberían buscar activamente la extradición de cualquier
guatemalteco contra quien existan cargos sujetos a procesamiento
en su territorio. Estas medidas representarían una señal
clara para los individuos vinculados con los poderes ocultos, de
que sus actividades no van a seguir siendo toleradas por fuera de
Guatemala.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
108
��
109
1 Las organizaciones de derechos humanos en Guatemala informan
que hubo aproximadamente 374 casos de violencia contra miembros de
grupos de derechos humanos entre enero de 2000 y septiembre de
2003. Coalición para la CICIACS, “El rostro del terror: Análisis de los
ataques en contra de defensores de derechos humanos del 2000 al
2003,” 2004, p. 22.
2 Juan Hernández Pico, “El brazo armado de los poderes ocultos en
acción”, Envío, abril de 2002, p. 9, y Adriana Beltrán, entrevista con
Carmen Aida Ibarra, 9 de diciembre de 2003.
3 Ibídem.
4 Jaime Robles Montoya, El ‘Poder Oculto’ (Ciudad de Guatemala:
Fundación Myrna Mack, septiembre de 2002), borrador, pp. 89-90.
5 Amnistía Internacional, El legado mortal de Guatemala. El pasado
impune y las nuevas violaciones de derechos humanos (Londres, Amnistía
Internacional, Secretariado Internacional, 28 de febrero de 2002, p.
62, .
6 Fundación Myrna Mack, “Análisis preliminar de los hechos de
violencia contra la comunidad de derechos humanos y organizaciones
sociales de Guatemala,” mayo-junio de 2002, pp. 2-3.
7 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), Décimotercer Informe sobre Derechos Humanos de la Misión
de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Nueva York:
Asamblea General de la ONU, Quincuagésimo séptimo período de
sesiones, A/57/336, párrafo 52, octubre de 2002), p. 16, .
8 Embajador Otto J. Reich, “Corruption and Other Threats to Democratic
Stability in the Dominican Republic and Guatemala,”
Declaración ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del
Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes
del Congreso de Estados Unidos, 10 de octubre de 2002, p. 8,
traducción informal de WOLA.
9 La cronología se basa en información del boletín “Human Rights Update”
de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (GHRCEEUU),
acciones urgentes de Amnistía Internacional, los informes
anuales sobre la situación de derechos humanos en Guatemala del
Departamento de Estado de los Estados Unidos y artículos de prensa
nacional e internacional.
10 Comisión Vocera de la Diócesis de San Marcos, comunicado de
prensa, octubre de 2002.
11 Gobierno de la República de Guatemala y Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, Acuerdo Global sobre Derechos Humanos,
Compromiso IV, Numeral 1 (México, D.F.: 29 de marzo de 1994), p. 2,
.
12 Comisión para el Esclarecimiento Historico, “Conclusiones y
Recomendaciones,” en Guatemala: Memoria del Silencio (Ciudad de Guatemala:
1999), párrafo 23, p. 5, .
13 Ibídem, párrafos 144, 145 y 146, p. 12.
Notas
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
110
14 Ibídem, párrafo 10, p. 2.
15 “Opina que autonomía del Ejército es relativa,” Prensa Libre, 2 de
noviembre de 2000, p. 5.
16 “El brazo armado de los poderes ocultos,” op.cit., p. 11.
17 Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), Guatemala
NeverAgain! The Official Report of the Human Rights Office Arquidiócesis
de Guatemala, Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica
(REHMI), (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999), p. 245.
18 “Destaca falta de liderazgo,” Prensa Libre, 2 de noviembre de 2000, p.
4.
19 Jennifer Schirmer, The Guatemalan Military Project: A Violence Called
Democracy (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998), p.
23, traducción informal de WOLA.
20 National Security Archive, “The Guatemalan Military: What the U.S.
Files Reveal: List of Military Officers,” p. 20, .
21 José Rubén Zamora, “El crimen organizado, el ejército y el futuro de
los guatemaltecos,” El Periódico, 12 de noviembre de 2002, p. 2
22 Ibídem, p. 3.
23 El general Mario René Siliézar Girón fungió como viceministro de la
Defensa durante el gobierno de Alfonso Portillo. Véase “El crimen
organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos,” p. 3.
24 Ibídem, pp. 3-4.
25 Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente, Causa No. 22-97 Oficial 3 (Mixco, 24 de mayo de 1999), p. 48.
26 “EE.UU. retira visas a Callejas y Rojas,” Prensa Libre, 13 de
noviembre de 2002, p. 1, .
27 Coralia Orantes, “Juez libera secreto bancario de Ortega,” Siglo
Veintiuno, 8 de diciembre de 2003, p. 1, .
28 Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica
(REHMI), Guatemala Nunca Más!, Tomo II (San José: Imprenta LIL S.A.,
1998), p. 256.
29 Guatemala Nunca Más!, op.cit., p. 252.
30 Varios oficiales del ejército guatemalteco describieron esta
ceremonia en entrevistas con una fuente confiable, que prefiere
permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
31 Tracy Wilkinson, “New Guatemalan President Orders Military
Shake-up,” Los Angeles Times, 8 de junio de 1993, p. A10.
32 “El crimen organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos,”
op cit., p. 2.
33 “El brazo de los poderes ocultos,” op.cit., p. 10.
34 “El crimen organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos,”
op.cit., p. 3.
35 Ibídem.
36 El general Robin Macloni fue Ministro de la Defensa de agosto de
2002 a enero de 2004 durante el gobierno de Portillo.
37 “El crimen organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos,”
op.cit., p. 3.
38 Ibídem.
39 Greg Brosnan, “U.S. Revokes Visa of Former Guatemalan General,”
Reuters, 20 de marzo de 2002.
40 “Investigation Targets Ex-Military Officers,” The Miami Herald, 24 de
octubre de 2002, p. A8.
111
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
41 “Ex-Guatemalan General Says He Was Never Involved in Drug Trafficking,”
Associated Press, 21 de marzo de 2002.
42 Tim Johnson, “Guatemalan Seeks Global Help to Lower Crime in
Weary Land,” The Miami Herald, 9 de febrero de 2003, p. A5.
43 Pavel Arellano y Sonia Pérez, “Hablan militares cuestionados:
personajes que investigarán por supuestos nexos con delincuencia
rompen silencio,” Prensa Libre, 25 de octubre de 2002, p. 1, .
44 “Juez libera secreto bancario de Ortega,” op. cit., p. 1.
45 United States Defense Intelligence Agency, “Why the ‘Tanda’ Phenomenon
Does Not Exist in the Guatemalan Military” (cable secreto,
27 de agosto de 1991), p. 2, .
46 United States Defense Intelligence Agency, “Guatemala/Turbulence
in the Military” (cable confidencial, 10 de mayo de 1982), p. 3, .
47 Prensa Libre, 20 de enero de 2000, p. 4.
48 The Guatemalan Military Project, op.cit., p. 23.
49 En 1995 un juez federal de Boston ordenó a Gramajo pagar 47,5
millones de dólares de indemnización por su rol en “una indiscriminada
campaña de terror contra civiles”. La hermana Dianna Ortiz,
quien sobrevivió a las torturas, y ocho guatemaltecos que sobrevivieron
a las masacres iniciaron un juicio civil en su contra bajo la Ley de
Agravios a Extranjeros. Gramajo falleció el 14 de marzo de 2004
después de haber sido atacado por abejas africanas.
50 Citado por Dianna Ortiz en, The Blindfold’s Eyes: My Journey from
Torture to Truth (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002), pp. 300-301,
traducción informal de WOLA.
51 “New Guatemalan President Orders Military Shake-up,” Los Angeles
Times, 8 de junio de 1993, p. A10.
52 Allan Nairn y David Corn, “CIA Death Squad,” The Nation, 17 de
abril de 1995, Vol. 260, No. 15, p. 511.
53 “U.S. Concludes Guatemalan Leaders, Officers Covered Up
American’s Death,” The Dallas Morning News, 24 de marzo de 1996, p.
13A, traducción informal de WOLA.
54 Rachel Sieder, Megan Thomas, George Vickers y Jack Spence, Who
Governs? Guatemala Five Years After the Peace Accords (Boston: Hemisphere
Initiatives, enero de 2002), p. 8.
55 Tres días antes del anuncio, varios hombres armados y enmascarados
atacaron e hirieron a la hija de Pérez Molina, Lissette Pérez Leal
de Solórzano. Unos minutos después, en otro sitio, varios hombres
armados y enmascarados asesinaron a tiros a Myriam Patricia
Castellanos Fuentes de Aguilar, quien conducía un carro justo en
frente de Rosa María Leal, la esposa de Pérez Molina, en lo que se cree
que pudo ser un caso de error de identificación. Después de estos
incidentes, Pérez Molina declaró que “no descartamos la posibilidad de
que gente cercana al gobierno esté involucrada”. Luisa F. Rodríguez,
“¿Actuaron allegados al Gobierno?,” Prensa Libre, 23 de febrero de
2001, p. 3.
56 En Marzo de 2002, Siglo Veintiuno publicó una serie de extensos
artículos investigativos que decribían cómo el presidente Alfonso
Portillo, el vicepresidente Francisco Reyes López, el secretario privado
presidencial Julio Girón, y el hijo de Reyes, Francisco Reyes Wyld,
habían establecido presuntamente cuatro compañías y habían abierto
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
112
trece cuentas bancarias para sacar recursos del estado fuera del país.
Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones pertinenes a
este caso.
57 “Presidente de Guatemala se declara tranquilo tras denunciar
intentos golpistas,” Agence France Press, 11 de junio de 2002, p. 2.
58 “Algunos nombres de diputados y diputadas,” Siglo Veintiuno, 11 de
noviembre de 2003.
59 Antonio Ordoñez, Lucy Chay y Juan Carlos Llorca, “Otto Pérez
Molina sale del gobierno; Partido Patriota abandona la Gana,” El
Periódico, 18 de mayo de 2004, p. 2.
60 Rachel Garst, “La inteligencia presidencial: la historia sin fin,” El
Periódico, 9 de enero de 2000.
61 Testimonio de Katerine Temple Laspley Doyle, del The National Security
Archive en Washington, D.C. como perita ante el Juzgado Tercero
de Instancia Penal en el caso de Myrna Mack, Ciudad de Guatemala,
12 de septiembre de 2003.
62 Guatemala Nunca Más!, op.cit., p. 106.
63 United States Defense Intelligence Agency, “IIR [redacted] Intelligence
Capabilities of the Guatemalan President’s Staff (U)” (cable
confidencial, 17 de julio de 1992), pp. 37-38, traducción informal de
WOLA.
64 El documento se puede ver en: .
65 Gobierno de la República de Guatemala y Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y
Función del Ejército en una Sociedad Democrática (Mexico, D.F.: 19 de
septiembre de 1996, párrafo 46), .
66 Ibídem, párrafos 49, 52 y 53.
67 “Análisis Preliminar de los Hechos de Violencia contra la Comunidad
de Derechos Humanos”, op.cit., Nota de pie de página 2, p. 2.
68 Amnistía Internacional, “Silencing the past: The murder of Bishop
Gerardi” en El legado mortal de Guatemala: el pasado impune y las nuevas
violaciones de derechos humanos (Londres: Amnistía Internacional,
Secretariado Internacional, 28 de febrero de 2002), pp. 22-27, .
69 “The Guatemalan Military: What the U.S. Files Reveal,” op. cit., p.
111.
70 Elder Interiano, “Querella contra Helen Mack por difamación,”
Prensa Libre, 7 de mayo de 2002, p. 1.
71 Ibídem.
72 Alberto Ramírez y Marvin del Cid, “Más fondos para el EMP,” Prensa
Libre, 31 de diciembre de 2002, p. 1, .
73 Amnistía Internacional, “Guatemala retrocede hacia su oscuro
pasado,” comunicado de prensa, Indice AI: AMR 34/043/2003,
Servicio de Noticias No: 173/03, 16 de julio de 2003, .
74 Congreso de la República de Guatemala, Dictamen Favorable a la
Iniciativa de Ley que Dispone Aprobar la Ley de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, No. 2782
(Ciudad de Guatemala, 2003), p. 6.
75 “Dudas por la disolución del EMP,” Prensa Libre, 22 de septiembre
de 2003, p. 1, .
76 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), “Informe de Verificación Disolución del Estado Mayor
Presidencial (EMP) y Creación de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Segruidad (SAAS): Intervención del Señor Tom
Koenings Representante Especial del Secretario General y Jefe de
Misión,” 7 de enero de 2004, p. 3, .
77 Ministerio de la Defensa Nacional de la República de Guatemala,
Acuerdo Gubernativo Número 587-2003 (Ciudad de Guatemala, 2003), p.
1.
78 Guatemala Nunca Más!, op.cit., p. 119.
79 Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Tomo II
(Ciudad de Guatemala, 1999, párrafos 1205 y 1207), pp. 162-163,
.
80 Guatemala Nunca Más!, op.cit., p. 119.
81 Ibídem.
82 En el sitio web: hay un banco de datos de oficiales del
ejército guatemalteco, en el que se encuentra Miranda Trejo.
83 CERIGUA, “General Suspended for Forced Recruitment,” Weekly
Brief, No. 33, 31 de agosto de 1995, p. 1, .
84 “Aseguran ex patrulleros siguen organizados con fines electorales,”
EFE News Service, 18 de julio de 2002.
85 Guatemala Nunca Más!, op.cit., p. 84.
86 Associated Press Worldstream, 15 de julio de 1998.
87 Departamento de Estado de los EEUU, Guatemala, Country Reports on
Human Rights Practices – 2000 (Washington, D.C.: Departamento de
Estado de los EEUU, Oficina de democracia, derechos humanos y
labor, 23 de febrero de 2001), p. 6, .
88 Julieta Sandoval, “Militarización del INGUAT?,” Prensa Libre, 4 de
mayo de 2002, p. 10.
89 Amnistía Internacional, Guatemala: Reaparecen las Patrullas de
Autodefensa Civil (Londres: Amnistía Internacional, 4 de septiembre de
2002), p. 4, .
90 Guatemala Nunca Más!, op.cit., pp.118-122 y 304-305.
91 Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, op.cit., párrafo
1379, p. 227.
92 Ibídem., párrafo 1752 y gráfica, pp. 323-324.
93 Velia Jaramillo, “En pos de la justicia internacional: disipa Menchú
la niebla del olvido en Guatemala,” Proceso Internacional, 26 de diciembre
de 1999, p. 4.
94 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), Duodécimo Informe sobre Derechos Humanos de la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Nueva York: Asamblea
General de la ONU, Quincuagésimo Sexta Sesión, A/56/273, párrafo
8, septiembre de 2001), p. 3,
. En
1986, cuando la administración de Cerezo emitió el Decreto 19-86 que
extendía la existencia de las PAC, se les cambió el nombre por
Comités Voluntarios de Defensa Civil.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
114
95 Este estudio de caso se basa ampliamente en la recopilación
detallada sobre el caso Moreno en, Rodolfo Robles Montayo, El ‘Poder
Oculto’ (Ciudad de Guatemala: Fundación Myrna Mack, septiembre de
2002), pp. 123-130.
96 “La historia que nunca se quizo revelar,” Siglo Veintiuno, 15 de
septiembre de 1996, p. 4.
97 “Una Estructura Poderosa,” Siglo Veintiuno, 15 de septiembre de
1996, p. 4.
98 “Clan del ‘capo’ Moreno se desarticula,” La República, 19 de septiembre
de 1998, p. 3.
99 Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente, Causa No. 22-97 Oficial 3 (Mixco, 24 de mayo de 1999), p. 46,
y La República, 6 de octubre de 1996.
100 “El grupo de abogados llamado Salvavidas auxiliaba a Moreno,”
Prensa Libre, 23 de septiembre de 1996, p. 3.
101 Ministro de Gobernación de 2000 a 2001. Asumió como diputado
del Congreso por el FRG en diciembre de 2001, función durante la
cual fue implicado en el desfalco de más de 80 millones de quetzales
del Ministerio de Gobernación. Actualmente, el Ministerio Público lo
sindica por los delitos de peculado y falsificación de documentos
privados. El 12 de marzo de 2004, Barrientos fue detenido luego de
que el Tribuna Séptimo de Sentencia Penal emitiera una orden de
aprehensión preventiva.
102 Ruiz Wong fue nombrado ministro de Gobernación por el president
Portillo, cargo en el que permaneció entre enero y julio de 2000.
Wong fungió como presidente de la Corte de Constitucionalidad de
abril de 2003 a abril del 2004. Actualmente, se desempeña como
magistrado de dicha Corte.
103 “Comité ejecutivo del PAN se reúne y analiza destituciones,” Siglo
Veintiuno, 18 de septiembre de 1996, p. 5.
104 Pavel Avellano, “Fiscalía: Mafía estafó al gobierno en más de 80
millones de quetzales mensuales,” La República, 18 de septiembre de
1996, p. 5.
105 El general Roberto Eduardo Letona Hora perdió su cargo como
agregado militar en Washington después de estas revelaciones. Prensa
Libre, 20 de enero de 2000.
106 “El caso a crimen organizado,” El Periódico, 22 de enero de 2000, p.
4.
107 Estuardo Pinto, “Moreno otra vez absuelto,” Nuestro Diario, 21 de
enero de 2000.
108 Elder Interiano, “Alfredo Moreno por salir libre,” Prensa Libre, 22 de
mayo de 2001, p. 1, .
109 Ibídem.
110 Greg Brosnan, “Guatemala Rejects Ex-Dictator’s Presidential Bid,”
Reuters, 6 de junio de 2003.
111 Casi ocho meses después de los eventos de Jueves Negro, el juez
Víctor Hugo Herrera Ríos abrió un proceso penal contra el general Ríos
Montt por los delitos de homicidio preterintencional, coacción y
amenazas y ordenó su arresto domiciliario. Sin embargo, la orden le
daba la libertad de desplazarse por todo el país. La resolución judicial
surgió tras la declaración de Ríos Montt en el Juzgado Quinto de
Instancia Penal sobre la muerte de Héctor Ramírez. En mayo de 2004,
la Sala Décima de la Corte de Apelaciones modificó la medida de
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
115
arresto domiciliario prohibiéndole a Ríos Montt abandonar su residencia.
No obstante, el general ha gozado de libertad de movimiento.
Véase Pedro Pop “Ríos Montt está bajo arresto domiciliario,” Prensa
Libre, 9 de marzo de 2004, p. 1, <>, y Conié Reynoso “Ríos Montt queda
bajo arresto en su domicilio,” Prensa Libre, 13 de mayo de 2004, p. 1, <>.
112 Embajada de Estados Unidos en Guatemala, “Statement by Ambassador
John R. Hamilton Regarding Violent Demonstrations in Guatemala
City, July 24, 2003,” 24 de julio de 2003, ,
traducción informal de WOLA.
113 Sonia Pérez, “Agreden a Rigoberta Menchú,” Prensa Libre, 10 de
octubre de 2003, p. 1, .
114 Sonia Pérez, “Piden capturar a nieto de Ríos Montt,” Prensa Libre, 9
de marzo de 2004, p. 1, .
115 Pedro Pop, “Nieto de Ríos Montt, libre bajo fianza,” Prensa Libre, 10
de marzo de 2004, p.1, .
116 Who Governs?, op.cit., pp. 10-11, traducción informal de WOLA.
117 Ibídem, p. 11.
118 Ibídem.
119 Guatemala resultó peor que los otros países centroamericanos con
excepción de Honduras. Fuente: Transparencia Internacional, Corruption
Perception Index 2003 (Berlín: Transparencia Internacional, 7 de
octubre de 2003), p. 5, .
120 Entre los casos de corrupción se encuentran: 1) En octubre de
2001 se descubrió que se habían sacado 80 millones de quetzales del
ministerio de Gobernación hacia cuentas bancarias personales del ex
ministro Byron Barrientos y otros altos funcionarios del FRG; 2) el
entonces presidente Alfonso Portillo, el vicepresidente Juan Francisco
Reyes López y otros dos altos funcionarios usaron presuntamente
fondos estatales para abrir cuentas bancarias en Panamá para sus
negocios privados; 3) el ex presidente de la Junta Directiva del
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Rodolfo
Wohlers, enfrenta acusaciones por la malversación de 239 millones de
quetzales en el IGSS; 4)El ex jefe de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT), Marco Tulio Abadío se le acusa de
apropiarse de forma ilícita de más de 40 millones de la SAT; el 14 de
julio de 2004 fue capturado, luego de ser prófugo de la justicia por
cinco meses; 5) Eduardo Weymann, ex ministro de Finanzas, fue
detenido el 22 de abril de 2004 al no cancelar una fianza de 38
millones impuesta por el Juzgado Cuarto de Instancia Penal, el cual
abrió un proceso en su contra por haber autorizado gastos por 38
millones de quetzales en la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT) cuando ya no era funcionario y por su presunta
vinculación con el saqueo de 60 millones a la SAT; 6) José Armando
Llort, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), enfrenta
acusaciones por la estafa de 105 millones a esa institución; 7) Óscar
Dubón Palma, ex jefe de la Contraloría General de Cuentas de la
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
116
Nación (CGCN), es señalado de haber desviado millones de quetzales
de la institución para financiar las campañas electorales de los
partidos UNE y PAN, y 8) El ex vicepresidente Francisco Reyes López,
quien fue detenido el 28 de julio de 2004, es acusado de haber
participado en el intento de apropiarse de un terreno propiedad del
Patronato Antialcohólico de Guatemala y de desacato por incumplir
una orden judicial de presentarse a declarar.
121 Who Governs?, op.cit., p. 11.
122 “¿Quién conspira contra el Gobierno?” El Periódico, 29 de
septiembre de 2000, p. 3.
123 “El crimen organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos,”
op.cit., p. 4.
124 “El crimen organizado y el futuro de los guatemaltecos,” op. cit., p.
2, y “EE.UU. pide firmar tratado para intercambiar información,”
Agencia France Press, 2 de noviembre de 2002.
125 “Destaca falta de liderazgo,” Prensa Libre, 2 de noviembre de 2000,
p. 4.
126 Ibídem.
127 Ibídem.
128 Ibídem.
129 “¿Quiénes forman la red de Salán?” El Periódico, 15 de mayo de
2000, p. 2.
130 “El coronel retirado que aún manda,” El Periódico, 6 de noviembre de
2000, p. 3.
131 “Pugna dentro del ejército: Estrada aventaja a Salán,” El Periódico, 5
de diciembre de 2000, p. 5.
132 Ibídem.
133 “Guerra de Baja Intensidad entre los bandos en pugna,” El Periódico,
12 de mayo de 2000, p. 6.
134 “Sálan a la Cabeza,” El Periódico, 15 de mayo de 2000, p. 2.
135 “Diario Denuncia Hostigamiento a Periodistas por Espías Ilegales,”
Servicio Español de Noticias, 18 de mayo de 2000.
136 “Deja a Portillo “por amistad”: Salán Sánchez ya no estará a cargo de
la seguridad del mandatario,” Prensa Libre, 28 de julio de 2000, p. 1.
137 “El crimen organizado, el ejército y el futuro de los guatemaltecos,”
op.cit., p. 3.
138 Sonia Pérez, “Investigan a Salán Sánchez por hechos de corrupción,”
Prensa Libre, 13 de abril de 2004, p.1, .
139 Claudia Méndez Villaseñor, “Salán Sánchez declara en el MP,”
Prensa Libre, 15 de mayo de 2004, p. 1, .
140 “Mass Purge of Top Security Echelons,” Latin America Weekly Report,
3 de octubre de 1996, p. 452.
141 “EE.UU. Retira Visas a Callejas y Rojas,” op.cit., p. 1.
142 Elder Interiano, “MP: Alfonso Portillo envió informe sobre Napoleón
Rojas,”Prensa Libre, 6 de marzo de 2003, p. 1, .
143 Sonia Pérez, “Ordenan investigar a Napoleón Rojas,” Prensa Libre,
17 de diciembre de 2003, p. 1, .
144 “Napoleón Rojas declara hoy en caso CHN,” El Periódico, 25 de mayo
de 2004, p. 1.
117
145 “Destaca falta de liderazgo,” op.cit., p. 5.
146 Pavel Arellano, “Más de 125 cambios en el Ejecutivo,” Prensa Libre,
5 de febrero de 2003, p. 8, .
147 Julieta Sandoval, “Doscientos un millones para EMP,” Prensa Libre,
29 de mayo de 2002, p. 2, .
148 Carlos de León Argueta fue destituido como Fiscal General el 25 de
febrero de 2004, tras hacer caso omiso a la solicitud del presidente
Óscar Berger de rendir un informe sobre el avance en los casos de la
inscripción del general Efraín Ríos Montt como candidato presidencial,
la agresión contra el periodista José Rubén Zamora y la captura
de César Augusto Sandoval, ex gerente del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS). En su lugar fue nombrado Juan Luis Florido,
diputado por la Gran Alianza Nacional (GANA) e integrante de la lista
de cinco profesionales que entregó en el 2003 la Comisión Postuladora
al entonces presidente Alfonso Portillo. Véase: Luisa Rodríguez y
Sonia Pérez, “Óscar Berger remueve a Carlos de León,” Prensa Libre, 25
de febrero de 2004, pp. 1-2, .
149 Sonia Pérez, “Investigarán a militares sospechosos de ilícitos,”
Prensa Libre, 24 de octubre de 2002, p. 3, .
150 Amnistía Internacional USA, “Urgent Action Appeal 335/02,” 10 de
diciembre de 2002, p. 1.
151 Fischer y Morales indicaron que su renuncia se debió a la interferencia
del fiscal general en sus investigaciones de las presuntas
cuentas bancarias abiertas en Panamá por el presidente Portillo y
otros altos funcionarios del gobierno. Pedro Pop, “Fiscal Karen Fischer
renuncia,” Prensa Libre, 1 de abril de 2003, p. 1, , y Claudia Méndez Villaseñor, “Obligada a no investigar,”
Prensa Libre, 23 de julio de 2003, p. 1,.
152 Alfonso Portillo Cabrera, Discurso de Toma de Posesión (Ciudad de
Guatemala: 14 de enero de 2000).
153 Óscar Berger Perdomo, Discurso de toma de posesión (Ciudad de Guatemala:
14 de enero de 2004), http://www.minex.gob.gt/discursos/
dispresidencia/dis2004/tompos.htm>.
154 Óscar Berger Perdomo, Intervención del Presidente Óscar Berger en el
Cosejo Permanente de la OEA (Washington, DC: 30 de abril de 2004),
.
155 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC),
Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y
abogados, Sr. Param Coomaraswamy: Informe sobra la misión cumplida en
Guatemala (Ginebra: Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Quincuagésimo Sexta Sesión, E/CN.4/2000/61/add.1,
párrafo 47, 6 de enero de 2000), p. 14, .
156 Departamento de Estado de los EEUU, Guatemala, Country Reports
on Human Rights Practices – 2003 (Washington, D.C.: Departamento de
Estado de los EEUU, Oficina de democracia, derechos humanos y
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
118
trabajo, 25 de febrero de 2004), pp. 9-10, , traducción informal de WOLA.
157 David Gónzalez, “Graft Aggravates Woes Plaguing Central America,”
The New York Times, 25 de febrero de 2003, p. A3.
158 Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y
abogados, op.cit., párrafo 141, p. 36.
159 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Observaciones
Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al
culminar su visita a Guatemala,” comunicado de prensa No. 8/03, 29
de marzo de 2003, p. 2, párrafo 5, .
160 Editorial, “U.N. Help for Crime in Guatemala,” The New York Times,
21 de enero de 2004, traducción informal de WOLA.
161 Para más detalles sobre el caso Mack, véase: www.wola.org y
Torsten Wiesel y Carol Corillon, eds., Guatemala: Human Rights and the
Myrna Mack Case y Addendum (Washington, D.C.: The National Academies
Press, 2003),
y .
162 Para mayor información sobre el caso de Myrna Mack en Guatemala
véase: .
163 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), “Pronunciamiento de Minugua ante la fuga de Juan
Valencia Osorio,” comunicado de prensa Ref. 01-2004, 23 de enero de
2004, p. 1, <>.
164 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Myrna Mack
Chang vs. Estado de Guatemala (Costa Rica, Corte Interamericana de
Derechos Humanos, 23 de noviembre de 2003), .
165 Declaración de 2000 del Instituto de Estudios Políticos Económicos
y Sociales (IPES), como aparece citado en el documento de Amnistía
Internacional, El legado mortal de Guatemala: el pasado impune y las
nuevas violaciones de derechos humanos (Londres: Amnistía
Internacional, Secretariado Internacional, 28 de febrero de 2002), p.
9, .
166 Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y
abogados, op.cit., párrafo 46, p. 13.
167 “Former Military Accuse Rebels of Rights Abuses,” Guatemala News
Watch, junio de 1998.
168 Mario Antonio Sandoval, “El problema de AVEMILGUA,” Prensa
Libre, 23 de septiembre de 2002, p. 14, .
169 El general Godoy Gaitán fue procesado como uno de los autores
intelectuales del asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack.
Luego de un largo proceso, salió absuelto cuando un panel de tres
jueces no encontró evidencias suficientes de su implicación directa en
el crimen.
170 Centro de Estudios de Guatemala, La Reorganización de las PAC
(Ciudad de Guatemala: Centro de Estudios de Guatemala, 7 de octubre
de 2002), p. 1.
171 “Ex-PAC: NO al pago por ‘servicios’ prestados,” Debate, No. 21,
agosto de 2002, p. 10.
172 “Exigencia esperada,” Prensa Libre, 18 de septiembre de 2002, p.
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
119
14, .
173 Edgar Octavio Girón, “ExPAC piden que les paguen,” Prensa Libre, 2
de mayo de 2004, p. 1, .
174 Gema Palencia, “Ex PAC exigen pago,” Prensa Libre, 6 de mayo de
2004, pp. 1-2, .
175 Gema Palencia, “Nuevos bloqueos de ex PAC causan repudio,”
Prensa Libre, 14 de julio de 2004, pp. 1-2, .
176 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), “Minugua exhorta al gobierno a cumplir los Acuerdos de
Paz sobre resarcimiento y reparación a las víctimas de violaciones a
los derechos humanos,” comunicado de prensa REF.34-2002, 31 de
julio de 2002, p. 1,
.
177 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Preocupación de
la Comisión Interamericana por la situación de los defensores de
derechos humanos en Guatemala,” comunicado de prensa No. 30-02,
26 de julio de 2002, pp. 2-3, .
178 Juan Luis Font, “La crítica frente al poder,” El Periódico, 23 de
septiembre, 2002, p. 11.
179 La Asociación para la Justicia y Reconciliación y el Centro para la
Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) en nombre de varias
comunidades indígenas han presentado una querella contra el alto
mando militar del general Ríos Montt a quienes se les acusan de haber
perpetrado genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de
guerra por las masacres ocurridas entre el 16 de abril de 1982 y el 13
de octubre de 1982. Para mayor información véase: . La
Audiencia Nacional de España también abrió un proceso en contra de
Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad.
180 Crista Kepfer, “Berger promete pago a ex PAC,” Prensa Libre, 1 de
diciembre de 2003, p. 1, .
181 Sonia Pérez, “La CC suspende pago a ex PAC,” Prensa Libre, 18 de
diciembre de 2003, p. 1, .
182 Pedro Pop, “No habrá pago a ex PAC,” Prensa Libre, 22 de junio de
2004, p. 2, .
183 Marvin del Cid, “Pago a Ex PAC va a Comisión,” Prensa Libre, 9 de
julio de 2004, p. 1, .
184 L. Chay y A. Ordonez, “Congreso legaliza el pago para los ex patrulleros,”
El Periódico, 20 de agosto de 2004, pp. 1-2.
185 Ibídem.
186 Helen Mack, “Procesos electorales, situación nacional y desafíos
para los universitarios,” 30 de octubre de 2003, p. 2, .
187 Jennyffer Paredes y Marvin del Cid, “PAN y UNE recibieron fondos
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
120
de Contraloría,” Prensa Libre, 19 de febrero de 2004, p. 1, .
188 Pedro Pop y Conié Reynoso, “MP citará a Alvaro Colom por dinero
sucio para UNE,” Prensa Libre, 27 de febrero de 2004, p. 1, .
189 National Security Archive, “The Guatemalan Military: What the
U.S. Files Reveal: List of Military Units,” p. 13, .
190 Enrique Alvarez, “La captura del Estado,” Reporte Diario, 21 de
febrero de 2002, p. 1.
191 Décimotercer Informe sobre Derechos Humanos de la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, op.cit., p. 9.
192 “Iglesia Católica Rechaza Linchamientos, Robos y la Impunidad,”
Prensa Libre, 17 de agosto de 2000.
193 Fundación Rigoberta Menchú, “Ante la Situación de los Derechos
Humanos,” comunicado de prensa, 6 de marzo de 2001.
194 “La seguridad no se negocia,” 22 de marzo de 2002, p. 1.
195 Ibídem, p. 2.
196 Coordinado por el vicepresidente, el Gabinete de Seguridad incluía
las siguientes instituciones: los ministerios de la Defensa,
Gobernación, y Relaciones Exteriores; la Secretaría de Análisis
Estratégico (SAE) y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad (SAAS); y la Coordinadora Presidencial para Derechos
Humanos (COPREDEH). El nombre de este grupo de agencias fue
modificado posteriormente en “Gabinete para Derechos Humanos y
Seguridad”.
197 La seguridad no se negocia, op.cit., p. 3
198 Secretaría de Análisis Estratégico, Elementos para el análisis actual de
los derechos humanos y consideraciones en torno a ‘cuerpos de seguridad
ilegales y aparatos clandestinos (Ciudad de Guatemala: Secretaría de
Análisis Estratégico, 28 de mayo de 2002), p. 7.
199 Secretaría de Análisis Estratégico, Consideraciones en torno a la
existencia y operaciones de ‘cuerpos de seguridad ilegales y aparatos
clandestinos’ (Ciudad de Guatemala: Secretaría de Análisis Estratégico,
Memorándum urgente al Gabinete de Seguridad, 11 de mayo de 2002),
p. 1.
200 “SAE: Existen aparatos clandestinos en el país,” Guatemala Hoy, 28
de mayo de 2002.
201 Presidencia de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo
Número 170-2002 (Ciudad de Guatemala, 24 de mayo de 2002), como
apareció publicado en Diario de Centro América, No. 23, 28 de mayo de
2002, p. 1.
202 Elder Interiano, “Reyes sostiene que no hay crisis en DDHH,”
Prensa Libre, 26 de mayo de 2002, p. 10,.
203 “Existen pruebas de grupos parelelos,” Siglo Veintiuno, 31 de mayo
de 2002.
204 “¡¡¡¡¡¡¡¡¡A LOS ENEMIGOS DE LA PATRIA!!!!!!!!!”, amenanza de los
Guatemaltecos de Verdad, 7 de junio, 2002, una página, copia
proporcionado a WOLA por varias de las organizaciones receptoras.
205 “Comunicado de prensa,” firmado por 31 organizaciones
guatemaltecas de la sociedad civil, 3 de junio de 2002, p. 1.
206 Luisa Fernanda Rodríguez, “Portillo con visión diferente de Jilani,”
Prensa Libre, 2 de junio 2002, p. 3, .
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
121
207 Como está citado en “Guatemala: Government Accused of Complicity
in Threats and Abuses Against Human Rights Defenders, other Social
Activists,” NotiCen: Central American and Caribbean Affairs, 27 de junio
de 2002, traducción informal de WOLA.
208 Marion Lloyd, “Guatemala Sees Fears of Terror Revive,” Boston
Globe, 16 de junio de 2002, p. A4, traducción informal de WOLA.
209 Ibídem.
210 De acuerdo a la CIDH, Guatemala es el segundo país después de
Colombia, en términos del número de peticiones de medidas
cautelares para casos de intimidación y amenazas contra los
defensores de derechos humanos. “Piden Investigar Agresiones,”
Reporte Diario, Numeral 61, 25 de julio de 2002.
211 “Preocupación de la Comisión Interamericana,” op.cit., p. 1.
212 Resoluciones del Primer Congreso Nacional de Derechos Humanos, 7 de
diciembre de 2002.
213 Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
“MINUGUA condena amenazas en contra de defensores de derechos
humanos,” comunicado de prensa, 12 de junio de 2002, .
214 Teresa López, “Jilani sugiere investigar a grupos clandestinos,”
Prensa Libre, 1 de junio de 2002, p. 5, .
215 Leslie Pérez, “Portillo desacredita a Relatora de la ONU,” Siglo
Veintiuno, 2 de junio de 2002, p. 4.
216 Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
“U.N. Expert Calls for Further Steps to Protect Rights Defenders in
Guatemala,” comunicado de prensa, 23 de enero, 2003, p. 1, traducción
informal de WOLA.
217 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), The Situation in Central America: progress in fashioning a
region of peace, freedom, democracy and development, (Nueva York:
Asamblea General de la ONU, Quincuagésimo octavo período de
sesiones A/58/267, párrafos 23 y 26, 11 de agosto, 2003), pp. 6-7,
traducción informal de WOLA.
218 “Preocupación de la Comisión Interamericana,” op.cit., pp. 2-3, y
“Se afianza la impunidad: enviada de la CIDH no ve avances en
derechos humanos en el país,” Prensa Libre, 27 de julio de 2002, p. 1,
y “Dos visitas muy significativas,” Debate,
No. 21, agosto de 2002, p. 3.
219 “Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos al culminar su visita a Guatemala,” op.cit., párrafo
13.
220 Ibídem, párrafo 14.
221 Ibídem, párrafo 40.
222 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Justicia e inclusión
social: los desafíos de la democracia en Guatemala (Washington, DC,
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 29 de diciembre de
2003), p. 201, .
223 Parlamento Europeo, “Derechos humanos: Situación de los
derechos humanos en Guatemala,” P5_TA(2002)0189, 11 de abril de
2002, pp. 1-2, .
224 “EU decidirá en 60 días si abandonará Guatemala,” Prensa Libre, 19
de diciembre de 2002, .
225 Parlamento Europeo, “Resolución del Parlamento Europeo sobre
Guatemala,” P5_TA(2003)0190, 10 de abril de 2003, pp. 1-2,
.
226 En este caso presuntamente también están implicados el general
Francisco Ortega Menaldo y su esposa Ana Patricia Arana de Ortega.
Véase C. Menocal y C. Orantes, “Lavaron otros Q200 millones,” Siglo
Veintiuno, 1 de marzo de 2004, pp. 2-4, .
227 Fundación Myrna Mack, “Informe para el Relator Especial de
Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados
Señor Param Cumaraswamy,” noviembre de 2001, p. 20.
228 Departamento de Estado de EEUU, Guatemala, Country Reports on
Human Rights Practices – 2001 (Washington, D.C.: Departamento de
Estado de los EEUU, Oficina de democracia, derechos humanos y labor,
4 de marzo de 2002), p. 16, .
229 “The Armed Wing of the ‘Hidden Powers,” op.cit., p. 22.
230 Ibídem, p. 24.
231 Conié Reynoso y Claudia Méndez Villaseñor, “Juez envía a prisión a
Alvarado McDonald,” Prensa Libre, 9 de junio de 2004, .
232 Pedro Pop, “Juez fija Q3 millones de fianza a Alvarado McDonald,”
Prensa Libre, 19 de junio de 2004, p. 1, .
233 Conié Reynoso, “Juez emite fallo a favor de banquero,” Prensa Libre,
7 de agosto de 2004, p. 1, .
234 “Corruption and Other Threats to Democratic Stability in the Dominican
Republic and Guatemala,” op.cit., p. 3.
235 Paul E. Simons, “On Drug Corruption and Other Threats to Democratic
Stability in the Dominican Republic and Guatemala,”
Declaración ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del
Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes
del Congreso de Estados Unidos, 10 de octubre de 2002, p. 5,
traducción informal de WOLA.
236 Monica Vegas Kladakis, “Drug Corruption in Guatemala and the
Dominican Republic,” Declaración ante el Subcomité para el
Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Internacionales de la
Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, 10 de
octubre de 2002, pp. 3-4, traducción informal de WOLA.
237 “Washington golpea corrupción del FRG,” Prensa Libre, 13 de
octubre de 2002, p. 2, .
238 Jennifer Paredes, “EE.UU. Demanda Acción Concreta Contra
Mafías,” Prensa Libre, 13 de noviembre de 2002, p. 2, .
239 Embajada de Estados Unidos en Guatemala, “U.S. Department of
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
123
State Releases 2002 Human Rights Report for Guatemala,” comunicado
de prensa, 31 de marzo de 2003, p. 1, traducción informal de WOLA.
240 Marcela Sánchez, “Guatemala Falling Out of Favor,” The Washington
Post, 3 de enero de 2003, p. 1, traducción informal de WOLA.
241 Casa Blanca, “Statement by the Press Secretary: Annual Presidential
Determination of Major Illicit Drug-Producing and Drug-Transit
Countries,” comunicado de prensa, 31 de enero de 2003, p. 1,
traducción informal de WOLA.
242 “Narcotráfico está ‘intacto’,” Prensa Libre, 17 de septiembre de 2003,
p. 1, .
243 Carta de miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de
los Estados Unidos al Secretario de Estado Colin Powell, 28 de abril
de 2004, p. 2, traducción informal de WOLA.
244 Carta del Departamento de Estado a miembros de la Cámara de
Representantes del Congreso de los Estados Unidos, 19 de mayo de
2004, p. 1, traducción informal de WOLA.
245 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
(MINUGUA), “Informe ante la reunión del Grupo Consultivo para Guatemala,”
7 de mayo de 2003, p. 1, .
246 Ibídem, pp. 4-6.
247 El propósito del Grupo de Diálogo es proporcionar un foro para el
seguimiento y la discusión en curso entre los Grupos Consultivos.
Está compuesto por Noruega, Canadá, Estados Unidos, Suecia,
España, Alemania, Holanda y Japón. Embajador Rolf O. Berg,
“Declaración del Embajador Rolf O. Berg Presidente del Grupo de
Diálogo Reunión del Grupo Consultivo para Guatemala,” 13 de mayo de
2003, p. 5.
248 Los progresos hechos en el establecimiento de la comisión no les
han pasado desapercibidos a los grupos clandestinos y a los poderes
ocultos detrás de ellos, que han dirigido su ira contra el procurador de
derechos humanos y su equipo. En abril de 2003 se produjo un robo
en la procuraduría de derechos humanos en el departamento de Izabal.
El 11 de junio de 2003, fue asesinado José Israel López, el
representante regional de la procuraduría de derechos humanos en el
departamento de Chimaltenango.
249 Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Resolución
Ref.Exp.EIO.GUA.05-2002 (Ciudad de Guatemala: Procuraduría de los
Derechos Humanos, 16 de enero de 2003), p. 3.
250 Congreso de la República de Guatemala, Punto Resolutivo sobre la
Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos
de Seguridad (Ciudad de Guatemala: Congreso de la República, 21 de
enero de 2003), p. 1.
251 “Acuerdo para la Creación de la Comisión para la Investigación de
Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS),” 13
de marzo de 2003, p. 2.
252 Naciones Unidas, “Marco para el establecimiento de la Comisión
para la Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos
de Seguridad en Guatemala (CICIACS),” 17 de octubre, 2003, p. 1.
253 Ibídem, pp. 3-4.
254 Octavo Informe sobre los Acuerdos de Paz de la Misión de Verificación de
las Naciones Unidas en Guatemala, op.cit, párrafo 26, p. 7.
255 Carta al Presidente Alfonso Portillo de organizaciones no
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
124
gubernamentales con sede en EEUU, 6 de febrero, 2003.
256 “Organizaciones del exterior demandan investigar y desmantelar
cuerpos clandestinos,” Prensa Libre, 17 de febrero de 2003, p. 47.
257 Naciones Unidas y Gobierno de la República de Guatemala, Acuerdo
entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al
establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y
Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (“CICIACS”) (Nueva
York: 7 de enero de 2004), p.1.
258 Ibídem, pp. 2-3.
259 Richard Boucher, “Guatemala and the United Nations Agree to Establish
a Commission on the Investigation of Illegal Bodies and Clandestine
Security,” comunicado de prensa, 7 de enero de 2004, p. 1,
traducción informal de WOLA.
260 Embajador James M. Lambert, “Why the investigation of clandestine
groups is important,” comunicado de prensa, 10 febrero de 2004, p. 2,
, traducción informal de WOLA.
261 Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos, Dictamen
conjunto, iniciativa de ley CICIACS (Ciudad de Guatemala: Congreso de
Guatemala, 4 de mayo de 2004), pp. 4-7.
262 Editorial, “Rule of Law in Guatemala,” The New York Times, 3 de
mayo de 2004, p. A22, traducción informal de WOLA.
263 Coalición para la CICIACS, “La impunidad deberá romperse,”
comunicado de prensa, 4 de mayo de 2004, p. 1.
264 Carta al Presidente Óscar Berger de organizaciones no gubernamentales
con sede en los EEUU, Canadá y Europa, 5 de junio de 2004, pp.
1-2.
265 Corte de Constitucionalidad, Opinión consultiva sobre el texto del
acuerdo celebrado entre la Organización de las Naciones (ONU) y el Gobierno
de Guatemala relativo al establecimiento de una comisión de investigación
de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala
(“CICIACS”) Expediente No. 1250-2004 (Ciudad de Guatemala: Corte de
Constitucionalidad, 5 de agosto de 2004), pp. 4, 6 y 9.
266 Abner Guoz, “CC fallo hoy en caso de CICIACS,” El Periódico, 5 de
agosto de 2004, p. 1.
267 Presidente Óscar Berger Perdomo, “Discurso por la conmemoración
del día de dignificación de las víctimas de la violencia y del compromiso
renovado con la agenda de la paz,” 25 de febrero de 2004, p. 4.
268 Luisa Rodríguez, “Mario Fuentes Destarac: “Las mafias amenazan,”
Prensa Libre, 8 de agosto de 2004, p. 1, .
269 Para más información sobre el Grupo Conjunto, véase, Geoff Thale,
“El Salvador experience with national /international joint commission
on political violence,” Memorándum de WOLA, Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos, 18 de julio de 2002, pp. 3-4.
270 El 1 de diciembre de 2003, el gobierno de Guatemala y las Naciones
Unidas firmaron el convenio para el establecimiento de la Oficina del
Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACDH). Con un mandato
inicial de tres años, la OACDH estaría facultada para observar la
situación de derechos humanos en el país, aconsejando al gobierno
para la formulación e implementación de normas y medidas que
garanticen el pleno respeto de los derechos de la población. Con la
salida de MINUGUA a finales de 2004, la OACDH brinda una
oportunidad clave para darle seguimiento al trabajo de la Misión en
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
125
materia de derechos humanos.
271 Cámara de Representantes de EEUU, Foreign Operations, Export Financing
and Related Programs Appropriations Bill - 2005 (Washington,
D.C.: Congreso de los Estados Unidos, 108 Informe del Congreso, 15
de julio de 2004), <>.
272 Cámara de Representantes de EEUU, Foreign Operations, Export Financing,
and Related Programs Appropriations Bill -2002 (Washington,
D.C.: Congreso de Estados Unidos, 107 Informe del Congreso, 17 de
Julio, 2001), .
273 En 2001, 95 guatemaltecos tomaron cursos de “infantería ligera”
subvencionados a través de la sección 1004 para entrenamiento
antinarcótico del Departamento de Defensa de EEUU. Mientras que el
propósito de la sección 1004 es claramente antinarcótico, los cursos
de “infantería ligera” son entrenamientos militares regulares. Puesto
que la sección 1004 se financia por fuera del proyecto de ley de
asignaciones para operaciones extranjeras en el que se prohíbe la
ayuda a Guatemala, este entrenamiento no viola técnicamente la actual
proscripción del Congreso. Pero no es consistente con la oposición
del Congreso a los IMET y a los E-IMET.
274 El Presidente Portillo prometió desmantelar el EMP en su plataforma
de campaña y en su discurso de posesión. En diciembre de
2002, presentó una propuesta al Congreso guatemalteco de desmantelar
el EMP para noviembre de 2003, poco antes de finalizar su
período. El 30 de octubre de 2003, el gobierno guatemalteco anunció
que el EMP había quedado oficialmente desmantelado, y que algunas
de sus funciones legítimas habían sido transferidas a la SAAS y la
SAE.
126
Poderes Ocultos en Guatemala post conflicto
127
Abreviaturas
AMCI Asociación de Militares Contra la
Impunidad
ANN Alianza Nueva Nación
AVEMILGUA Asociación de Veteranos Militares de
Guatemala
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CALDH Centro de Acción Legal en Derechos
Humanos
CC Corte de Constitucionalidad
CEG Conferencia Episcopal de Guatemala
CEH Comisión para el Esclarecimiento
Histórico
CICIACS Comisión para la Investigación de
Cuerpos Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad
COLAT Consejo para América Latina
DAE Departamento de Análisis Estratétigo
del Ministerio de la Defensa
DSP Departamento de Seguridad
Presidencial
D-2 Dirección de Inteligencia Militar
EMP Estado Mayor Presidencial
UE Unión Europea
FMI Fondo Monetario Internacional
FMM Fundación Myrna Mack
FRG Frente Republicano Guatemalteco
GAM Grupo de Apoyo Mutuo
GANA Gran Alianza Nacional
IACHR Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
IPES Instituto de Estudios Políticos,
Económicos y Sociales
MINUGUA Misión de Verificación de las
Naciones Unidas en Guatemala
MR Movimiento Reformador
OEA Organización de Estados Americanos
PAC Patrullas de Autodefensa Civil
PAN Partido de Avanzada Nacional
PMA Policía Militar Ambulante
PNC Policía Nacional Civil
PP Partido Patriota
PSN Partido de Solidaridad Nacional
REHMI Recuperación de la Memoria Histórica
SAAS Secretaría de Asuntos
Administrativos de Seguridad
SAE Secretaría de Análisis Estratégico
TSE Tribunal Supremo Electoral
Poderes ocultos en Guatemala post conflicto
128
ONU Naciones Unidas
UNE Unidad Nueva Esperanza
URNG Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca